Según un informe reciente de la Defensoría Penal Pública, el número de detenciones declaradas por los jueces de garantía como ’ilegales’ han aumentado un 140% en tan sólo dos años, pasando de 1.207 en 2010 a 2.892 en 2012. El informe pone de manifiesto que los extranjeros, los adolescentes y los indígenas son los ciudadanos más perjudicados por este tipo de detenciones.
(Mapuexpress-Albatv) Chile – "Lo más preocupante no es la cantidad, sino que esta situación se produce especialmente en grupos que se consideran vulnerables, como extranjeros, adolescentes y de pueblos originarios, quienes requieren de más ayuda y atención de nuestra parte", ha manifestado el defensor nacional Georgy Schubert.
"Estas detenciones ilegales no se asocian a ningún delito específico, sino más bien a la discusión legal que se genera en las audiencias sobre si el infractor fue aprehendido con una orden judicial o bajo flagrancia", añade el defensor.
El informe destaca la cifra alta de personas que estuvieron en prisión preventiva más de 15 días, pero que finalmente fueron halladas inocentes por los tribunales. Si en 2011 hubo 518 casos registrados (3,4% del total), en 2012 se elevó hasta los 746 imputados.
"Se trata de un tema que nos preocupa, porque un porcentaje de esos casos no se debió a la normal evolución legal del proceso, donde muchas veces las pruebas en la etapa de condena tienen estándares más altos y específicos que en la formalización. Hay ocasiones en que simplemente se debió a errores técnicos de procedimiento", sostiene Georgy Schubert.
Abusos policiales
Amnistía Internacional ha denunciado, en reiteradas ocasiones, una fuerte represión policial durante las manifestaciones estudiantiles y contra los grupos indígenas, así como innumerables detenciones ilegales, e incluso las denuncias de mujeres que declararon ser abusadas sexualmente por Carabineros durante el control de detención.
La organización de derechos humanos criticó duramente la muerte de Manuel Gutiérrez, un adolescente de 16 años que falleció mientras caminaba por la calle, como consecuencia de una bala de gran calibre que un agente de Carabineros disparó durante una manifestación estudiantil. En total, algo más de 1.700 personas fueron detenidas durante las revueltas de estudiantes.
Hoy, la Sala Penal de la Corte Suprema ha determinado que el fisco chileno deberá pagar un millón de dólares a los acusados por el ’Caso Bombas’, cifra en que fueron fijados los costos del proceso que terminó con la absolución de todos los imputados.
El Gobierno chileno los había acusado de poner artefactos explosivos en distintos puntos de la capital chilena, sin embargo la justicia del país andino determinó que era un montaje.
El Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género de Santiago de Chile acaba de denunciar la suspensión de la comunicación telefónica de Carla Verdugo, que se encuentra en prisión preventiva. Esta madre lleva sin comunicarse con sus hijos pequeños por más de nueve meses. Según la abogada de la organización, Patricia Rada, dicha suspensión "no se fundamenta en las leyes que rigen en el país andino ni en los tratados internacionales que Chile ha firmado".
"Hay un tema interno, nuestra propia Constitución dice que el ejercicio de la soberanía está limitado por los derechos humanos establecidos en tratados internacionales ratificados por Chile, lo que significa que hay una vulneración constitucional en la medida que no haya una acción concreta para proteger los derechos de las personas, y que se investiguen cada una de estas acciones y que se investiguen en el futuro", explicaba Ana Piquer, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional.
A pesar de la gran cantidad de irregularidades jurídicas que denuncian las organizaciones de los derechos humanos, el Gobierno presidido por Sebastián Piñera ha firmado un Proyecto de Ley que creará nuevas "medidas para mejorar la persecución penal que hace el Ministerio Público contra los delincuentes".
La llamada Ley Hinzpeter que busca dotar de más mecanismos represivos al estado chileno, con el fin según el propio gobierno de combatir el desorden público y posibles actos terroristas.
