La “Guerra del Gas” de octubre de 2003 es sinónimo de la muerte de 69 bolivianos y bolivianas, más de 400 heridos, cientos de huérfanos y viudas, la huida del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada hacia EEUU y también de incertidumbre e impunidad.
(Alex Contreras Baspineiro – ALAI) Bolivia – El martes pasado se inició una nueva página de dignidad se escribe en la historia boliviana: se inició el juicio de responsabilidades contra el genocidio.
Después de cinco años y siete meses, la Corte Suprema de Justicia de Sucre, abrió el histórico proceso para juzgar a un ex Presidente de la República elegido en democracia, a su gabinete de ministros y también a cinco ex miembros del Alto Mando Militar.
Se estima que a lo largo del proceso comparezcan alrededor de 2.500 testigos y se presenten unas 4.900 pruebas.
Ante la ausencia de los principales acusados de este caso, la Corte Suprema de Justicia les declaró en rebeldía y ordenó la aprehensión del ex presidente Sánchez de Lozada y sus ex ministros.
Nueve ex autoridades huyeron de Bolivia porque, según dicen, en el país no existe seguridad jurídica y el juicio tendría carácter político: Gonzalo Sánchez de Lozada se refugió en EEUU desde la insurrección popular que se oponía a la exportación del gas natural hacia ese país por puertos chilenos.
Sus ex colaboradores Carlos Sánchez Berzaín, Jorge Berindoague y Guido Áñez radican en EEUU; Mirtha Quevedo y Javier Torres Goitia son refugiados del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Perú y Jorge Torres Obleas es un asilado político en ese mismo país; Hugo Carvajal se encuentra en España y Yerko Kukoc tiene paradero desconocido.
“Lo importante de esta audiencia es que a partir de ahora la señora Quevedo, Torres Obleas, Torres Goitia, Yerko Kukoc y otros fueron declarados rebeldes por la justicia boliviana, eso implica que pesa sobre ellos un mandamiento de aprehensión”, explicó el fiscal Milton Mendoza.
El Ministerio Público ha imputado a las 17 ex autoridades, no sólo por haber firmado el Decreto Supremo 27209 que promovió la intervención de las Fuerzas Armadas en los conflictos de octubre de 2003, sino por otros delitos que serán conocidos en el proceso.

Pena máxima
Los familiares de las víctimas de octubre, presentes en este proceso, exigen la pena máxima de 30 años de privación de libertad por el supuesto delito de genocidio y otros.
El abogado Freddy Ávalos, apoderado de la “Asociación de Familiares y Víctimas de la Guerra del Gas”, señaló que lo único que están buscando es justicia.
“Queremos justicia, que la sangre y las vidas que derramaron nuestros familiares, sobretodo en El Alto de La Paz, no quede en la impunidad y los responsables como Goni y sus ministros sean sentenciados con la pena máxima”, aseveró el abogado. “Goni” es el sobrenombre gringo del ex Jefe de Estado.
Varios familiares de las víctimas de la “Guerra del Gas” y dirigentes de movimientos sociales se encuentran realizando una especie de vigilia en la Capital de la República.
El dirigente obrero, Jaime Solares, aseveró que Goni y todos sus ministros deben ser sancionados por delitos de lesa humanidad. “Ha llegado la hora de que en el país se haga justicia, Goni debe ser procesado por delitos de lesa humanidad y encerrado en la cárcel de Chonchocoro pero también debe pagar sus culpas por vendepatria”, aseveró.

Chicanas jurídicas
El fiscal que lleva adelante el caso, Milton Mendoza, informó que con la declaratoria de rebeldía “se suspende cualquier plazo de prescripción”. Las personas en esa condición, podrán ser buscadas, aprehendidas y llevadas al tribunal sin ningún plazo de tiempo y su proceso podrá seguir adelante.
En las últimas horas, el gobierno nacional a través del canciller David Choquehuanca, envió amplia documentación a sus similares del Perú para que reconsideren la situación de refugiados de tres ex ministros del gobierno gonista.
A pesar de las argucias jurídicas con las que se inició el juicio de responsabilidades y que, con seguridad, caracterizarán en el futuro este proceso, lo cierto es que se dio el primer paso, el primer paso decisivo para que se escuche el clamor popular que tienen todos los bolivianos y bolivianas: justicia.