El juez Maximiliano Boga Doyhenard, del Juzgado Contravencional de la Segunda Circunscripción Judicial de General Pico, multó a la docentes Ana Contreras con casi un millón de pesos y la sancionó penalmente por abordar en el aula contenidos sobre Derechos Humanos y Terrorismo de Estado en Argentina, que derivaron en una discusión sobre la ocupación israelí trabajada desde el marco del derecho internacional humanitario. Compartimos documento para sumar adhesiones para exigir su absolución, además de un comunicado del Sindicato de Trabajadores de la Educación Pampeana (Sitep).

Documento para sumar adhesiones:

Absolución para Ana Contreras: un ataque a la libertad de expresión en el aula

El pasado 9 de abril, el juez Maximiliano Boga Doyhenard del Juzgado Contravencional de la Segunda Circunscripción Judicial de General Pico, La Pampa dictó una sentencia inédita y alarmante: una docente, Ana Contreras fue multada con casi un millón de pesos y sancionada penalmente por abordar en el aula saberes sobre Derechos Humanos y Terrorismo de Estado en Argentina que derivaron en una discusión sobre la ocupación israelí trabajada desde el marco del derecho internacional humanitario.

Hoy lanzamos un llamado urgente a la acción: necesitamos el respaldo masivo de organizaciones sociales, sindicatos, periodistas, medios de comunicación y figuras públicas para frenar este ataque a la educación pública, laica y gratuita. El plazo es crítico: la defensa de Ana presentará la apelación en los próximos 5 días (venciendo el miércoles 16 de abril), por lo que la difusión inmediata y la presión colectiva son esenciales.

La figura utilizada para imponer esta pena fue la de “maltrato psicológico”, una herramienta legal creada para proteger a víctimas en situaciones de abuso o dependencia, ahora desvirtuada para censurar contenidos curriculares y debates fundamentales en el ámbito educativo. Esta reinterpretación abre un precedente gravísimo: cualquier contenido sensible o controversial podría ser judicializado, atentando directamente contra la libertad de cátedra y el derecho a la formación ciudadana crítica.

La condena a Ana no es un caso aislado, sino la manifestación visible de un problema más profundo. Durante más de un año, fue sometida a un agotador proceso judicial que, tras culminar en un juicio y una sentencia condenatoria, dejó secuelas en su salud mental, compromete su situación económica y su trayectoria profesional. Sin embargo, el impacto trasciende lo individual: esta decisión judicial envía un alarmante mensaje colectivo al sistema educativo, donde el ejercicio de la enseñanza crítica podría convertirse, en la práctica, en un acto punible.

El denunciante, padre de dos alumnas, ya había intentado impedir previamente contenidos de Educación Sexual Integral (ESI), pese a que estos están garantizados por la Ley Nacional 26.150. Este patrón de denuncias revela una estrategia sostenida: usar el sistema judicial para imponer una agenda ideológica en las escuelas, vulnerando tanto la libertad docente como el marco normativo vigente que concibe que los alumnos son sujetos de derechos no propiedad de sus progenitores.

La educación pública no puede quedar a merced de la censura ni de intereses particulares que desvirtúan los valores democráticos. Esta sentencia contradice los principios consagrados en la Constitución Nacional, así como tratados internacionales que garantizan la libertad de expresión, de pensamiento y de enseñanza.

Para adherir al pedido de absolución ingresar AQUÍ

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Reproducimos comunicado de la Comisión Directiva del SiTEP:

EL MALESTAR DOCENTE CRECE

Las/os trabajadoras/es de la educación, nucleadas en el SiTEP, queremos manifestar nuestra preocupación y malestar por las situaciones recientes. No sólo el salario que no alcanza o las condiciones laborales que se deterioran o precarizan, sino que también vivenciamos violencia simbólica de diversas maneras.

El caso de la docente denunciada penalmente en General Pico, enciende las alarmas de cómo un posicionamiento fundado e incluso con respaldo internacional (la situación de Gaza es considerada por La ONU como un genocidio del estado de Israel, como el accionar de Hamas es catalogado como un acto terrorista), se convierte en una revisión judicial acerca de la libertad de cátedra, los principios en las ciencias sociales sobre objetividad y subjetividad; todo esto en un contexto nacional instalado sobre el “adoctrinamiento”, y el rechazo a las políticas y perspectivas de la ESI, y la defensa de los Derechos Humanos. Por eso, preocupa y genera temor el simple dictado de clases, donde la construcción del saber es colectiva y plural, del mismo modo, que el respeto a diferentes posiciones con niveles de fundamentación científica.

Rechazamos cualquier intento de persecución y amedrentamiento sobre las y los docentes.

Nuestra labor genera un nivel de exposición considerable, necesitamos cuidado y protección.

Esto se complejiza cuando hoy, cualquier persona, docente o estudiante, tiene una celular con cámara que puede generar contenido, que de forma descontextualizada, resulta maliciosa. Las redes sociales, se han transformado en un canal de escrache público donde no se miden consecuencias, ni afectaciones. Las movidas “justicieras” pueden tener legitimidad o no, pero los procedimientos de tomar fotos o imágenes de perfiles privados, constituyen un delito en sí mismo. Nos referimos al caso de la directora santarroseña. El escarnio público, distorsiona problemáticas que deben ser enfocadas y resueltas de manera correspondiente, y si dichos mecanismos no funcionan, debemos pensar en cambiarlos o perfeccionarlos. No implementar nuevos desajustes.

Por último, también reclamamos a la patronal que cambie su posición de hostigamiento hacia las docentes. En primera instancia, sobre la modificaciones del SAGE, que parece instalarse según la conveniencia: huelga provincial, no; huelga nacional, sí. Los pedidos de aclaración de las razones particulares, generan la misma desazón (nos piden fundamentación, de algo que por su denominación, resulta personal y privado). También en el contexto, que las políticas públicas, se hacen cómo bajadas unidireccionales y sin construcción de consensos con las que ponemos el cuerpo y el alma, todos los días en las escuelas y colegios de la provincia.

Por todo esto, el malestar docente crece…

Comisión Directiva SiTEP (Sindicato de Trabajadores de la Educación Pampeana)