Millones de estadounidenses se enfrentan a facturas de agua que cada vez son más elevadas y difíciles de pagar, según una investigación de The Guardian. Un análisis exclusivo sobre datos de 12 ciudades estadounidenses demuestra que el precio combinado del agua potable y el sistema de saneamiento ha aumentando una media del 80% entre 2010 y 2018 en EEUU. A más de un 40% de la población de algunas de las ciudades analizadas le resulta imposible pagar las facturas.
(Nina Lakhani – The Guardian – El Diario) EEUU – Se trata de la primera investigación de este tipo a nivel nacional y el análisis ha revelado el fuerte impacto de la crisis del agua que se extiende por Estados Unidos, donde infraestructuras anticuadas, limpiezas medioambientales, cambios demográficos y la emergencia climática han aumentado exponencialmente los precios del agua en casi todos los rincones del país.
La crisis de la falta de acceso al agua en Estados Unidos está empeorando justamente en un momento en que la pandemia del coronavirus ha puesto en evidencia la importancia del acceso al agua potable. La investigación ha demostrado que las facturas inasequibles no sólo afectan a los más pobres, sino también, y de forma cada vez mayor, a los estadounidenses con empleo.
«Cada vez más personas tienen dificultades para pagar las facturas, pero para los más pobres esto representa un gran problema», explica Roger Colton, un prestigioso analista de servicios públicos que ha trabajado junto a The Guardian estudiando la crisis de las facturas del agua. «Los datos muestran que en un gran número de ciudades de todo el país, cada vez más personas tienen problemas para pagar el agua, algo que no sucedía desde hace una década o incluso desde hace dos o tres años en el caso de algunas ciudades». Se considera inasequible una factura que excede el 4% de los ingresos familiares.
La investigación ha concluido que entre 2010 y 2018, las facturas de agua aumentaron al menos un 27%, mientras que el mayor aumento fue del 154% y lo ha sufrido la ciudad de Austin, Texas, donde la factura anual promedio pasó de 499 euros en 2010 a 1.266 euros en 2018, a pesar de que la lucha contra la sequía ha reducido el consumo de agua.
Al mismo tiempo, las ayudas públicas del Gobierno nacional a los servicios públicos de aguas –que abastecen al 87% de la población de EEUU– han caído en picado, mientras que se han disparado los costes de mantenimiento, las amenazas medioambientales, sanitarias y la crisis climática, entre otras cuestiones.
«Todo el país está amenazado por la emergencia del agua. La escala de esta crisis hace necesaria una transformación total de nuestros sistemas de acceso al agua potable. El agua no puede verse como una mercancía o un lujo para privilegio de los más ricos», afirma Mary Grant, activista por el acceso al agua dentro de la organización Food and Water Watch. En Washington, 90 legisladores de todo el país –todos demócratas– están impulsando amplias reformas de financiación para garantizar acceso a agua potable, limpia y asequible para toda la población de Estados Unidos.
La investigación de The Guardian ha concluido que es muy probable que esta crisis del agua empeore y que en muchas ciudades durante la próxima década las facturas del agua se vuelvan impagables para la mayoría de la población pobre.
En Austin, Texas, si el precio del agua sigue aumentando a la misma velocidad que ahora, para más de un 80% de los habitantes con bajos ingresos –que son por definición las personas que viven con menos del doble del umbral de pobreza nacional– será imposible pagar las facturas en el año 2030.
En Tucson, Arizona, otra sequía afectó a la ciudad y el número de habitantes con bajos ingresos con facturas de agua inasequibles se duplicó entre el 2010 y el 2018, llegando al 46% de esos hogares. La factura promedio tuvo un aumento del 119%, llegando a 767 euros.
Los aumentos de precios tienen un impacto desproporcionadamente más elevado en la población pobre. En Nueva Orleans, Santa Fe y Cleveland, aproximadamente el 75% de los vecinos de bajos ingresos vive en barrios donde las facturas del agua y el servicio de saneamiento son inasequibles.
Además de los aumentos de precios y la reducción de financiación pública, se ha extendido el uso de medidas punitivas como cortes de suministro y embargos (un reclamo legal a un hogar vinculado con una deuda puede llevar a una ejecución de la propiedad). Igual que en las ejecuciones hipotecarias, los cortes de suministro y los embargos pueden forzar a los habitantes a abandonar su hogar.
