Organizaciones de Mujeres y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto se movilizaron hoy martes en Buenos Aires, ante la entrega a la abogada de Belén en la Sala III de los Tribunales tucumanos de los fundamentos del fallo que condenó a esta mujer a 8 años de prisión sobre la base de una falsa acusación de “homicidio agravado por el vínculo” adjudicado a una práctica abortiva negada por la paciente y nunca comprobada por la querella.

Belén, tiene 27 años y está privada de su libertad desde hace más de dos años en la Provincia de Tucumán, en el norte de Argentina, por haber sufrido un aborto espontáneo en un hospital público. Tanto médicos como policías violaron su derecho a la privacidad y la acusaron injustamente y la maltrataron.
En la madrugada del 21 de marzo de 2014, Belén fue a la guardia del Hospital de Clínicas Avellaneda en San Miguel de Tucumán por dolores abdominales. La derivaron al Servicio de Ginecología porque tenía abundante sangrado. Allí, los médicos le informaron que estaba teniendo un aborto espontáneo de un feto de aproximadamente 22 semanas. Belén dijo que desconocía estar embarazada.
Personal del hospital encontró en un baño un feto e inmediatamente la denunciaron asumiendo que era el “hijo” de Belén, pero sin tener ninguna prueba ni análisis de ADN que probara su relación con el feto. Belén contó que un enfermero le trajo el feto en una cajita y la insultó por lo que le había hecho, argumentando que se trataba de su “hijo”. Cuando despertó del legrado en su cama, estaba rodeada por varios policías que inspeccionaban sus partes íntimas. Todos estos hechos pueden ser considerados tratos crueles, inhumanos y degradantes.
De acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos, toda información protegida por la confidencialidad de la relación médico-paciente que es revelada, incluso a funcionarios policiales, constituye una violación del derecho a la privacidad. Los médicos profesionales tienen una obligación de proteger la confidencialidad de la información a la que han accedido como parte del ejercicio de su profesión.
Belén fue detenida en prisión preventiva por más de dos años, acusada de haberse inducido un aborto. El fiscal de la causa luego cambió la acusación por la de homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía, que tiene una pena mayor de hasta 25 años de prisión. El 19 de abril, la Sala III de la Cámara Penal de Tucumán condenó a Belén a 8 años de prisión por homicidio y difirió la lectura de los argumentos de la sentencia al próximo 3 de Mayo. La defensa de Belén apelará la decisión y solicitará su libertad inmediata.