La operación lanzada por Estados Unidos contra Venezuela este sábado (3 de enero) es un hecho de gravedad extraordinaria, un punto de inflexión peligroso en los conflictos que definen nuestro tiempo. No se trata simplemente de otro episodio en la larga historia de presiones, sanciones y desestabilización encubierta. Es una escalada cruda: una demostración abierta de fuerza destinada a imponer, mediante la violencia, aquello que Washington ya no logra asegurar por la vía diplomática, del derecho internacional o incluso de un consenso mínimo entre naciones. Por José Reinaldo Carvalho – Periodista, editor internacional del portal Brasil 247 (publicado en ese sitio y replicado en PIA – Periodismo Internacional Alternativo)
La brutalidad de la acción — ejecutada por la llamada Fuerza Delta, presentada como una unidad de élite pero que funciona, en la práctica, como un instrumento transnacional de terror — dejó al descubierto un desprecio no solo por la soberanía de un país, sino por la vida de su pueblo. Fue un mensaje escrito en el lenguaje de la ocupación: cuando falla la persuasión, el imperio recurre a las armas.

Estamos ante un acto inequívocamente criminal. Criminal porque viola la Carta de las Naciones Unidas, pisotea los principios de la autodeterminación y de la prohibición del uso de la fuerza, y ridiculiza la propia idea de legalidad internacional. Criminal también porque repudia compromisos solemnemente afirmados en la Segunda Cumbre de la CELAC en La Habana, en 2014, cuando América Latina y el Caribe se proclamaron zona de paz. Criminal porque convierte sanciones, bloqueos, amenazas militares y acción militar directa en instrumentos sistemáticos de coerción política. Y criminal, sobre todo, porque normaliza la agresión armada como método permanente de dominación — con un agravante intolerable: el secuestro de un presidente legítimo y constitucional, un líder revolucionario y socialista dedicado al bienestar de su pueblo y a la dignidad de su nación.

Si alguien todavía duda del carácter imperial de la política exterior de Estados Unidos, este momento le quita cualquier disfraz. Las instituciones multilaterales — ya debilitadas — colapsan cuando la mayor potencia militar del mundo decide que la fuerza bruta es la única regla que cuenta. El sistema internacional, que debería mediar conflictos y contener abusos, queda reducido al papel humillante de espectador impotente. El derecho internacional, antes norma, pasa a ser tratado como un accesorio desechable.

La guerra contra Venezuela encaja perfectamente en una nueva fase del imperialismo estadounidense, consolidada a través de la más reciente estrategia de seguridad nacional y de lo que ha llegado a llamarse el “corolario Trump” de la Doctrina Monroe. Trump — sin talante para el diálogo, indiferente a las normas del multilateralismo e incapaz, en términos morales, de ejercer liderazgo global — ha colocado a América Latina en el centro de sus prioridades estratégicas. Habla de la región no como una comunidad de naciones soberanas, sino como territorio: una cuestión de seguridad estadounidense, de interés económico estadounidense, de control estadounidense. El objetivo es explícito: dominación, neocolonialismo y exclusión de potencias rivales del espacio latinoamericano y caribeño.

Sus declaraciones en la rueda de prensa del sábado en la Casa Blanca hicieron inconfundible el diseño imperial. Venezuela, sugirió, es la piedra angular de esa arquitectura, no solo porque posee las mayores reservas probadas de petróleo del planeta. Bajo esta visión, la Casa Blanca se convierte en gestora del orden regional, con derecho a intervenir militarmente y apropiarse de recursos estratégicos cuando le convenga.

Al hablar de Venezuela, Trump sostuvo que Estados Unidos “gobernará el país” hasta que se produzca un cambio político considerado “adecuado”. “Vamos a gobernar el país hasta que pueda ocurrir una transición segura, apropiada y juiciosa”, dijo, como si la soberanía venezolana fuera una molestia temporal que puede suspenderse por decreto extranjero. Habló de tropas sin titubeos, subrayando que la presencia en tierra no estaba descartada. “No tenemos miedo de tropas sobre el terreno”, declaró, presentando la ocupación militar no como invasión, sino como forma de gobierno.

El petróleo, como era previsible, fue el eje central de su argumento. Trump afirmó que Estados Unidos garantizará que el sector energético venezolano quede bajo una nueva lógica de explotación — que el petróleo “funcione como debería”, una frase que disfraza el control extranjero con el lenguaje de la eficiencia. Anunció además una entrada masiva de empresas estadounidenses en la nación sudamericana. “Las grandes petroleras de EE. UU. van a entrar en Venezuela, gastar miles de millones y arreglar la infraestructura petrolera deteriorada, para que empiece a generar ganancias”, afirmó, dejando claro que el capital estadounidense pretende no solo ingresar, sino extraer.

En otra frase que reveló la lógica de la expropiación, Trump ofreció un pretexto históricamente absurdo: “Nos robaron nuestro petróleo”, dijo, como si los recursos venezolanos fueran propiedad legítima de Estados Unidos. El mensaje fue inequívoco: Washington ha dado el primer paso en el proyecto imperial MAGA contra América Latina y el Caribe. Ese proyecto fue respaldado por el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Daniel Caine, quien anunció que las fuerzas estadounidenses permanecen en la región en alto nivel de alerta, “preparadas para proyectar poder, defenderse y proteger nuestros intereses regionales”.

La agresión contra Venezuela es, en esencia, una declaración de guerra contra toda América Latina y el Caribe — y particularmente contra América del Sur. La región ha entrado en una nueva etapa histórica, una que exigirá estrategia y disciplina por parte de los pueblos y de las fuerzas comprometidas con la soberanía nacional y la transformación social.

El proyecto imperial ya se percibe en sus efectos concretos en diversos países del continente. Una lista creciente parece cada vez más subordinada a la órbita de Washington: Argentina, Chile — especialmente desde la elección de Kast — Paraguay, Bolivia, Ecuador, Perú, El Salvador, República Dominicana, Panamá y Costa Rica. En Honduras, el gobierno estadounidense ha interferido en el proceso electoral para moldear un resultado sumiso. El cerco contra Cuba se intensifica, con bloqueos más duros y nuevas acciones hostiles. También se ciernen amenazas sobre Brasil, Colombia y México — naciones cuyas políticas exteriores conservan un grado de independencia.

En Colombia, el calendario electoral es particularmente sensible, con elecciones presidenciales previstas para mayo. En Brasil, las elecciones de octubre también se inscriben en este tablero geopolítico, convirtiendo al país en un objetivo potencial de presiones, injerencias y desestabilización.

La relación de Brasil con Estados Unidos tiene una peculiaridad que exige una vigilancia reforzada. El equilibrio es necesario; la sumisión, inaceptable. Una política exterior soberana requiere defender los intereses nacionales, fortalecer la integración regional y negarse a convertir al país en una plataforma de agendas ajenas.

En momentos como este, la batalla de las ideas se vuelve más exigente — y más peligrosa. No hay espacio para oportunistas que pescan en aguas turbias, para mercaderes de ruido y autoproclamados profetas cuya vacía puesta en escena confunde análisis con espectáculo. También es vital evitar especulaciones temerarias y acusaciones huecas que solo desarman a quienes deben estar preparados para la confrontación histórica ya en curso. Debemos, además, rechazar las narrativas falsas — incluida la sospecha maliciosa de un supuesto pacto secreto entre socios estratégicos de Venezuela y el aspirante a tirano global, una fantasía conspirativa según la cual potencias extrahemisféricas habrían acordado protestas meramente simbólicas a cambio de neutralidad estadounidense en otros frentes. Tales afirmaciones son delirio, sin respaldo en hechos.

Una verdad debe reafirmarse sin ambigüedades: el principal enemigo de los pueblos latinoamericanos y caribeños es el imperialismo estadounidense — una fuerza con estrategia definida e intereses inequívocos. Por eso trata a la región como su patio trasero, codicia sus riquezas naturales y proclama abiertamente su ambición de dominarla por completo. Pero los pueblos de América Latina nunca han aceptado esa dominación — y nunca la aceptarán.

Trump está inaugurando una nueva era de colonialismo en las Américas, parte de su proyecto megalómano de “hacer grande a Estados Unidos otra vez” — una estrategia diseñada para posponer, mediante la fuerza, el declive histórico irreversible del imperialismo estadounidense.

Como ha dicho Socorro Gomes, dirigente de Cebrapaz y ex presidenta del Consejo Mundial de la Paz: “La acción criminal de Trump contra Venezuela va, por el contrario, a acelerar el declive del imperialismo estadounidense. Nuestro deber es, pese a las adversidades circunstanciales, infundir en los pueblos la convicción de que el imperialismo no es invencible y será derrotado”.

Las fuerzas que luchan por un nuevo orden político y económico en el mundo deben constituirse ahora en la vanguardia de sus pueblos, elaborar estrategias y tácticas acordes con la nueva situación mundial y regional, y movilizar amplias fuerzas sociales para enfrentar las batallas que se imponen.

Posdata: Esta es la columna número 500 que firmo en Brasil 247, ocasión en la que reafirmo mi condición de profesional de los medios, comprometido con la información veraz, el análisis fundamentado en principios y la militancia por causas justas. Saludo a la dirección y al excelente equipo de este medio, donde, con plena libertad, ofrecemos nuestras opiniones al público con el modesto propósito de contribuir a la democracia, la soberanía nacional y el progreso social del pueblo brasileño y de toda la humanidad.