El Departamento de Policía de Albuquerque (APD) y otras agencias de seguridad expusieron una fuerza de tipo militar cuando reprimieron a manifestantes el 30 de marzo 2014. Al grito de “Sin justicia no hay paz”, los manifestantes protestaron por el asesinato a tiros -el 16 de marzo- de James Boyd, un hombre sin hogar con problemas de salud mental, y de más de una docena de otros hombres desde 2010, muchos de los cuales también sufrieron de enfermedades mentales.
(Kent Paterson – Desinformémonos) EEUU – El 30 de marzo no fue la primera vez que los policías locales rompieron por la fuerza una manifestación en gran medida pacífica. En octubre de 2011, la policía desmanteló la manifestación local de Occupy Wall Street, mientras que en marzo de 2003, policías de APD a caballo atacaron a los manifestantes contrarios a la guerra de Irak y dispararon gases lacrimógenos que llegaron desde un barrio de la UNM hasta los hogares.
Si bien este tipo de acciones policiacas en Nuevo México y los EEUU no son nada nuevo, el aparato represivo del país afila su ventaja tecnológica y afina las capacidades de despliegue de fuerza.
Guerra en casa
En el panorama general, la policía nacional evolucionó de la mano de las intervenciones militares en el extranjero durante décadas, por las políticas de élite de control social y racial, la expansión empresarial y la supresión a los contrarios a la estructura de poder.
Joaquín Luján, organizador de Southwest Organizing Project, quien creció en Albuquerque en los años sesenta, recuerda policías rudos, algunos reclutados en el estado de Oklahoma y asignados a vigilar una cultura de habla española a la que son ajenos.
“Las personas golpeadas eran de mi cultura, los pueblos indígenas, los chicanos”, denuncia Luján. “Nos enfrentamos a una gran brutalidad policial en toda Albuquerque”.
Luján señala que las denuncias de brutalidad policiaca y de uso de fuerza letal crecieron fuera del barrio y llegaron a toda la ciudad, tocando diferentes estratos sociales y grupos marginados, como personas sin hogar y enfermos mentales.
Paul Eichorn, que dirige un programa de asistencia alimentaria para personas con necesidades, que incluyen a veteranos de las guerras del Golfo y Vietnam, fue golpeado por grabar un video de la policía que asesinó a James Boyd, con oficiales “ladrando órdenes” al hombre con problemas, como en un escenario de guerra.
Si bien las historias completas de los oficiales involucrados en el tiroteo de Boyd aún no se conocen, en otros casos recientes de Albuquerque, los tiradores de la policía o las víctimas sufrieron trastorno de estrés postraumático adquirido por el servicio militar. La mezcla del abuso de sustancias y violencia doméstica produce un cóctel social volátil que se gesta en las calles.
Un problema de nivel nacional
En buena medida, la violencia en Albuquerque se puede considerar consecuencia nacional de las guerras imperiales. La ciudad más grande de Nuevo México no es única en este aspecto.
En Memphis, Tennessee, 23 personas fueron asesinadas por la policía local entre 2012 y 2014, según la Federación Negra Autónoma de Memphis (MBAF). Para cualquier ciudad estadunidense, el número de muertos representa “el mayor número de personas asesinadas por la policía en este período de tiempo”, afirma el grupo en un informe reciente.
Las denuncias o casos probados de violencia sexual cometidos por oficiales son otros elementos comunes en Nuevo México y Tennessee. En abril de 2014 en Las Cruces, Nuevo México, el detective de policía Michael García, que investigó crímenes sexuales, llegó a un acuerdo con la fiscalía en un juicio federal derivado de la violación de un interno de 17 años de edad.
La violencia policial de EEUU acaparó la atención de las Naciones Unidas. En una reunión en marzo de 2014 en Ginebra, Suiza, el Comité de Derechos Humanos de la ONU (CDH) determinó que EEUU incurrió en 25 violaciones de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incluidas la discriminación racial, la violencia policial y la criminalización de los sin techo.
El periodista de Bay Area Adam Hudson, escribió que la revisión del CDH elevó la atención sobre el “sufrimiento infligido por la política interior y exterior de EEUU en el ámbito de los derechos humanos internacionales”. Washington, continuó Hudson, castiga regularmente a las naciones extranjeras por abusos de derechos humanos, pero aún “tiene que limpiar su propia casa”.
El informe del CDH examinó la militarización y el estado de vigilancia, y consideró el espionaje de la NSA sobre las comunicaciones de los ciudadanos, así como el uso de la fuerza letal por parte de la patrulla fronteriza.
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