El Superior Tribunal de Justicia de la provincia rechazó el Recurso Extraordinario Federal para ir a la Corte Suprema de la Nación a reclamar la protección de las escuelas rurales de las fumigaciones con agrotóxicos.

En otro fallo escandaloso, la Justicia volvió a asumir una clara posición contra la protección de la salud de niños y niñas entrerrianas que asisten a las escuelas rurales dentro de todo el territorio provincial.
Además, esta decisión contradice la ley de amparos que garantiza la gratuidad, ya que se pretende cobrar honorarios de 14 mil pesos en concepto de costas para el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes. Situación de una absoluta ilegalidad y enorme vergüenza por los derechos afectados.
Cabe aclarar que mediante el Decreto 2239/19 se redujo la protección lograda por el amparo presentado por la Coordinadora Basta es Basta. Según el fiscal, este decreto que entró en vigencia el 1ero de enero, es “ejemplar en el país, no hay reglamento en Argentina que establezca tanto reaseguro en el ejercicio de aplicación de plaguicidas”. Pero al día de la fecha, ningún hecho de la realidad apoya esta afirmación.
“Ni el gobernador ni el fiscal de Estado saben si se fumiga o no al lado de las escuelas. Y si lo saben, no lo controlan ni lo verifican por escrito. Mal pueden evaluar el impacto en el ambiente y menos determinar el impacto en la salud”, plantea la Coordinadora Basta es Basta.
Con esta decisión se volvió a favorecer a los fumigadores en vez de a los pibes fumigados. Desde la Coordinadora se afirma: “Iremos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque el derecho nos respalda”.

Fuente: Coordinadora Basta es Basta