Finalmente se concretó el traslado de 5 mujeres detenidas por causas federales que se encontraban en la Unidad Penitenciaria Nº 4 de la ciudad de Santa Fe hacia la cárcel federal de Ezeiza. El traslado se realizó a pesar de la movilización de familiares y organizaciones durante la semana pasada y sin mediar respuestas concretas a sus reclamos por parte de las autoridades.
De fondo se encuentra una puja política presupuestaria por el cobro de las sumas que la Nación debería pagarle a la provincia para el sustento de las personas detenidas dependientes de la justicia federal. Esta falta de acuerdo entre los poderes políticos acaba teniendo eco en el poder judicial, con sentencias que ordenan el traslado compulsivo de las mujeres, alejándolas de sus afectos y de su núcleo de vida social, económica y afectiva, imponiéndoles un plus de castigo ilegal e ilegítimo. Los traslados redundan también en la dificultad, sino directamente la imposibilidad, de mantener la participación en las instancias educativas y laborales, en retrocesos en los circuitos progresivos de las calificaciones de conducta y concepto, y obstaculizan su contacto con los jueces y defensores a cargo de sus causas. Vemos así que el único resultado de esta puja política es el agravamiento ilegitimo de las condiciones de detención de las mujeres detenidas.
Esta decisión ignora y contraría los estándares de derechos humanos que corresponden a toda persona privada de libertad y que rigen las condiciones y características de la ejecución de la pena vigentes en nuestro ordenamiento constitucional. Se opone también a las medidas alternativas a la privación de libertad en casos como los de estas mujeres, detenidas en su mayoría por delitos vinculados a la comercialización de drogas ilegalizadas, mientras que -como sabemos- los grandes ganadores del comercio millonario del narcotráfico forman parte de los sectores político y económicos dominantes y gozan de una impunidad asegurada.
Entre estas medidas la modalidad de arresto domiciliario ha sido recomendada por organismos internacionales, recogida en normativa internacional (Reglas de Tokio, Reglas de Bangkok, Reglas Mandela) y propuesta específicamente para el caso santafesino a fines del año pasado en el Informe “Maternidad en Contextos de Encierro: Mujeres y Niñxs encarceladxs y prisión domiciliaria en la ciudad de Santa Fe. Problemas y desafíos” elaborado por los Programas firmantes del comunicado. Asimismo, el Servicio Público de la Defensa Penal de la provincia de Santa Fe presentó un pedido de habeas corpus colectivo, correctivo y protectivo a favor de las mujeres detenidas con sus hijos y/o aquellas en condiciones de obtener el arresto domiciliario (entre las que se encontraban las mujeres hoy amenazadas por estos inminentes traslados colectivos) pedido que fue rechazado por el Juez Falkenberg y se encuentra aún sin resolución en la Cámara de Apelación de la provincia. Además, se encuentra en trámite un hábeas corpus colectivo y preventivo en favor de todas las mujeres que se encuentran privadas de libertad por causas federales en la Unidad Penitenciaria N º 4 en virtud de encontrarse agravadas ilegítimamente sus condiciones de detención ante la inminencia de su traslado.
A esta vulneración continuada de los derechos humanos de las mujeres detenidas llevada adelante por la acción y omisión de los poderes políticos, administrativos y judicial, se suma hoy la decisión de los jueces federales de ejecutar un traslado coactivo de las mujeres detenidas por causas federales en la ciudad de Santa Fe a cárceles federales, traslado efectivizado en el día de la fecha. Esta situación fue objeto de denuncias ante el INADI y en Centro de Acceso a la Justicia de Nación. En definitiva, esta situación configura abiertamente una grave situación de violencia institucional que denunciamos.
Exigimos el retorno inmediato de las detenidas por causas federales trasladadas a la unidad penitenciaria de Ezeiza. Nos solidarizamos con las mujeres detenidas y sus familiares y afectos, y convocamos al movimiento de mujeres y a las organizaciones sociales a sumarse a la denuncia de esta situación.
Firman: Programa “Delito y Sociedad” – UNL – Programa “Género, Universidad y Sociedad” UNL –
Programa de Educación Universitaria en Prisiones – UNL
Secretaría de Extensión| UNL Cándido Pujato 2751 – Teléfono: (0342)45751129 – E-mail: genero@unl.edu.ar – facebook.com/programagenero.unl
