Este jueves 2 de octubre, el Senado de la Nación tratará la insistencia de la norma que fue vetada por el presidente Javier Milei, junto a la Ley de Emergencia en Pediatría. Por este motivo habrá convocatorias en todo el país. En la Plaza Congreso, se hará una radio abierta a partir de las 13. En este marco, docentes de la Universidad de Buenos Aires adelantaron que harán paro activo con asambleas, clases públicas y cortes de calle, entre otras acciones, los días previos a la sesión.
Cabe recordar que hace dos semanas la Cámara de Diputados votó a favor de la insistencia de ambas leyes. La Ley de Emergencia Pediátrica obtuvo 181 votos a favor y 60 en contra, mientras que la Ley de Financiamiento Universitario tuvo 174 votos a favor, 67 en contra y dos abstenciones.
El jueves 2 de octubre será el turno de la Cámara de Senadores. Una jornada que será acompañada por movilizaciones en todo el país, principalmente frente al Congreso de la Nación. Si el Senado confirma la insistencia de las leyes, el gobierno se verá obligado a promulgarla.

Los docentes agrupados en la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA) resolvieron un plan de lucha para los días previos a la sesión que incluirá paro activo con asambleas, clases públicas y cortes de calle, entre otras acciones, el lunes 29 y el martes 30 de septiembre, y el miércoles 1 de octubre.

La ley de financiamiento universitario contempla la recomposición del presupuesto universitario, la convocatoria paritarias y la actualización de salarios de docentes y no docentes de acuerdo con la inflación.

Al respecto, Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA, expresó: “De implementarse la ley, nuestros salarios tendrían una recuperación del 41,26% respecto a noviembre de 2023”. De esta manera, un docente con un cargo de ayudante de primera con dedicación semiexclusiva (20 horas de trabajo semanales) cobraría en noviembre un salario bruto de 564.316 pesos.

“Seguimos movilizados porque, más allá de que el Senado rechace el veto, todavía resta que el Gobierno aplique la ley. Vemos con preocupación que no haya aplicado la Ley de emergencia en discapacidad (…). El Gobierno sostiene que no tiene recursos para aplicar las leyes al tiempo que cede presupuesto público eliminando las retenciones a cerealeras y patronales agrarias”, agregó.