En plena feria judicial de invierno, la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II fue desalojada pese a que la orden se encontraba apelada y suspendida. El operativo se produjo mientras el Senado se prepara para debatir, el próximo jueves 6 de agosto, el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, en un contexto de creciente preocupación por el avance de iniciativas que podrían profundizar los desalojos y consolidar un modelo que prioriza la propiedad privada por encima de los derechos colectivos reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Por teleSISA.
La comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II fue desalojada durante la mañana del martes 28 de julio en Garuhapé, Misiones, pese a que la orden judicial se encontraba apelada y suspendida. Según denunciaron la defensa de la comunidad y el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa), efectivos policiales ejecutaron el operativo ignorando la suspensión de la medida.
De acuerdo con la abogada Roxana Rivas, el desalojo no podía ejecutarse porque la apelación presentada el 17 de julio suspendía automáticamente sus efectos hasta que el expediente fuera elevado a la Cámara de Casación. “Quieren ejecutar la orden de desalojo que habían dictado la otra vez y fue apelada por nuestra parte el 17 de julio. Con la interposición de la apelación se suspende el acto apelado, es decir el desalojo. El juez tiene que desprenderse de la competencia y elevarlo a la Cámara de Casación”, explicó Rivas.
El conflicto se inscribe en el proceso de recuperación territorial impulsado por la comunidad Mbya Puente Quemado II, mientras el empresario forestal Alfredo Ruff reclama judicialmente la restitución de los lotes 71 y 78 mediante una medida cautelar por presunta usurpación.
La defensa sostiene que la resolución judicial presenta graves irregularidades procesales y constitucionales, ya que omite aplicar el bloque constitucional y convencional de protección de los derechos de los Pueblos Indígenas y desestima pruebas incorporadas al expediente.
En ese sentido, la apelación recuerda que el territorio se encuentra relevado en el marco de la Ley 26.160, que reconoce la ocupación tradicional de las comunidades indígenas. Además, cuestiona que el juez afirmara que Puente Quemado II no acreditó su personería jurídica, pese a que esa documentación ya había sido presentada en la causa. “No estamos frente a un error interpretativo ni ante una mera discrepancia valorativa respecto de la prueba producida. Estamos frente a la omisión total del bloque constitucional y convencional de protección de los Pueblos Indígenas”, sostiene el recurso presentado por la defensa.
La comunidad continúa impedida de ingresar al territorio donde desarrollaba su vida cotidiana, cultural y espiritual, pese a que todavía no existe una sentencia definitiva sobre el conflicto territorial. Esta situación se arrastra desde mayo, cuando un operativo policial ingresó al lugar bajo el argumento de realizar notificaciones en una causa por presunta usurpación.
Se trata del segundo desalojo sufrido por la comunidad mbya Puente Quemado II, que desde hace tiempo enfrenta un permanente asedio en un contexto de avance de intereses empresariales sobre sus territorios tradicionales. Organizaciones y referentes que acompañan el conflicto expresaron su solidaridad con la comunidad y exigieron la suspensión inmediata del operativo. Asimismo, denunciaron la presión ejercida por la multinacional Arauco y empresarios forestales sobre el territorio que la comunidad reclama como ancestral.
