El Presidente Sebastián Piñera firmó este viernes el reglamento que establece la Consulta Indígena, cuyo texto íntegro es desconocido por la opinión pública y por los propios pueblos originarios, directamente afectados por esta normativa.
Voceros mapuche criticaron el carácter secretista de esta decisión, la que a su juicio solo busca silenciar sus demandas. En tanto, organizaciones ambientales alertan que la tentativa de la resolución es destrabar la aprobación de proyectos energéticos.
En visita a la ciudad de Temuco, el Presidente Sebastián Piñera firmó el reglamento que deroga el decreto 124 y establece la Consulta Indígena, en una ceremonia que tomó por sorpresa a las comunidades indígenas del sector ya que no fueron informadas de esta decisión y tampoco fueron partícipes del proceso previo.
El texto de la nueva normativa es desconocido tanto para la opinión pública como para los propios pueblos originarios, que se ven directamente afectados por esta decisión del Gobierno del Presidente Piñera. La ONG Observatorio Ciudadano denuncia que, hasta donde se tiene conocimiento, el nuevo reglamento rebaja sustantivamente el estándar internacional del derecho a la consulta, principalmente en lo relativo a los proyectos de inversión en tierras y territorios indígenas.
Las comunidades advierten además que el proceso de consulta previa a la Consulta Indígena adoleció de serias deficiencias desde la perspectiva de los derechos humanos.
“Fue un acto de mala fe, a puertas cerradas, donde se definió el destino de nueve pueblos indígenas con solo dos pueblos representados”, explica Ana Llao, consejera de la CONADI, quien critica la figura de Marcial Colin ya que pese a representar solo a las comunidades mapuche de Villarica, se le atribuyó la decisión de los mapuches en su totalidad.
En tanto, para el vocero de SOS Huasco, Juan Carlos Labrín, la firma de esta consulta tendría el claro objetivo de destrabar la aprobación de proyectos energéticos en el país.
“La tentativa es dar mayor facilidad y factibilidad a proyectos megamineros, proyectos megaenergéticos. Lo estamos viendo no solo en el norte, también en el sur y en definitiva en todo Chile. Lo que ha complicado a este gobierno es que las distintas organizaciones socioambientales o de pueblos originarios han puesto la traba a megaproyectos como Pascua Lama, El Morro, Hidroaysén, como Punta Alcalde, porque están viendo que no benefician a las comunidades sino que vienen a dejar más muerte y más destrucción”, advirtió.
Quien también rechaza esta decisión es el lonko Juan Catrillanca, para quien la firma de la consulta indígena se hizo solo con el objetivo de callar a los pueblos originarios. “El pueblo mapuche en general le ha estado anunciando al gobierno la devolución del territorio del Bíobío hacia el sur. Cuando les decimos eso ellos empiezan a formar leyes a su manera para nosotros callarnos o aliarnos a esas leyes.
Fuente: Oriana Miranda- Radio.uchile