Durante el primer mes de mandato de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, las muertes por el gatillo fácil se multiplican

(CORREPI) Argentina – El pasado 14 de diciembre la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) presentó el archivo actualizado con los asesinatos de personas por parte de las fuerzas de seguridad que, desde 1983, llega a casi 2400.
Más casos se han sumado a estas lamentables estadísticas. A principios de diciembre el subteniente de la bonaerense Miguel Gutiérrez fusiló desde su Falcon a Marcos Antonio Abel Pérez en la localidad bonaerense de San Francisco Solano. Producto de esa balacera provocada por el policía federal, quedó al borde de la muerte Leticia Zalazar (18) en Bernal Oeste.
A éstos casos se suman los asesinatos en la mañana de Navidad de dos jóvenes identificados como Jorge Ponce y Cristian Sánchez. Los vecinos de Villa Azul denunciaron que los dos chicos estaban indefensos cuando fueron atacados por el agente de la policía federal Damián Castro, que presta servicios en la Dirección de Operaciones Urbanas de Contención y Actividades Deportivas, e hirió en el cráneo a Ponce y en el hombro a Sánchez provocándole la muerte horas más tarde.
También en la zona sur, en el centro de Lomas de Zamora, durante la mañana del viernes, el suboficial escribiente de la policía Federal Argentina, Felipe Cavalle, asesinó de dos tiros a un hombre de 30 años dentro de una joyería. El hombre, tal como sostuvieron los testigos, llevaba un arma de juguete. Inmediatamente se presentaron a tomar testimonios efectivos de la federal, la misma fuerza a la que pertenece el homicida.
En tanto, en La Reja, Partido de Moreno, en la noche del martes, un suboficial auxiliar de la policía federal que se desempeña en la Unidad de Investigación de Conductas Discriminatorias, mató de tres disparos con su arma reglamentaria a Hugo Pérez (26), el que, sostuvo el policía, intentaba ingresar a su casa quinta por la ventana del baño.
Esa misma semana en Córdoba, durante la Nochebuena, en la calle Gacitúa 2900 del barrio Las Lilas, Jonathan Páez (20) o Jonathan López según otros medios, fue herido de un balazo, muriendo a las pocas horas en el Hospital Municipal a raíz de los disparos de un policía provincial residente en el lugar que sostuvo intentaba frustrar un asalto a su vecino de enfrente.
Los siete casos fueron producidos por efectivos fuera de servicio con sus armas reglamentarias, las que el estado le proporciona, pero no sólo ese el denominador común. En todos los casos se mezclan el entramado de impunidad, donde abundan desde la excusa de ebriedad del homicida hasta las versiones de enfrentamientos o de intentos de asaltos sin que ellos resulten ni con un rasguño, ni se encuentren armas en manos de las víctimas; armas que se disparan solas o presuntos cómplices que huyen con las armas, y que nunca existen, ya que los jóvenes asesinados se encontraban solos y en estado de indefensión.
Esa trama está garantizada por el espíritu de cuerpo de los policías encargados de la investigación en el lugar del hecho, y la obediencia debida del poder judicial que no pone en disputa la versión policial, igual que los medios, que recaban solamente la fuente policial y desoyen o minimizan las denuncias de gatillo fácil como la de los vecinos de Villa Azul de Quilmes.
Esa garantía de impunidad la seguirán teniendo los agentes de las fuerzas represivas aún en franco de servicio, porque es el estado quien se lleva la vida de un joven cada 40 horas a través de su brazo armado en los barrios pobres de nuestro país.