Informó a los 300 trabajadores del organismo que sus contratos no serán renovados, a pesar de que en diciembre se los habían garantizado por un año. De esta manera, a partir del 1 de marzo quedarán en la calle, lo que implica además el cierre operativo del SISU, encargado de la planificación, supervisión, acompañamiento de la ejecución de obras de urbanización en todo el país.
Bajo el lema “Los barrios populares no son la Casta. La SISU es agua, luz, trabajo y seguridad en la tenencia para un millón de familias”, organizaciones como la Asociación Trabajadores del Estado (ATE Capital) y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), denunciaron el desmantelamiento del organismo y sus graves consecuencias para las más de 5 millones de personas que viven en los 6.467 barrios populares del país.
El objetivo del SISU es, o era, llevar adelante proyectos de urbanización, proveer servicios esenciales como agua potable, cloacas, electricidad segura, pavimento, viviendas, escuelas, centros comunitarios y trabajo.
En estos años de funcionamiento se proyectaron más de 1.300 obras de infraestructura básica realizadas, de las cuales 734 se encuentran actualmente paralizadas; se generaron más de 150.000 puestos de trabajo; más de 250.000 Obras de Mejoramiento habitacional a través del Programa Mi Pieza; se entregaron 860.000 certificados de Vivienda Familiar, lo que brinda seguridad en la tenencia y protege a las familias de desalojos.
La disolución del fideicomiso Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), mediante el Decreto 312/2025, a pesar de una medida cautelar judicial que ordena no innovar y suspende la liquidación total de los activos, representa una amenaza directa a estos avances.
Ante esta situación, las organizaciones denunciantes han realizado jornadas de visibilización; una movilización el martes pasado; además de una campaña nacional de adhesiones a la continuidad de estas políticas públicas, con firmas digitales y manuscritas, dirigida a intendentes, legisladores, gobernadores, representantes de la Iglesia, cámaras profesionales, organizaciones sociales y vecinos de los barrios populares; y el pedido formal de audiencias y solicitudes de acceso a la información pública, para obtener precisiones sobre la situación presupuestaria, administrativa y estructural de la política de Integración Socio Urbana.
Fuentes: UTEP / Nota al Pie
