Organizaciones campesinas y de derechos humanos presentaron ayer en el Senado un pedido de impugnación para este abogado y ex diputado de Santiago del Estero que pretende ser fiscal
(Cecilia Litvin – Red Eco) Ciudad de Buenos Aires – Santiago del Estero – Ayer la Comisión de Acuerdo de la Cámara de Senadores de la Nación realizó una audiencia pública en la que se analizó a los distintos aspirantes a ser fiscales federales.
Entre los pliegos, enviados por los distintos gobiernos provinciales y avalados por la presidenta Cristina Fernández, se encuentra el de Pedro Eugenio Simón. Su designación fue impugnada por organizaciones provinciales y nacionales como la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Colectivo para la Diversidad, además del Mocase, Sepyd (Servicio de Educación Popular y Desarrollo), El Ceibal Asociación Civil, y el Foro de Agricultura Familiar, que reúne a 85 agrupaciones campesinas.
El Foro ya lo había impugnado a nivel local, lo que generó que Simón quedara último en el concurso de la Procuración General de la Nación. Sin embargo, el Poder Ejecutivo terminó avalando su designación, que ahora recayó en el Senado.
Durante la audiencia de ayer, los senadores pudieron preguntarle a Simón acerca de los motivos de las impugnaciones presentadas. Según relató a Red Eco Florencia Gómez, abogada de la Asociación Civil Ceibal, los interrogantes efectuados fueron pocos, y las respuestas escasas. Ahora, la Comisión de Acuerdos deberá resolver si acepta o no a Simón como fiscal, aunque aún no se precisó una fecha para que se expida ya que hasta la última semana de julio, las distintas comisiones no se reunirán.
Vale la pena recordar los antecedentes de Pedro Simón. Este abogado proviene del estudio Sechi-Retondo de Spaini, que se ha especializado en desalojos. Luego fue elegido como diputado del Bloque Lealtad Popular. Desde el parlamento provincial impulsó la llamada “ley de desalojo” (Artículo 182 bis del Código Procesal en lo Criminal y Correccional de Santiago del Estero). A través de esta norma se facultó a los jueces a autorizar el desalojo como medida cautelar ante una mera denuncia de usurpación. Esto es, sin audiencia de la contraparte, ni necesidad de procesamiento previo.
Desde un comunicado, las organizaciones campesinas denunciaron: “Son de público conocimiento los conflictos de tierra en Santiago del Estero y la criminalización de estos casos, que se originan en la justicia Civil pero siempre interviene la justicia Penal haciendo uso de dicha Ley, vulnerando los derechos humanos de las familias campesinas”. Además, remarcaron que Simón “continuó con el ejercicio liberal de la profesión, llevando adelante desalojos en calidad de abogado y vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Provincia”. Acusación que Simón reconoció a medias durante la audiencia de ayer, ya que declaró que en realidad él llevaba adelante el patrocinio de empresarios pero en causas civiles y que nada tienen que ver con cuestiones penales como la Ley de Desalojos.
Las organizaciones estimaron que de esta manera, Simón “desconoció la masiva utilización de dicha Ley en la Provincia de Santiago del Estero para criminalizar los conflictos de tierras, y lograr el desalojo de familias campesinas. Negó lo públicamente conocido, acerca de la posibilidad de desalojo inmediato ante la sola denuncia de usurpación. También mencionó que nada tiene que ver ese artículo con el derecho posesión de campesinos e indígenas, lo cual es totalmente falso”.
Además, en la audiencia el Senador Adolfo Rodriguez Saá le preguntó qué opinión le merecía el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios en la Constitución Nacional; Simón respondió que era un justo reconocimiento pero siempre teniendo en cuenta la cantidad de transmisiones de dominio que hubo sobre las tierras.
Como el tema será retomado en el Senado recién en unas semanas, Florencia Gómez explicó a Red Eco que el trabajo ahora será lograr que los legisladores que responden al oficialismo voten a favor de la impugnación de Simón, tarea que no será tan sencilla ya que, recordemos, su designación cuenta con el aval del Ejecutivo. Dicha comisión está presidida justamente por alguien del Frente para la Victoria, Marcelo Guinle, y cuenta con varios integrantes del mismo partido, entre ellos César Gioja, hermano del gobernador de San Juan, ambos públicamente relacionados con empresas de minería. Simón, de hecho, defendió como abogado en más de una oportunidad a Minera Alumbrera en varias causas por daños ambientales.
Así que habrá que insistir mucho con el tema para que Pedro Simón no sólo no llegue a ser fiscal, sino para que deje de estar en puestos de poder, que le permiten atentar contra los campesinos de Santiago del Estero.
Contacto con representantes del Foro de Agricultura Familiar: Ofelina Santucho: 03844-15-435-204 / María Farias 0385-15-485-6258
