A partir del miércoles 25 de noviembre comenzará el debate oral ante el Tribunal en lo Criminal 1 de La Matanza, en San Justo, contra el policía Matías Alejandro Vizgarra Riveros, un efectivo de la Policía Bonaerense (UTOI), imputado por homicidio calificado criminis causa y robo calificado por el uso de armas del maestro Cristian Pereyra, ocurrido el 15 de marzo de este año. Por Agencia Andar.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) participan del expediente como particulares damnificados en representación de la familia Pereyra. En los últimos días casi un centenar de organizaciones de derechos humanos, sociales y sindicales solicitaron ser tomados en la causa como amicus curiae, y que el juicio sea público, con garantía efectiva de la publicidad de todo el debate.

Pereyra era docente de una escuela técnica y como muchos de sus compañeros y compañeras no llegaba a fin de mes. La noche de su muerte estaba realizando viajes en la plataforma de Didi y fue así que subió a su auto el policía Vizgarra Riveros, que se hizo pasar por pasajero, le robó el auto y lo terminó asesinando de cinco disparos por la espalda, para luego irse a trabajar “como si nada hubiera pasado”. Con estas palabras, Brenda Pereyra había contado a ANDAR la secuencia en la cual este policía bonaerense mató a su hermano en la autopista Presidente Perón, mano a Ezeiza. “Lo hizo con su arma reglamentaria, aunque estaba fuera de servicio, por eso queremos saber cuál es la responsabilidad estatal en este caso”, agregó.

Las hermanas del maestro asesinado, Brenda y Victoria, consideran que aún falta develar la red de encubrimiento del caso. Como botón de muestra, exigen saber con quiénes se comunicó el policía que le quitó la vida a Cristian.

En el escrito de elevación a juicio el fiscal Adrián Arribas afirmó que “en cuanto al aspecto probatorio en concreto que, tanto la materialidad ilícita como la autoría, y participación del imputado, se encuentra debidamente acreditada con la certeza que este estadio procesal requiere, según resulta de mi sincera convicción y en base a los elementos probatorios”. En su dictamen, detalló los testimonios, las imágenes de cámaras de seguridad públicas y privadas, los informes de balística, de telefonía celular y de la aplicación Didi, y el resultado de la autopsia.

Vizcarra Riveros tiene 23 años y es integrante de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI). Para describir lo sucedido, el fiscal Arribas expresó que “en ejecución de un designio previamente orientado al desapoderamiento ilegítimo, el imputado generó las condiciones para consumar el ilícito patrimonial, abusando de la confianza de la víctima en la relación contractual temporaria previamente asumida por ambos. Fue entonces cuando, con pleno dominio de la situación y aprovechando esa relación que lo unía momentáneamente a Cristian Eduardo Pereyra, Vizgarra Riveros desplegó una conducta violenta de máxima intensidad, dirigiendo contra aquél una agresión letal”. La fiscalía considera que “el ataque, lejos de constituir un exceso o una reacción improvisada, se inscribió dentro de la lógica del plan criminal, teniendo por finalidad inmediata neutralizar cualquier resistencia y, de modo mediato, evitar la posterior identificación del autor”.

Familiares y compañeros del profesor se movilizaron junto al Suteba La Matanza hasta la Fiscalía que lleva la causa para realizar una serie de planteos. Las hermanas pidieron que sea investigado en profundidad el celular del policía. Ellas consideran que hay evidencia de que borró mensajes a un compañero del hospital Evita a las seis de la mañana y a las nueve, preguntando si había llegado un herido de bala, y luego ese mensaje no aparece.

Cristian Pereyra tenía 39 años, una hija de tres llamadas Olivia y daba clases en las escuelas 8 y 10 de La Matanza. Como el sueldo no le alcanzaba, comenzó a hacer viajes con su auto para la app Didi.

La lucha por el esclarecimiento del caso está acompañada por sindicatos docentes y partidos de izquierda, cuyos referentes señalan que el profesor se ha convertido en un emblema de la precarización salarial que afecta a los trabajadores y trabajadoras de la educación, así como del gatillo fácil que impera a manos de la Policía Bonaerense, y del todo el país. En los últimos días casi un centenar de organizaciones de derechos humanos, sociales y sindicales solicitaron ser tomados en la causa como amicus curiae.