El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca condenó a 16 genocidas a prisión perpetua y a otros 15 a penas de hasta 20 años de prisión. Es por, entre otros delitos, privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos, homicidio, abuso sexual, sustracción de menores, allanamiento ilegal en perjuicio de 333 víctimas. Hubo una sola absolución. Los jueces dispusieron además, a modo de reparación, que una vez que el fallo quede firme, el diario bahiense la Nueva Provincia publique la rectificación de una publicación periodística relativa a hechos abordados en las audiencias.
Los delitos de lesa humanidad se cometieron desde la jefatura del V Cuerpo, cuya sede estaba en Bahía Blanca y que abarcaba el sur de la provincia de Buenos Aires (partidos de Adolfo Alsina, Guaminí, Coronel Suárez, Saavedra, Puan, Tornquist, Coronel Pringles, González Chávez, Coronel Dorrego, Tres Arroyos, Villarino, Bahía Blanca y Patagones), además de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Respecto a la publicación en el diario La Nueva Provincia, el derecho a réplica se dictó, a instancia del Minsiterio Público Fiscal, en favor de 37 de las víctimas, algunas desaparecidas y asesinadas, sobre quienes el diario en su momento informó que fueron “detenidos o abatidos en enfrentamientos militares”, cuando -según detalló la sentencia-, “quedó acreditado en este proceso que fueron objeto de secuestro, y en su caso tortura, fusilamiento o desaparición por parte del personal militar o de las fuerzas de seguridad de la época”.
Las prisiones perpetuas son para Osvaldo Bernardino Páez (quien se desempeñó como oficial de Estado Mayor del Comando del V Cuerpo del Ejército); Osvaldo Lucio Sierra, Enrique José del Pino, Carlos Enrique Villanueva, Guillermo González Chipont y Norberto Eduardo Condal (Departamento II de Inteligencia); Jorge Horacio Granada, Carlos Alberto Taffarel, Víctor Raúl Aguirre (Destacamento de Inteligencia 181); Jorge Aníbal Masson (grupo de oficiales y suboficiales de la “Agrupación Tropas”); Bernardo Artemio Cabezón (segunda Sección de Baqueanos del Regimiento de Infantería de Montaña 26); José Marcelino Casanovas, Arsenio Lavayen y Raúl Artemio Domínguez (Segunda Sección de Baqueanos del Regimiento de Infantería de Montaña 26); y Claudio Alejandro Kussman (Unidad Regional V de Bahía Blanca de la Policía de la provincia de Buenos Aires).
En el caso del expolicía Héctor Jorge Abelleira (oficial principal de la Delegación Viedma de la Policía Federal) se lo condenó a 7 años de prisión por estos hechos, pero su pena fue unificada a prisión perpetua por la existencia de una condena previa.
Además, los jueces dictaron 20 años de prisión para Mario Horacio Torres (integrante del Comando del V Cuerpo de Ejército); 18 años y 6 meses de prisión para el profesional de la salud Adalberto Osvaldo Bonini; 18 años de prisión para el profesional de la salud Humberto Luis Fortunato Adalberti; 16 años de prisión para Roberto Carlos Brunello (jefe de la Compañía Combate “My Keller” del Batallón de Comunicaciones 181); 13 años y 10 meses de prisión para José Antonio Maidana (Batallón de Comunicaciones del Comando 181); 13 años y 2 meses de prisión para Alberto Rey Pardellas (Batallón de Comunicaciones del Comando 181); 13 años de prisión para el imputado Ricardo Claudio Gandolfo (Batallón de Comunicaciones del Comando 181), quien quedó con una pena unificada en 13 años y 6 meses de prisión; 13 años de prisión para Raúl Esteban Andrés y Eduardo Carlos Videla (Batallón de Comunicaciones del Comando 181); 12 años y 6 meses de prisión para Enrique Stel y Alejandro Lawless (Batallón de Comunicaciones del Comando 181); 8 años de prisión para Ernesto Ramón Etchart (jefe de sección de la Compañía Comunicaciones y Comando del Batallón de Comunicaciones 181); 7 años de prisión Martín Gutiérrez Velasco y Vicente Alfredo Flores (Batallón de Comunicaciones del Comando 181); 3 años para Jorge Horacio Rojas (grupo de oficiales y suboficiales de la “Agrupación Tropas” del Comando del V Cuerpo del Ejército). Se le unificó la pena en 10 años de prisión.
El único absuelto fue el imputado Carlos Alberto Ferreyra, aunque pesa sobre él otra condena previa a prisión perpetua.
“Estamos muy conformes con la sentencia. Más allá de que hubo penas más bajas que las pedidas, se reconocieron todas las responsabilidades (…). El único tema que nos preocupa es que no hicieron lugar al pedido de revocar las excarcelaciones. Hay personas como Kussman que pasan de estar libres a tener una perpetua, y consideramos que debería estar en la cárcel o al menos en domiciliaria, (porque) lo escuchamos en las últimas palabras decir que en algún momento había pensado en vengarse, con lo cual son numerosas las referencias directas e indirectas que hace a intimidaciones”, expresó el fiscal Pablo Fermento en la transmisión conjunta de FM de la Calle y La Retaguardia, realizada luego de conocerse la sentencia.
