El Tribunal Oral Federal Nro. 2 de Rosario recorrió los lugares señalados por la querella en el juicio por fumigaciones con agrotóxicos. La diligencia permitió corroborar la cercanía entre campos fumigados, viviendas, escuelas y puntos de extracción de muestras de suelo y agua, en una causa histórica donde se juzga a productores agroindustriales, fumigadores y funcionarios municipales. Por Naturaleza de Derechos.
El juicio oral y público por las fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino entra en su tramo final con una imagen que ya forma parte de la memoria de los pueblos fumigados: el Tribunal saliendo de la sala de audiencias para pisar el territorio donde la contaminación fue denunciada, sufrida, medida y probada. El 13 de mayo de 2026, el Tribunal Oral Federal Nro. 2 de Rosario se trasladó a Pergamino para realizar la inspección ocular solicitada por la querella de Sabrina Ortiz y Alejandra Bianco, aceptada por unanimidad por sus integrantes.

La inspección ocular no fue una simple recorrida judicial. Fue el momento en que el expediente se encontró con el territorio. El Tribunal pudo observar la cercanía entre los campos fumigados, las viviendas de las víctimas, los establecimientos educativos, las rutas, los alambrados y los puntos de extracción de muestras de suelo y agua que integran la prueba científica de la causa.

En un juicio penal ambiental, el lugar no es un dato accesorio: es parte del hecho. Las distancias, las viviendas, las escuelas, los pozos de agua y los suelos impactados componen la materialidad misma de la acusación.

La diligencia contó también con la presencia del Ministerio Público Fiscal y de las partes del juicio oral. Por la querella de Sabrina Ortiz y Alejandra Bianco estuvieron presentes los letrados de Naturaleza de Derechos, Fernando Cabaleiro y Carlos González Quintana (junto a la misma Sabrina Ortiz) quienes acompañaron el recorrido e indicaron al Tribunal los lugares vinculados con los hechos investigados, los puntos de extracción de muestras, las viviendas de las víctimas y los sectores donde los testimonios de vecinos y vecinas situaron las fumigaciones con agrotóxicos.

El recorrido comenzó en la localidad de Juan A. de la Peña, en relación con la imputación que recae sobre José Luis Grattone, fumigador e ingeniero agrónomo, y sobre Cristian Taboada, empleado suyo. A Grattone se le atribuye haber fumigado con agrotóxicos y contaminado el ambiente de un modo peligroso para la salud, además de violar la ordenanza local que establecía un resguardo mínimo de cien metros, que ni siquiera se cumplieron.

Allí el Tribunal se paró frente al establecimiento educativo cuyo jardín linda con el campo fumigado por Grattone, y pudo corroborar la cercanía con las viviendas de vecinos y vecinas de Juan A. de la Peña, entre ellas la del padre de un vecino que prestó testimonio durante el juicio oral. La querella indicó además los lugares de extracción de muestras.

Desde allí, la inspección continuó hacia la vivienda del testigo Héctor Spagna, quien declaró en el debate que el imputado Fernando Cortese descargaba agrotóxicos desde su máquina fumigadora, conocida como “mosquito”, a la vera de la ruta, frente a su casa.

En el Juicio Oral, Spagna declaró haber visto a Cortese desaguar tanto el mosquito como el tanque de fumigación sobre la Ruta Nacional 188 y calle Escudero, limpiando restos de veneno en el espacio público. También relató un episodio de exposición directa que le produjo una reacción corporal severa, con múltiples forúnculos, y dejó una frase que resume la experiencia de los pueblos fumigados: los venenos no solo producen alergia, los venenos envenenan.

Luego, toda la comitiva se dirigió al sector de Villa Alicia, donde se encuentran los campos vinculados a los imputados Cortese, Víctor Tiribó y Mario Roces.

En el campo de Cortese se corroboró el lugar de extracción de muestras de suelo peritadas en la causa. Para ello se debió ingresar al interior del predio, momento en que se registró un incidente con la esposa de Cortese, quien impidió el ingreso de parte de la prensa y de testigos de la inspección ocular. No se trataba de un lugar cualquiera: según la prueba reunida, las muestras tomadas en ese campo arrojaron una de las mayores cargas de plaguicidas detectadas en el expediente, colocando a ese predio como uno de los puntos de mayor contaminación en ese sector de Pergamino.

Paso seguido, la comitiva continuó hasta la vivienda de Luciano Marina, quien declaró que Cortese fumigaba de noche a metros del alambrado. Allí el Tribunal pudo observar la proximidad concreta entre la casa del testigo y el campo atribuido al imputado. Lo que en audiencia había sido narrado como fumigaciones nocturnas a escasa distancia se volvió una imagen territorial clara: una vivienda familiar frente a un predio fumigado.

Esa constatación es central porque muestra que, cuando los vecinos y vecinas dicen que las fumigaciones ocurrían “a metros”, no hablan en sentido figurado, sino de una cercanía física, cotidiana y verificable.

A continuación, la inspección llegó al campo de Tiribó y a las viviendas de las testigos Erika Díaz, Paola Díaz, Silvana Mansilla e Hilda Castañarez, cuyos testimonios fueron elocuentes sobre los padecimientos sufridos por fumigaciones realizadas a metros del alambrado.

Paola Díaz declaró que las aplicaciones generaban problemas de salud en su familia, con pérdida de voz en uno de sus hijos, dolores de cabeza, alergias, irritaciones y un olor insoportable que ingresaba a la vivienda y que a su vez fue protagonista de uno de los momentos más emotivos en el debate al afirmar que su hija falleció de leucemia a los 12 años y que a partir de la lucha judicial de Sabrina Ortiz, empezó a darse cuenta del real peligro de los agrotóxicos. Por su lado, Erika Díaz relató fumigaciones con mosquito y mochila, incluso sin protección suficiente para quienes realizaban esas tareas, y describió afectaciones respiratorias y cutáneas en su grupo familiar.

En ese sector, el Tribunal tuvo presente el lugar exacto de toma de muestras de suelo, ubicado junto al alambrado. Según lo informado por la perito oficial Virginia Aparicio, los resultados resultan compatibles con un predio sometido al modelo agroindustrial mediante el uso regular y constante de plaguicidas. La inspección permitió unir tres planos que las defensas suelen intentar separar: la palabra de las víctimas, la prueba científica y la geografía real de la exposición.

Luego, el Tribunal se dirigió a la Escuela Nro. 52 de Villa Alicia, ubicada aproximadamente a doscientos metros del campo de Tiribó. La importancia de esa parada estuvo dada por la presencia de agrotóxicos en muestras de agua, en niveles preocupantes. La constatación adquiere una gravedad particular por tratarse de un establecimiento educativo, un espacio donde niñas, niños, docentes y familias desarrollan su vida cotidiana.

En el juicio de Pergamino, como en otros casos de pueblos fumigados, las escuelas aparecen como territorios sensibles donde el derecho a la salud, a la educación y al ambiente sano se cruzan de modo indivisible.

En la parte final del recorrido por Villa Alicia, la comitiva se dirigió al campo de Roces. Roces es el imputado que intentó evitar el juicio oral alegando una demencia sobreviniente, planteo que fue rechazado por el Tribunal frente a la prueba aportada por la querella. Esa prueba daba cuenta de que, al mismo tiempo en que Roces invocaba esa supuesta sobreviniencia en el proceso penal, había firmado un acuerdo con el Intendente de Pergamino (afín al agronegocio) en el marco de un proceso judicial de expropiación, circunstancia que para la querella evidenció la inconsistencia de aquella alegación defensiva.

Las fumigaciones con agrotóxicos en el campo de Roces tuvieron principal incidencia sobre las viviendas de Sabrina Ortiz y de sus padres. El presidente del Tribunal, Román Lanzón, se paró en la puerta de la casa de Sabrina Ortiz y pudo observar la cercanía entre la vivienda y el campo de Roces.

Ese momento tuvo una carga probatoria y simbólica singular. Sabrina había denunciado durante años las fumigaciones y los problemas de salud sufridos por su familia, con estudios que detectaron glifosato y AMPA en la orina de sus hijos, además de resultados compatibles con daño genético.

Su madre, Isabel Muñoz, también declaró padecimientos vinculados a las aplicaciones, con irritaciones, sarpullidos, cierre de garganta y olores que ingresaban a la vivienda aun con las ventanas cerradas. Pedro Ortiz, padre de Sabrina, relató a su vez que el campo de Roces se encontraba frente a su casa y que allí se fumigaba pese a tratarse de una zona urbana de exclusión.

También se corroboró el lugar exacto de las tomas de muestras de suelo en el campo de Roces, que arrojaron resultados positivos sobre presencia de agrotóxicos, compatibles con un predio sometido al uso continuo de plaguicidas propio de la agricultura industrial. En ese punto, la inspección permitió que el Tribunal observara de modo directo la relación entre el campo aplicado, la vivienda de una de las querellantes y los lugares donde la prueba científica ubicó presencia de sustancias tóxicas.

Después de casi tres horas de recorrido, la inspección ocular culminó en el paraje de Ayersa, vinculado con los hermanos Sabatini. Allí también se pudo corroborar el lugar de extracción de muestras de suelo, cuyos resultados fueron compatibles con los de un predio rural sometido regularmente a fumigaciones con agrotóxicos.

En este caso, según actuaciones administrativas realizadas por el propio Secretario de Producción, Pizarro, los hermanos Sabattini fumigaron violando la medida cautelar de 1.095 metros dispuesta por el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo. Esa circunstancia agrega una gravedad institucional particular: ya no se trata solamente de fumigaciones próximas a viviendas, sino de hechos ocurridos pese a una orden judicial dictada para proteger la salud pública y el ambiente de Pergamino.

La inspección ocular de Pergamino debe ser leída dentro de una genealogía histórica de la lucha de los pueblos fumigado. No se trata de una diligencia aislada, sino de la tercera gran inspección judicial en procesos emblemáticos contra las fumigaciones con agrotóxicos en la Argentina, que precisamente por la importancia que tuvo en los procesos judiciales anteriores fue expresamente solicitada por la Querella en la oportunidad procesal de ofrecimiento de prueba.

La primera referencia es el juicio del Barrio Ituzaingó Anexo, en Córdoba, considerado el primer juicio penal por fumigaciones de la historia argentina y de América Latina. Aquel proceso comenzó en junio de 2012, después de más de diez años de lucha de las Madres de Ituzaingó Anexo, quienes denunciaron enfermedades, cánceres, leucemias y malformaciones en un barrio rodeado por fumigaciones. En ese juicio, el Tribunal ordenó una inspección ocular en terrenos fumigados de Ituzaingó Anexo, luego de advertir dificultades para ubicar y comprender territorialmente los campos y distancias involucradas. La sentencia posterior fue inédita: condenó a un productor rural y a un aeroaplicador por contaminación ambiental vinculada al uso indebido de endosulfán y glifosato.

La segunda referencia se vincula con el amparo por las fumigaciones en la Escuela Rural Martín Fierro, ubicada en el Paraje El Relincho, cerca de Sierra de la Ventana, partido de Coronel Suárez. Ese caso nació en octubre de 2014, luego de que la escuela fuera afectada en plena jornada escolar por una fumigación terrestre a menos de doscientos metros con 2,4-D, Dicamba y Metsulfurón. Esa causa contó con el patrocinio juridico de Naturaleza de Derechos. En ese caso, el Juzgado de Ejecución Penal de Bahía Blanca dispuso una medida cautelar que suspendió las fumigaciones con agrotóxicos a menos de mil metros en forma terrestre y dos mil metros en forma aérea alrededor del establecimiento educativo.

La tercera fue Pergamino. Y su importancia histórica es ineludible: por primera vez en este tramo del proceso penal federal, el Tribunal Oral Federal Nro. 2 de Rosario recorrió los lugares concretos donde la querella, los vecinos y vecinas, las pericias y la prueba científica vienen señalando desde hace años un patrón persistente de contaminación con agrotóxicos.

Como en Ituzaingó Anexo y como en la Escuela Rural Martín Fierro, la Justicia volvió a salir de la sala para mirar el territorio. Pero esta vez lo hizo en un juicio oral y público contra siete fumigadores y productores agroindustriales y dos funcionarios públicos municipales, con campos de imputados, viviendas de víctimas, escuelas, puntos de muestreo y barrios enteros formando parte del escenario probatorio.

La inspección ocular convirtió al territorio en prueba. Allí donde los testimonios hablaban de fumigaciones a metros de las casas, el Tribunal vio alambrados pegados a viviendas. Allí donde la pericia informó presencia de plaguicidas, la querella señaló los puntos exactos de extracción. Allí donde las defensas intentan presentar el caso como una controversia técnica, Pergamino mostró su verdad material: barrios, escuelas, familias, rutas, aguas y suelos expuestos a un patrón persistente de contaminación con agrotóxicos.

Ahora, el juicio oral y público vuelve a Rosario para sus últimos pasos procesales. El 20 de mayo de 2026, a las 10 horas, se realizará la audiencia de cierre de la etapa probatoria. En esa jornada se prevé la probable declaración de los testigos ofrecidos por el imputado Cortese: médicos toxicólogos del Laboratorio TAS de Rosario, al que la querella señala como fuertemente relacionado con el agronegocio, quienes intentarán instalar el relato de las llamadas Buenas Prácticas Agrícolas como respuesta defensiva frente a la prueba ambiental, sanitaria y territorial producida en la causa.

Los días 27 y 28 de mayo de 2026 serán las audiencias de alegatos. La etapa comenzará con la querella, a través de los abogados Carlos González Quintana y Fernando Cabaleiro. González Quintana alegará sobre la dogmática penal del caso, mientras que Cabaleiro desarrollará la dogmática ambiental, en una causa que expone la relación entre contaminación, salud pública, prueba científica, responsabilidad penal, deber estatal de control y modelo agroindustrial. Luego continuará el Ministerio Público Fiscal, a cargo del Dr. Federico Reynares Solari y su equipo de trabajo. Culminados los alegatos de la parte acusadora, será el turno de las defensas.

En Pergamino, el expediente dejó de ser papel. El territorio habló. Y lo que mostró fue la concordancia entre los testimonios de vecinos y vecinas, la prueba científica y una realidad material inocultable: campos fumigados a escasos metros de viviendas, escuelas alcanzadas por la deriva, agua con presencia de plaguicidas, suelos impactados y familias enteras expuestas durante años a un modelo de agricultura industrial que avanzó sobre la vida cotidiana.

Como era de esperar, los medios hegemónicos y concentrados de Pergamino, entre ellos La Opinión y sus plataformas audiovisuales, no cubrieron la inspección ocular realizada por el Tribunal Oral Federal Nro. 2 de Rosario. Tampoco brindaron información previa ni posterior sobre una medida judicial de enorme trascendencia pública para la ciudad. Ese silencio no es neutro. En una sociedad democrática, los medios de comunicación cumplen una función esencial: garantizar el derecho social a la información, controlar el poder, visibilizar conflictos de interés público y permitir que la ciudadanía conozca aquello que afecta directamente su salud, su ambiente y su vida cotidiana. Cuando un juicio penal ambiental de estas características, con imputaciones por contaminación con agrotóxicos, con víctimas, escuelas, barrios y agua comprometida, es omitido por los grandes medios locales, lo que se produce no es solo una ausencia informativa, sino una forma de invisibilización política del conflicto.

Frente a ese silencio, la presencia inclaudicable de la fotoperiodista Julia Siciliani junto al medio Biciperiodismo, permitió registrar una jornada histórica para Pergamino y para la lucha de los pueblos fumigados.

A ellos se sumó la cobertura integral de La Retaguardia, con los periodistas Pedro Ramírez Otero y Fernando Tebele, quienes se vinieron de la Capital Federal acompañaron toda la inspección ocular, demostrando una vez más su compromiso sostenido con el caso (La Retaguardia cubre el Juicio Oral) y la importancia insustituible de los medios alternativos, populares y autogestivos. Allí donde los medios empresariales callan, los medios alternativos garantizan memoria, archivo, presencia territorial y derecho a saber.

La cobertura de la inspección también tuvo una dimensión cultural y formativa. Participó un grupo de estudiantes de la FADU-UBA, de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido, que decidió tomar el caso Pergamino como objeto de trabajo en una de las materias de su cursada. Esa presencia estudiantil resulta muy valiosa porque muestra que el juicio no solo interpela al derecho penal y ambiental, sino también a las universidades públicas, a las nuevas generaciones, a los lenguajes audiovisuales y a las formas de narrar los conflictos socioambientales. El territorio fumigado necesita ser visto, escuchado, documentado y contado.

También se destaca la presencia del documentalista Juan Pablo Lepore, autor de trabajos fundamentales para pensar el extractivismo, el agronegocio y la soberanía de los pueblos, entre ellos La jugada del peón: el agronegocio letal de 2015, Agroecología en Cuba de 2017 y Patria o colonia: siguiendo el rastro del oro de 2026. Su participación se inscribe en esa misma línea de comunicación crítica: poner la cámara allí donde el poder económico preferiría que no hubiera registro, construir memoria audiovisual de las luchas populares y disputar el sentido frente al relato corporativo de las “Buenas Prácticas Agrícolas”.

En tiempos donde la concentración mediática puede convertir el silencio en una forma de encubrimiento social, la presencia de medios alternativos, periodistas comprometidos, estudiantes de la universidad pública y documentalistas populares adquiere una relevancia democrática decisiva.

No hay justicia ambiental sin verdad pública. No hay verdad pública sin comunicación. Y no hay comunicación democrática si los conflictos que afectan a los pueblos fumigados quedan secuestrados por el silencio de quienes administran la agenda informativa local y también a nivel nacional.

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Quienes quieran participar como oyentes en las audiencias de alegatos en Rosario pueden comunicarse para sumarse al listado de asistentes e informarlo al Tribunal: 11-3864-0522. También se puede seguir el juicio a través del canal de YouTube de @laretaguardia.

Seguimos recibiendo colaboraciones para el financiamiento de la logística del juicio. Alias: causa.pergamino.

Imagen: Julia Siciliani