El derrumbe del poder de compra, el freno total a la obra pública y la apertura indiscriminada de importaciones asfixiaron al mercado interno. Sin demanda, las empresas locales no venden y sus márgenes de ganancia se desploman. Por Luciana Censi (*) – Indymedia.

Frente a este escenario, las patronales optan por liquidar activos, desinvertir y deshacerse de los trabajadores al menor costo posible. La prioridad es una sola: evitar la chispa de la conflictividad social —tomas de planta, cortes de ruta o huelgas extendidas— que históricamente caracterizó a la región, hoy neutralizada con el auxilio de la reforma laboral.

El cordón industrial asiste al cierre intempestivo de establecimientos con un rasgo de época: la indemnización íntegra e inmediata casi no existe. Se imponen pagos en cuotas o se arrastra al trabajador a juicios interminables. Esta violencia patronal que expulsa a familias enteras de un día para el otro, opera en muchos casos sin resistencias que estén a la altura del daño.

La trampa burocrática y el chantaje del desempleo
Ante la primera protesta en los portones, el conflicto se empantana de inmediato en el Ministerio de Trabajo bajo la conciliación obligatoria: no se auditan los números de las empresas, no se reactivan las máquinas y el tiempo ganado no se utiliza para reorganizar la fuerza laboral. La medida opera simplemente como un freezer que traslada el conflicto de la fábrica a los expedientes.

En ese compás de espera, la extorsión económica hace su trabajo. Con miles de desocupados, subocupados e informales golpeando puertas afuera, el miedo disciplina: quedarse a pelear por una fábrica vaciada parece una condena a no cobrar un solo peso.

La soledad del acuerdo y el saldo final
Ahí la resistencia colectiva se quiebra y ganan terreno los “retiros voluntarios”. El obrero queda completamente solo frente al empleador, en una supuesta negociación entre partes “libres e iguales” que en realidad es una rendición forzada por el hambre. El trabajador no elige irse; acepta una suma a la baja para garantizar la subsistencia de los próximos meses. El Estado corona el engranaje: su único rol es homologar el trámite para exhibir una falsa “paz social”.

Al final del circuito, el negocio cierra perfecto: la empresa liquida su planta sin huelgas ni ocupaciones; el gobierno publicita el orden; y los trabajadores quedan en la calle, descartados como piezas que ya no rinden ganancia. Cuando este mecanismo se vuelve la norma cotidiana, el estallido deja de ser una hipótesis y pasa a ser cuestión de tiempo.

(*) Luciana Censi es abogada laboralista y asesora sindical.