Red Eco Alternativo ***

El otro ecologismo y los derechos humanos

Promover la justicia ambiental en México es una actividad arriesgada. Aldo Zamora, balaceado por cuatro talabosques, Verónica Hernández, acosada judicialmente por Granjas Carroll; Santiago Pérez, preso por defender el agua de las comunidades mazahuas, Agustín Ríos, salvajemente golpeado por la policía oaxaqueña por luchar contra la operación de una mina.

(Luis Hernández Navarro – La Jornada) México - Aldo Zamora, comunero tlahuica del estado de México y defensor de los bosques, fue asesinado el 15 de mayo de 2007. Su hermano Misael quedó gravemente herido. Ambos fueron emboscados por talamontes cuando se dirigían a Santa Lucía, Ocuilán, estado de México.
Desde 1998, Ildefonso Zamora, padre de Aldo Zamora y presidente de bienes comunales de San Juan Atzingo, denunció la explotación ilegal de los bosques de su pueblo, ubicado en el Parque Nacional Lagunas de Zempoala. Casi dos meses después del crimen, el 12 de julio de 2007, el presidente Felipe Calderón le prometió que habría justicia. Meses después, el 7 de enero, la Presidencia de la República envió una carta a Ildefonso en la que le señala que el caso es competencia del gobierno estatal y “el Presidente de la República no está facultado para intervenir de manera alguna en la resolución del mismo”.
Los bosques de San Juan Atzingo se encuentran dentro del corredor biológico Ajusco-Chichinautzin, que alberga 2 por ciento de la biodiversidad mundial, abastece tres cuartas partes del agua que se consume en la ciudad de México y dota del líquido a los ríos Lerma y Balsas. Sin embargo, la zona de las Lagunas de Zempoala-Huitzilac está severamente amenazada por la tala ilegal.
Aldo Zamora es uno más de los activistas ambientales víctimas de la represión. En un recuento provisional a propósito de la criminalización de la protesta en México, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos documentó en los últimos dos años, al menos 41 casos de agresiones policíacas, detenciones arbitrarias, amenazas, hostigamiento y asesinato contra defensores del ambiente.
Apenas el pasado 6 de mayo fueron brutalmente desalojados por la policía oaxaqueña integrantes del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo y de la Coordinadora en Defensa de los Recursos Naturales y Nuestra Madre Tierra del valle de Ocotlán, que protestaban contra una explotación minera. Cinco de sus miembros están acusados de los delitos de lesiones, despojo y ataque a las vías generales de comunicación.
Quienes son agredidos defienden su agua, sus bosques, sus recursos naturales, sus comunidades, su biodiversidad, su salud, su tierra y territorio frente a la voracidad depredadora de empresas inmobiliarias, plantas procesadores de basura, desarrollos turísticos, mineras trasnacionales, complejos agroindustriales, talabosques, compañías farmacéuticas y proyectos hidroeléctricos.
Con regulaciones ambientales débiles y autoridades gubernamentales corruptas, con tratados comerciales  los grandes consorcios multinacionales tienen licencia para devastar. Con frecuencia, disponen del uso de la fuerza pública para acallar la resistencia de las comunidades afectadas.
La inmensa mayoría de estas luchas se libran en el agro. Sus protagonistas principales son campesinos, indígenas y asentados en poblaciones rurales o semirrurales, asociados en ligas de resistencia de reciente creación.
Esta resistencia forma parte de lo que Joan Martínez Alier ha llamado el ecologismo de los pobres. Como señala el economista catalán, las movilizaciones rompen con el falso mito de que la defensa y conservación del ambiente son una especie de lujo para las sociedades “ricas”.
Según Martínez Alier, “muchos de los conflictos sociales de hoy, y en la historia, tienen un contenido ecológico, al intentar los pobres mantener bajo su control los servicios y recursos ambientales que necesitan para su vida, frente a la amenaza de que pasen a ser propiedad del Estado o propiedad privada capitalista”. Los pobres “luchan contra los impactos ambientales que los amenazan”, convirtiéndose en defensores de los ecosistemas al luchar por sus tierras, su patrimonio, su cultura, su paisaje y su lugar de habitación.
La defensa del ambiente por los pobres es, en México, una actividad peligrosa. Se trata de un riesgo que los partidos políticos de todo signo prefieren ignorar.

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