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- Categoría: DDHH
- Publicado: Jueves 15 de Septiembre de 2016

Más de 200 personas participaron del Encuentro del CeProDH en San Salvador de Jujuy, el sábado 10 de setiembre, bajo el lema "Capital nacional de la impunidad y la represión".
Participaron del encuentro, convocado por el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, trabajadores de Aceros Zapla, los ingenios Ledesma y La Esperanza, docentes, trabajadores estatales, estudiantes de la Universidad de Jujuy y terciarios, agricultores familiares, artistas, entre otros.
Algunas de las resoluciones que se votaron tras el debate fueron continuar la campaña contra lo que denominaron “el régimen policíaco” de Gerardo Morales y Carlos Haquím, gobernador y vice de Jujuy, tomando como eje en las denuncias recibidas por la Comisión de Derechos Humanos que funcionó el viernes 11 de setiembre; exigir la libertad inmediata de Milagro Sala y de todos los presos políticos; manifestarse en contra la impunidad del empresario genocida Carlos Pedro Blaquier, dueño de Ledesma, y todos los responsables civiles y militares de la Noche del Apagón; proponer a los concejos directivos de las facultades y universidades, como también a las legislaturas provinciales, el repudio al avance represivo y de criminalización de la protesta y de sectores populares en Jujuy. Se reclamó además la anulación del Código Contravencional y de todas las leyes represivas, se repudió la represión policial y el gatillo fácil hacia la juventud y sectores populares y se pidió por los derechos de los pueblos originarios, sectores campesinos y de la Agricultura Familiar y la anulación de la ley de servidumbre.
También tuvo un lugar importante el repudio a la exoneración de los docentes fueguinos, la persecución y desafueros de trabajadores combativos en distintos puntos del país, como el caso de Víctor Ottoboni (miembro de la comisión directiva del SUTNA en la fábrica de neumáticos FATE) y Darío Ocampo (trabajador de la multinacional Procter & Gamble).
Nota relacionada: “Capital del ajuste, la represión y la criminalización de la protesta”