La Bancada del Agronegocio, compuesta por parlamentarios de diferentes partidos políticos, promueve una nueva Ley de Criminalización. En este caso, se busca penalizar con 6 años de cárcel a quienes protesten en las rutas del país. Ante este nuevo proyecto, organizaciones campesinas y de derechos humanos repudian la ley a la que califican como liberticida.

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