Se realizará el martes 17 de mayo, a las 11, en el juzgado de calle Irigoyen 175 de la Ciudad de Neuquén, en la que el juez deberá comunicar su fallo frente a la carátula “femicidio”, los testigos y pruebas presentados por la querella, como así también la fecha del inicio del juicio. El 19 de setiembre de 2015, Noemí de 21 años recibió un disparo en la cabeza de manos de su pareja. Luego de agonizar en el hospital falleció a los dos días.
En una audiencia previa, la abogada querellante Gisella Moreira manifestó: “En la audiencia defendimos la carátula de femicidio. En 2012, con la reforma del Código Penal, se incorporó el femicidio como figura agravada del delito de homicidio simple, planteando la posibilidad de la cadena perpetua. Evidentemente no logró detener las muertes por violencia de género, como no lo hicieron las leyes 2785 y 2786 neuquinas de protección a las mujeres. Porque el origen de la violencia que terminó con la vida de Noemí es el régimen social en el que prolifera el abuso sexual, las redes de trata, la prostitución infantil amparado y en muchos casos organizado desde el Estado. Desde la familia y el Plenario de Trabajadoras defendemos la carátula de femicidio y vamos a ir a fondo en las responsabilidades del Estado en este crimen. Porque no olvidemos que Valdez estuvo prófugo, con varias identidades falsas y sólo fue apresado porque nos organizamos, nos movilizamos y desplegamos una campaña”
En este marco, las organizaciones sociales y de mujeres plantean: asistencia inmediata a las mujeres en situación de violencia; creación de Casas refugio y centros asistenciales con personal de planta, centros de atención en todos los hospitales públicos y privados y en todos los colegios, con personal de diferentes disciplinas en planta y atención las 24 horas y acceso completamente gratuito; legalización del aborto, campaña por la educación sexual en todos los niveles y anticonceptivos gratuitos; creación de un Consejo Nacional de las Mujeres con autonomía política y presupuestaria electo por todas las mujeres desde los 13 años; separación de sus funciones de todo el personal policial y judicial implicado en fallos discriminatorios contra mujeres violentadas.