Con el despido de 900 trabajadores —muchos con más de veinte años de trabajo—, el Gobierno vació los territorios del apoyo técnico que recibían familias campesinas, pueblos indígenas y cooperativas. Se movilizaron hasta la Secretaría de Agricultura, exigieron las reincorporaciones y denunciaron la política oficial de destrucción de economías regionales. 

El decreto 462/2025 anunciado el último día de las facultades delegadas puso en letra una realidad que los campesinos y pueblos indígenas de todo el país sufren desde marzo de 2024: la disolución del Instituto de Agricultura Familiar Campesinas e Indígena (Inafci). Para justificar la disolución, el decreto habla de personal en todo el territorio “sin una distribución que responda a criterios basados en necesidades”, de “una fuerte carga burocrática y estructural que no demostró ser eficaz” o falta de “procedimientos de seguimiento” sobre los proyectos. Sin embargo, escuchar las voces de los técnicos y técnicas de todo el país, precarizados durante todos los gobiernos, permite desarmar los argumentos oficiales. Y queda en evidencia la decisión presidencial para quitar del territorio a quienes asistían a 250 mil pequeños productores en todo el país: dejar el territorio sin Estado que asista a los pequeños productores y dar vía libre a los negocios del extractivismo.

Delegados, técnicos y técnicas despedidos (y otras reincorporados mediante medidas cautelares), nucleados en ATE-Agricultura Familiar realizaron una acción en la puerta del histórico edificio de la Secretaría de Agricultura en la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo es sostener el reclamo por la reincorporación de todos los trabajadores y evitar “el desmantelamiento definitivo, extremando la vulnerabilidad de los pueblos, la soberanía alimentaria y la defensa de los territorios y el agua para la vida”.

Hace más de un año, el vocero Manuel Adorni anuncio la intervención y cese de contratos de los 900 técnicos y técnicas —ingenieros agrónomos, trabajadores sociales y profesionales de carrera— y prometió reducirlo a un planta de 60 personas en la sede de la Ciudad de Buenos Aires. Desde entonces, un grupo de alrededor de 50 trabajadores del organismo disuelto permanece en el edificio central de la Secretaría de Agricultura en Paseo Colón y menos de 20 fueron reinstalados en sus puestos en el resto del país.

“La decisión del gobierno fue desterritorializar la política pública de la agricultura familiar, retirarse de las provincias, la política pública para este sector ya no existe”, denuncia Eliana Negrete, técnica del organismo con 16 años de trabajo con productores desde la Puna hasta los cordones hortícolas bonaerenses.  “En la Ciudad de Buenos Aires no están los productores ni las productoras, no está el campo, lo que hicieron fue retirarse de las provincias”, agrega. 

Los argumentos oficiales del decreto de disolución —las negociaciones en el Congreso no pusieron al Inafci en la lista de los que no podían ser disueltos como pasó con el INTA o el INTI— surgen de la intervención que estuvo al mando de Inés Liendo —abogada y militante macrista ajena al sector— que se limitó a cerrar las oficinas de las provincias y dejar sin infraestructura (autos, computadoras) el organismo. 

“La interventora jamás pidió un informe provincial. La oficina se cerró y todo lo que estábamos trabajando quedó archivado. Nadie fue a preguntar nada. Lo que dicen es para justificar el cierre, con nosotros instalaron la idea de los ñoquis”, denuncia Néstor “Bily” Wilvers, trabajador despedido de Chubut, donde acompañaba proyectos productivos de organizaciones campesinas e indígenas del valle hasta la cordillera.  

El decreto 462 confirmó que lo único que quedará en pie de la Ley 27.118 de “Reparación Histórica de Agricultura Familiar” será el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (Renaf), bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura por “cumplimiento de la normativa Mercosur N° 25/07”. 

Pero quienes aún permanecen contratados por el Estado no tienen diálogo ni con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta —hombre del ministro Luis Caputo—, ni con el subsecretario de Economías Regionales y de Pequeños y Medianos, que debería estar a cargo del área. “Estamos moviéndonos para buscar información. Es tanta la desidia que nadie nos dice nada, mientras que los productores nos siguen consultando a nosotros”, explica Negrete.  

Tres décadas con trabajadores precarizados 

El Gobierno, al disolver el Inafci (creado por decreto en 2022), eliminó el organismo de aplicación de la Ley 27.118, sancionada en 2014 y reglamentada recién en 2023. Es un punto de quiebre de una política estatal que se construyó por goteo desde la creación del Programa Social Agropecuario (PSA) en la década del 90, materializada en el organigrama del Estado con la Secretaría de Agricultura Familiar tras la pelea con “el campo” por la Resolución 125 (en 2008) y desfinanciada durante el macrismo con la Sociedad Rural al frente del Ministerio de Agroindustria. 

“Tras décadas de precarización y lucha por nuestro derecho a la estabilidad laboral ante cada gobierno de turno, hoy continuamos repudiando un nuevo intento del gobierno nacional por concretar el desmantelamiento definitivo”, denunciaba ATE-Agricultura Familiar en la previa de la acción realizada esta semana. El punto débil de la política para el sector fue, en gran parte, la precarización de los trabajadores que lo llevaban adelante. 

“Este Gobierno no negocia con nosotros y no negocia con nadie. Lo que estamos haciendo es mantener un fueguito encendido para cuando esto cambie”, se da fuerzas Anastasia García, trabajadora social y técnica del Inafci despedida después de 15 años de trabajar con campesinas y comunidades indígenas en Jujuy. “La primera autocrítica, desde lo gremial, es haber pasado tantos años sin estar en planta permanente, a pesar de que con este Gobierno todos los empleados estatales están en peligro”.

Belén Agnelli es ingeniera agrónoma de agricultura familiar desde la época del PSA y en los últimos ocho años trabajó junto a grupos de mujeres campesinas dedicadas a la cría cabras y elaboración de derivados, como dulce de leche y quesos, en el nordeste de Córdoba. “Al Inafci le faltó fortalecer el proceso de las políticas para la agricultura familiar con la incorporación de todos los trabajadores que tenemos más de 20 años en territorio”, reconoce y advierte que las políticas para el sector quedaron amenazadas ante la imposibilidad de “pensar que el trabajo que realizás durante años tenga continuidad”.

“No hay muchos técnicos que quieran ir a territorio y si encima es tan precario… ¿qué profesionales quieren ir monte adentro? El Estado no generó ninguna de esas condiciones”, afirma. 

“Bily” Wilvers también mirá en retrospectiva y marca que faltaron más técnicos en territorio, más herramientas para profundizar las políticas, pero sincera como sus compañeras que el problema actual es “borraron la institución no solo a los despedidos”. Y alerta sobre el peligro que enfrentan campesinos y pueblos indígenas con poblaciones envejecidas y jóvenes emigrando a la ciudad por la falta de oportunidades, sin una política integral que dé infraestructura y valorice la producción de las economías regionales. 

Nota completa: https://agenciatierraviva.com.ar/la-eliminacion-del-instituto-de-agricultura-familiar-y-el-ataque-de-milei-al-campesinado/

Fuente: Nahuel Lag – Agencia Tierra Viva