James Anaya visitó el fin de semana pasado las provincias de la Puna Jujeña. Fue a Salinas Grandes donde se reunió con 33 comunidades de Jujuy y Salta que, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, demandaron a los Estados de Jujuy y Salta por la violación a sus derechos a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado, producido en el marco de los trabajos de exploración que llevaban adelante empresas interesadas en la explotación del litio.
(Calixta Quispe) Jujuy – Este caso ya era un tema conocido para el relator, ya que a mediados de este año fue él quien recibió en Ginebra a representantes de comunidades y sus asesores legales.
Anaya como máxima autoridad del sistema de Naciones Unidas en materia indígena, en un informe presentado el 11 de julio señaló que “las actividades de las industrias extractivas producen efectos que a menudo violan los derechos de los pueblos indígenas, y que los proyectos de extracción de recursos naturales (…) constituyen una de las fuentes más importantes de abuso de los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo”, porque socavan habitualmente el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas en las esferas política, social y económica.
Esta visita, más allá de adquirir testimonios, servirá para visibilizar esta denuncia y seguir mostrando la vulneración de los derechos de los aborígenes en Argentina. Sobre todo del Convenio 169 de la OIT y de la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, donde se reconoce los derechos a la libre determinación para poder decidir sus futuros, controlar sus propios territorios, participar en todas las decisiones que les afectan y poder determinar sus planes de desarrollo.
Estas comunidades también defendieron a las salinas y la producción de sal por ser un modelo económico ancestral.
A su vez, las mujeres indígenas describieron que para poder solventar sus estudios, deben insertarse en empleos precarios, en su mayoría en servicios domésticos, donde sufren maltratos, acosos y abusos económicos y hasta sexuales. Esta situación de vulnerabilidad se agrava por las dificultades para poder probar los casos de discriminación que no llegan a la justicia y finalmente quedan impunes.
Además Lorena Montes, coordinadora del Proyecto Mujer Jurisprudencia Indígena, relató a James Anaya las deficiencias que presentan en el ámbito rural las escuelas albergues, que no cuentan con docentes capacitados para atender a una población que precisa en forma diferencial del servicio educativo. Puso de relieve la falta de adecuación cultural de los currículos y la ausencia de una infraestructura adecuada que garantice la integridad de las mujeres. “Muchas veces en los albergues por las condiciones edilicias las mujeres son expuestas a situaciones de abuso, que se facilitan además cuando las niñas quedan al cuidado de varones”. En esta línea, refirió, casos de abusos sexuales, que por lo general se conocen después de un largo tiempo cuando las niñas pueden hablar. Estos casos, advirtió no tienen el tratamiento administrativo adecuado y, por el tiempo que transcurre hasta que pueden denunciarlo, se dificulta la aportación de la prueba que exige el sistema de justicia, de manera que quedan impunes, alertó.
Magdalena Cruz, al igual que sus pares, relató cómo el proceso de emigración a las ciudades afecta la identidad misma de las mujeres indígenas, obligadas a abandonar sus prácticas culturales, su vestimenta, y hasta la lengua, en aquellos casos donde aún conservan su expresión originaria.
Fuentes :jujuyaldia.com, diariomas.com
