La pena capital es una forma de control social en la cual factores de clase, nacionalidad, geografía, etnicidad, pero sobre todo raza, determinan si una persona va a vivir o morir.
(Carlina S. Romero – Desinformémonos) EEUU – Un gran número de organismos internacionales pidieron clemencia o la suspensión de su ejecución. Denunciaron la violación de ley internacional el Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Corte Internacional de Justicia, la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional, entre otros. Todo fue en vano.
El 22 de enero de 2014, mientras sus familiares prendían velas y rezaban en las afueras de la prisión Huntsville, Texas, el ciudadano mexicano Édgar Tamayo Arias fue inyectado con una dosis de veneno, en un homicidio premeditado a manos del Estado norteamericano. Políticos mexicanos y estadounidenses registraron grandes avances en la demagogia mientras Tamayo mostró dignidad en sus últimas horas: las autoridades que se negaron a ayudarlo durante años serán personas non grata en su funeral, anunció.
Detenido por la muerte de un policía en Houston, Texas, el 31 de enero de 1994 y sentenciado a muerte ocho meses después, Tamayo pasó veinte años en el pabellón de la muerte antes de ser ejecutado.
Los 131 ciudadanos extranjeros condenados a muerte en EEUU son una pequeña minoría de las 3108 personas en los pasillos de la muerte de ese país, pero el caso de Édgar Tamayo ilustra lo que suele pasar con ellos, especialmente los mexicanos. Además, pone en tela de juicio ante la opinión pública el uso de la pena capital en EEUU –una forma de control social en la cual factores de clase, nacionalidad, geografía, etnicidad, pero sobre todo raza, determinan si una persona va a vivir o morir.
Bajo el artículo 36 de la Convención de Viena, los ciudadanos de otros países tienen derecho a asistencia consular en el momento de su detención, pero el 31 de marzo de 2004, en el caso Avena, la Corte Internacional de Justicia determinó que el gobierno de EEUU violó la Convención al negarle ese derecho a 51 mexicanos condenados a muerte, incluyendo a Tamayo y otros nueve encerrados en el estado de Texas. El gobernador texano, Rick Perry, prometió revisar los casos para determinar si la falta de asistencia perjudicó la defensa de los acusados, pero en 2008, la Suprema Corte de Estados Unidos determinó que los estados de ese país no están obligados a acatar la Convención de Viena mientras no haya legislación federal para implementarla. Con ese aval, Perry procedió a ejecutar a dos mexicanos, José Medellín y Humberto Leal, en 2008 y 2011, respectivamente, y ahora se enorgullece del envenenamiento de Édgar Tamayo.
La violación del derecho universal más fundamental –el derecho a vivir– fue prohibida durante cuatro años en EEUU a partir del 1972, cuando la Suprema Corte de la Nación declaró la pena de muerte un castigo cruel e inusual. Sin embargo, ésta fue restaurada en 1976 y desde entonces, fueron ejecutadas mil 362 personas. De éstas, mil 113 lo fueron en el sur del país, 508 en Texas y 116 en el condado de Harris (donde se encuentra la ciudad de Houston).
Una mirada a la historia destaca que fue precisamente en el sur donde la riqueza del país se acumuló sobre las espaldas de esclavos africanos. Desde 1877 hasta 1950, el mayor número de linchamientos se llevaron a cabo en los mismos estados sureños. En Texas, estado esclavista y colonizador, el linchamiento también se usó con frecuencia contra los indígenas y mexicanos. El 23 de agosto de 1917, en plena guerra mundial, 156 soldados negros se amotinaron en Houston debido al maltrato contra una mujer negra por parte de la policía. Después, 19 de ellos fueron linchados y decenas más encarcelados. Ahí están los antecedentes de la pena de muerte actual.
Hoy en día, 60 por ciento de los presos en los pasillos de la muerte en Estados Unidos son gente de color (africano-americanos 42 por ciento, latinos por ciento, asiáticos 3 por ciento, e indígenas 1 por ciento), aunque ellos son sólo 36 por ciento de una población general compuesta de 63 por ciento blancos, 17 por ciento latinos, 13 por ciento africano-americanos, 5 por ciento asiáticos y 1 por ciento indígenas. El linchamiento moderno de los africano-americanos está fuera de toda proporción.
