La retención ilegal durante más de cuatro horas del abogado y defensor de derechos humanos Víctor Fernández y de la doctora y exdiputada Ligia Ramos en la Tribu San Francisco de Locomapa, departamento de Yoro, volvió a poner en evidencia el clima de violencia e impunidad que atraviesan las comunidades tolupanas organizadas en defensa de sus territorios. El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) denunció que ambos fueron retenidos por Jaime Matute y un grupo de personas vinculadas a sectores que promueven actividades extractivas dentro del territorio indígena. Por Minka Comunicación.
Según informó la organización, Fernández y Ramos habían llegado a la comunidad para coordinar una brigada médica y actividades de acompañamiento comunitario.

Durante las horas de retención, las organizaciones denunciaron amenazas de agresión física y ataques contra el vehículo en el que se movilizaban. También alertaron sobre la presencia de más personas movilizadas hacia la zona para intimidar a los defensores.

Tras recuperar su libertad, Víctor Fernández cuestionó el papel de las autoridades hondureñas y denunció posibles vínculos entre fuerzas de seguridad y los grupos que operan en la zona.

“Nos preocupa que esta administración de gobierno apoye a este grupo violento. Tengo información que este mismo grupo está siendo conducido por la Policía para protegernos”, afirmó en conferencia de prensa.

Fernández además denunció que durante la retención intentaron presionarlo para firmar documentos y reclamó una actuación inmediata de los organismos de derechos humanos del Estado.

“A Nasry Asfura, la gente tiene derechos humanos. Es que no puede haber una Secretaría de Derechos Humanos que apoye a quienes violan los derechos humanos”, expresó.

También advirtió sobre el deterioro de las garantías institucionales para quienes defienden los territorios indígenas:

“Sabemos los cruces políticos que hay en el país, sabemos que es parte del actual gobierno, pero el tema de los derechos humanos no tiene que estar alineado a un gobierno”.

Conflicto territorial, minería y división comunitaria en Locomapa
El conflicto en San Francisco de Locomapa tiene raíces históricas vinculadas a la explotación forestal y minera en territorio tolupán. Según investigaciones publicadas por Criterio.hn, la región ha sido escenario durante años de disputas por el control de bosques y recursos minerales, especialmente antimonio, oro y plata.

De acuerdo con esas investigaciones, distintos grupos empresariales ligados a la extracción de madera y minería lograron consolidar redes de influencia política y territorial que profundizaron divisiones internas dentro de las comunidades. Mientras sectores acompañados por el MADJ impulsan la defensa del bosque y denuncian actividades extractivas, otros grupos son señalados por respaldar intereses madereros y mineros.

El propio sitio Criterio describe el fenómeno como un “fratricidio inducido”, donde integrantes del pueblo tolupán terminan enfrentados en medio de disputas alimentadas por intereses económicos externos.

Para el MADJ, la violencia actual responde a un modelo de impunidad destinado a garantizar la continuidad de la extracción de recursos naturales sin resistencia organizada.

Más de 100 asesinatos de líderes tolupanes y llamado urgente a organismos internacionales
La situación de violencia contra el pueblo tolupán ha sido ampliamente documentada por organismos de derechos humanos y medios de investigación. Según reportes recopilados por ERIC-SJ y Radio Progreso, más de 100 líderes y lideresas tolupanes fueron asesinados en las últimas décadas por defender sus territorios y bienes naturales.

Asimismo, informes citados por Resumen Latinoamericano señalan que al menos 15 defensores vinculados al proceso organizativo de Locomapa fueron asesinados desde 2013, en hechos que permanecen mayoritariamente impunes.

Entre las víctimas figuran líderes indígenas asesinados por denunciar tala ilegal, explotación minera y presencia de grupos armados en la región. Diversos organismos internacionales han advertido que el patrón de ataques configura un escenario sistemático de persecución contra defensores indígenas.

El MADJ recordó que las comunidades tolupanas cuentan con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido al riesgo permanente que enfrentan sus integrantes.

En ese contexto, Fernández hizo un llamado urgente a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), al Comisionado Nacional de Derechos Humanos y a los mecanismos internacionales de protección para que actúen frente a la escalada de violencia.

“Por muy debilitado que esté el sistema de derechos humanos, tiene la obligación de proteger a quienes defendemos la vida y el territorio”, sostuvo el abogado.

Para las organizaciones indígenas y de derechos humanos, la retención de Víctor Fernández y Ligia Ramos representa un nuevo episodio de intimidación en una región marcada por asesinatos, criminalización y conflictos impulsados por intereses extractivos que continúan operando bajo condiciones de impunidad.