Lo resolvió el juez Jorge Adolfo López en relación a las causas iniciadas tras la represión llevada adelante por la Metropolitana en el Hospital Borda en abril pasado, en el marco de la defensa de los Talleres Protegidos que realizaban médicos y pacientes, ante el intento de desalojo que impulsaba el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El magistrado procesó a las cinco personas que fueron detenidas el mismo día de la represión: Susana Beatriz Bejarano, enfermera del Hospital Borda; Horacio Adolfo Melnik, trabajador de Talleres Protegidos; y Karina Valeria Maloberti, delegada de ATE- SENASA y miembros del Consejo Directivo de ATE Nacional, por los “delitos de atentado a la autoridad agravado en concurso ideal con desobediencia”; a Ángela Cristina Díaz Alem, enfermera y delegada de ATE del Hospital Garraham, por “delitos de atentado a la autoridad en concurso ideal con resistencia a la autoridad en concurso ideal con lesiones leves”; y a María Belén Revollo, periodista de “En Movimiento TV”-Movimiento Popular La Dignidad, por “resistencia a la autoridad”. En tanto, Daniel Catalano, secretario de Organización de ATE Capital, fue procesado por los delitos de “atentado a la autoridad” y “robo en grado de tentativa”.
A su vez, el juez López dejó a un solo efectivo de la Policía Metropolitana como imputado. Se trata del comisionado Martín Jorge Roth, retirado de la Policía Federal Argentina, y por los “delitos de abuso de autoridad en concurso ideal con lesiones leves –treinta y dos damnificados- en concurso ideal con lesión grave sufrida por Jacinto Cañete (arts. 45, 54, 89, 90, 248 del C.P., 306 y 310 del C.P.P.)”
Además, el magistrado sobreseyó a todos los funcionarios del gobierno porteño involucrados, desde Mauricio Macri; la vice jefa María Eugenia Vidal; el jefe de gabinete Horacio Rodríguez Larreta; el ministro de Desarrollo Urbano Daniel Chain; el ministro de Seguridad Guillermo Montenegro; hasta la ministra de Salud Graciela Reybaud.
Desde el Área de Derechos Humanos – ATE Capital, señalaron: “de esta manera, la parcialidad del juez quedó en evidencia, ya que no se hace cargo de la orden de no innovar que impedía al Gobierno de la Ciudad la demolición del Taller 19, desestimando por completo tanto la disposición de la justicia al respecto, como el valor histórico del predio aseverado por la Comisión Nacional de Museos y Monumentos y Lugares Históricos (04/10/2012). Al mismo tiempo desconoce la responsabilidad política sobre la cadena de mandos de los funcionarios del gobierno porteño que dieron la orden tanto para la demolición, como para la irrupción violenta de unos 200 efectivos de la Policía Metropolitana al interior de un hospital neuropsiquiátrico, sin previo aviso, sin ningún representante que se hiciera cargo del operativo, ni que inste al dialogo para evitar el desmadre al que condujeron, aquel nefasto 26 de abril, cuyas consecuencias sobre pacientes y familiares, trabajadores del hospital y manifestantes heridos aun continúan, sin contar el peligroso impacto medioambiental del asbesto (sustancia cancerígena) liberado por la demolición apresurada que no tomo las medidas de seguridad pertinentes”.
ATE Capital calificó además como “retroceso histórico” el hecho de que la justicia decida procesar a trabajadores que fueron a impedir que se consuma un delito, ya que sobre la demolición del Taller 19 regía una cautelar, en defensa de los bienes públicos, del patrimonio histórico de la ciudad y de las fuentes de trabajo.