El Foro Hídrico de Lomas de Zamora emitió un comunicado donde rechazo el avance privatizador de la empresa de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), tras la apertura de las ofertas económicas. Transcribimos el comunicado.
Desde el Foro Hídrico de Lomas de Zamora expresamos nuestro rechazo al avance del proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), luego de que el Gobierno nacional concretara la apertura de las ofertas económicas para la venta del 90% de las acciones de la empresa.
La oferta más elevada fue de US$340,2 millones, presentada por el consorcio integrado por Rowing, Arcos Saneamento e Participações, Transclor y PHX Aqua. AySA presta los servicios de agua potable y saneamiento a alrededor de 14 millones de personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires y la concesión se extenderá por 30 años, con posibilidad de una prórroga de otros diez.
Para quienes desde Lomas de Zamora venimos luchando desde hace décadas por el acceso al agua potable, las cloacas, las obras hídricas y la protección de nuestros cursos de agua, esto no constituye una operación empresarial más.
Lo que está en discusión es quién controla un servicio público esencial, cómo se financiarán las obras necesarias, cuánto pagarán los usuarios, qué niveles de cobertura se alcanzarán y qué garantías existirán para que la prestación esté subordinada al interés público y no a la rentabilidad de una empresa privada.
Las tarifas: el usuario como fuente principal de ingresos
Uno de los aspectos centrales del nuevo esquema es el régimen tarifario que regirá durante el primer ciclo de la concesión privada, entre 2027 y 2031.
El Gobierno sostiene que durante esos cinco años no habrá un aumento real de fondo. Pero eso no significa que las tarifas queden congeladas.
El contrato establece mecanismos de actualización periódica mediante el coeficiente K, vinculado a la evolución de los costos, y un Factor C, que puede modificar la tarifa en función del cumplimiento de determinadas metas de calidad y prestación. Recién durante el cuarto año del ciclo se prevé una revisión integral que determinará la estructura tarifaria del período siguiente. Además, se estableció una tasa de retorno del 8,90% anual para el primer ciclo tarifario.
Por lo tanto, el debate no puede reducirse a si habrá o no un aumento inmediato de la factura.
La cuestión de fondo es qué parte del costo de las obras, del mantenimiento, de la expansión de las redes y de la rentabilidad del concesionario terminará siendo soportada por los usuarios a través de las tarifas.
El propio Plan de Acción aprobado por el ERAS establece una Base de Activos Regulatorios inicial de aproximadamente $790.074,6 millones, sobre la cual se determinan inversiones reconocidas y la rentabilidad regulada.
Esto significa que debemos discutir con claridad qué modelo de servicio se está construyendo: si el objetivo es garantizar el acceso universal al agua y al saneamiento o garantizar, en primer término, el equilibrio económico y la rentabilidad de la concesión.
¿Quién paga las obras?
El nuevo contrato establece una inversión mínima de aproximadamente US$2.000 millones durante los primeros cinco años y compromisos de inversión que superan los US$15.000 millones a lo largo de los 30 años de concesión.
Pero el propio esquema contempla la posibilidad de que determinadas obras sean financiadas por municipios, provincias o el Estado nacional. Esas inversiones pueden quedar fuera del cálculo tarifario, mientras la concesionaria continúa operando y supervisando técnicamente las redes.
Esto abre una pregunta fundamental:
Si el Estado, las provincias y los municipios deben seguir aportando recursos para ampliar la infraestructura, ¿qué se está privatizando exactamente y quién termina financiando la expansión del servicio?
Porque una cosa es que una empresa privada administre un servicio y otra muy distinta es que el Estado continúe poniendo los recursos para construir la infraestructura mientras el privado administra la prestación y obtiene una rentabilidad regulada.
La cobertura no puede esperar 40 años
También resulta preocupante el ritmo de expansión previsto.
Según las metas establecidas para la nueva concesión, la cobertura de agua potable debería alcanzar el 75,3% en 2031, llegar al 78,9% en 2036 y superar el 90% recién al finalizar los 30 años. En materia de saneamiento, se proyecta llegar al 63,9% en 2031, al 65,3% en 2036 y a un mínimo del 75% al finalizar la concesión.
La cobertura universal queda proyectada para una eventual extensión de otros diez años. Es decir, hasta 40 años de concesión.
Desde Lomas de Zamora conocemos perfectamente lo que significa que una obra de agua o cloacas quede postergada durante años.
Por eso no aceptamos que las necesidades de saneamiento de nuestros barrios sean consideradas simplemente una meta futura de una concesión.
El acceso al agua potable y a las cloacas no puede depender del ritmo que resulte más conveniente para la rentabilidad del concesionario.
La falta de redes cloacales, el deterioro de la infraestructura, la contaminación de los cursos de agua y la ausencia de obras tienen consecuencias sanitarias y ambientales concretas. Y esas consecuencias recaen especialmente sobre los sectores más vulnerables y sobre las niñeces.
La tarifa social no resuelve el problema de acceso
El Gobierno también señala que la tarifa social continuará bajo la nueva concesión. Actualmente alcanza a alrededor de 160.000 usuarios sobre unos 3,8 millones de usuarios de AySA.
Pero una política de acceso al servicio no puede limitarse a una tarifa social para una parte de los usuarios.
Debe garantizarse que ninguna familia quede excluida del acceso al agua y al saneamiento por razones económicas, y que la imposibilidad de afrontar una factura no se transforme en una amenaza sobre un servicio esencial.
El problema tarifario tampoco afecta únicamente a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Las familias de ingresos medios, jubilados, trabajadores, comerciantes, pequeñas y medianas empresas, industrias e instituciones también afrontan las consecuencias de una estructura tarifaria que traslada progresivamente los costos del sistema a los usuarios.
Y si determinados sectores no pueden afrontar las facturas, la presión sobre quienes sí pueden pagarlas puede aumentar, incrementando los costos de los hogares y de las actividades productivas.
Una empresa estratégica que se entrega en un proceso judicialmente cuestionado
A todo esto se suma que la privatización avanza mientras permanece vigente una medida cautelar promovida por el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y confirmada por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata.
La resolución judicial impide que AySA modifique, reduzca, limite, suspenda o altere sus obligaciones vinculadas con el acceso al agua potable, la salud pública, el ambiente sano y la adecuada prestación del servicio público esencial, mientras se evalúan integralmente los aspectos ambientales, sanitarios e institucionales involucrados. La causa fue remitida a la Justicia Federal.
El fallo no anuló formalmente la privatización, pero sí estableció un límite concreto: el proceso no puede utilizarse para reducir el piso de garantías y obligaciones que actualmente tiene la prestación.
Por eso reclamamos que el Gobierno respete plenamente las decisiones judiciales y que ninguna modificación del régimen de prestación implique un retroceso en materia de calidad, cobertura, salud pública o protección ambiental.
¿Cómo se valuó AySA?
Existe además una cuestión que requiere explicaciones públicas: la determinación del valor de la empresa que se está transfiriendo.
El proceso de valuación fue realizado mediante un mecanismo distinto al que originalmente hubiera correspondido al Tribunal de Tasaciones de la Nación. La tasación de referencia fue realizada por el BICE y permaneció reservada durante el proceso. A su vez, legisladores integrantes de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones cuestionaron el procedimiento y denunciaron ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas presuntas irregularidades vinculadas con la valuación y con la falta de acceso a la documentación técnica.
Esto adquiere particular relevancia cuando el Ministerio de Economía esperaba obtener alrededor de US$500 millones, mientras que la oferta finalmente presentada por el 90% de las acciones fue de US$340,2 millones.
Por eso exigimos que se conozcan públicamente los criterios, antecedentes, metodología e informes utilizados para determinar el valor de AySA.
No afirmamos que una diferencia entre la expectativa y la oferta permita por sí sola determinar el valor real de la empresa. Pero sí sostenemos que una operación de esta magnitud exige absoluta transparencia sobre cómo se determinó el precio de transferencia de una empresa construida durante décadas con recursos públicos.
AySA no es una empresa cualquiera
AySA administra una infraestructura esencial para millones de personas: plantas potabilizadoras, plantas de tratamiento, redes, estaciones de bombeo, cañerías e instalaciones construidas y ampliadas durante décadas.
Y el propio contrato reconoce que la infraestructura incorporada durante la concesión permanecerá como activo estatal al finalizar el vínculo.
Hay que discutir qué patrimonio se entrega, qué obligaciones asume el privado, qué financia el Estado, cuánto pagan los usuarios, qué obras se realizarán, qué cobertura se alcanzará, qué controles existirán y qué garantías tendrán los habitantes del AMBA durante los próximos 30 o 40 años.
Lomas de Zamora tiene una historia de lucha por el agua y el saneamiento
Desde la década de 1990, Lomas de Zamora ha sido protagonista, junto con organizaciones históricas de otros distritos, de las luchas por el agua, las cloacas, las obras de infraestructura y contra los procesos de privatización que ya atravesó nuestro sistema sanitario.
Nuestra experiencia demuestra que cuando se abandona la planificación pública y se deja librada la expansión de los servicios exclusivamente a una lógica económica, los barrios populares y las zonas históricamente postergadas son los primeros en quedar relegados.
Por eso hemos llevado esta preocupación a los ámbitos municipales, provinciales y nacionales, junto con organizaciones sociales, ambientales, sindicatos, partidos políticos, asociaciones de usuarios, asambleas y vecinos.
También encontramos en el Honorable Concejo Deliberante de Lomas de Zamora la escucha y el acompañamiento de concejales que comprenden la importancia de defender el carácter público de los servicios de agua y saneamiento y de rechazar su privatización.
Esta lucha no es patrimonio de una organización.
Es una preocupación que atraviesa a los barrios, a los trabajadores, a los usuarios, a los comerciantes, a las instituciones y a todos quienes dependen de AySA para acceder a un servicio indispensable.
Defender el agua es defender la salud. el ambiente y el futuro
Desde el Foro Hídrico de Lomas de Zamora reclamamos:
- Transparencia absoluta sobre la valuación y las condiciones económicas de la transferencia de AySA.
- Respeto irrestricto a las decisiones judiciales y a las obligaciones de la empresa en materia de agua potable, saneamiento, salud y ambiente.
- Tarifas accesibles y previsibles, que no excluyan a ningún usuario del servicio.
- Inversión y expansión de las redes de agua y cloacas de acuerdo con las necesidades reales de la población.
- Control público efectivo sobre la calidad, las obras, las tarifas y el cumplimiento de las obligaciones de la concesionaria.
- Participación de usuarios, municipios, organizaciones sociales y ambientales en las decisiones que afectan un servicio esencial.
- Garantías para que la búsqueda de rentabilidad empresarial no se traduzca en menor calidad, menor cobertura, postergación de obras o mayores cargas para los usuarios y para el Estado.
El agua y el saneamiento no son una mercancía más.
Son servicios indispensables para la vida, la salud, la dignidad y el desarrollo de nuestras comunidades.
Por todo esto, el Foro Hídrico de Lomas de Zamora repudia el avance de la privatización de AySA y continuará trabajando junto a las organizaciones sociales, ambientales, sindicales, políticas, vecinales y de usuarios para defender el carácter público de estos servicios.
EL AGUA ES UN DERECHO.
EL SANEAMIENTO ES UN DERECHO.
AYSA SE DEFIENDE.
Foro Hídrico de Lomas de Zamora
