Los asesinos condenados por el crimen de la coordinadora del COPINH Berta Cáceres, Sergio Rodríguez Orellana y Douglas Bustillo podrían ser privilegiados con prisión domiciliaria tras una admisión de la Corte que permite la presentación de un habeas corpus para presos que corren riesgo por COVID-19. Este accionar fue denunciado la semana pasada por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).

En el comunicado dan cuenta de las gestiones llevadas a cabo por los abogados de los trabajadores de la familia Atala Zablah, quienes fueron condenados a 30 años de prisión por el asesinato de Berta para que sean libertados por supuestas razones médicas en medio de la emergencia sanitaria.

“Para nosotros es lamentable esta noticia pero ciertamente no es algo que nos extraña -explica Bertita- se trata de un patrón que ha venido teniendo el Estado de Honduras y es el patrón de actuación de casi todos sus funcionarios”. Bertita, la hija lideresa Berta Cáceres, asumió la coordinación del COPINH tras el asesinato de su madre. Y hoy, junto a sus hermanas y hermano, no descansa en el pedido de Justicia por su mami. Por eso no duda al leer el momento “es la corrupción y que claro, se aprovecha esta crisis. Están aprovechando este contexto en todo sentido para que las personas que están vinculadas a grupos de poder y a grupos económicos resulten beneficiadas cuando no debería ser así”.

Como en toda su lucha sostiene “nosotras responsabilizamos al Estado de Honduras. Esta situación es para nosotras muy dolorosa, es un insulto a la memoria. Sabemos que hay dificultades extraordinarias por la emergencia sanitaria y que por eso ni las instituciones judiciales están funcionando como deberían entonces hay muchas dificultades para encontrar información”.

Fuente: Camila Parodi – Marcha