“Las medidas de anunciadas de La Moncloa no consiguen amortiguar el impacto de la crisis energética en los hogares vulnerables, generando deudas y facturas imposibles para las familias en situación de vulnerabilidad”, denunciaba la Alianza contra la Pobreza Energética, una de las organizaciones clave en la lucha contra esta situación que afecta con diferentes grados a cerca de diez millones de personas en España.

Este colectivo junto con una docena de agrupaciones ambientales, sociales y académicas se reunirá este lunes con representantes del Gobierno para plantear una batería de medidas para amortiguar el efecto que la escalada de los precios de la energía está teniendo en las economías familiares. 

Una reforma integral del bono social eléctrico es una de ellas, una ayuda que desde su creación en 2009 no ha dejado de perder beneficiarios, pese a que en los últimos años las cifras de pobreza energética no han dejado de crecer. Actualmente este bono, de difícil y acceso y que solo cubre a las situaciones más extremas de pobreza energética, solo se aplica a 1,1 millones de personas. Con las medidas anunciadas este 28 de marzo, la ampliación de beneficios llegaría a unos dos millones de familias, una cifra “absolutamente insuficiente”, denuncian desde la organización de consumidores Facua.

La ampliación del bono social resulta “raquítica” para esta organización, que lleva meses pidiendo que se amplíen los beneficiarios para que puedan acceder a él todas las familias que no superen dos salarios mínimos.

Fuente: El Salto