El empresario Sergio Tasselli debía declarar hoy ante la justicia por ser el responsable del vaciamiento de la empresa estatal Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCRT), cuando estuvo al frente de la concesión para explotar las minas de carbón de Río Turbio, en la provincia de Santa Cruz.
(Fabiana Arencibia-Red Eco) Ciudad de Buenos Aires – Taselli fue citado a prestar declaración indagatoria en el Juzgado Nº 12, a cargo del Juez Federal Sergio Torres.
La denuncia contra el empresario la presentaron en el año 2001 Atanasio Pérez Osuma (Diputado provincial del Partido Justicialista por Santa Cruz) y Héctor Raúl Wanzo, quien entonces era trabajador minero y secretario general de ATE Río Turbio por la Lista Negra.
Lo acusan de posibles delitos de vaciamiento, administración fraudulenta, contrabando calificado y otros delitos provocados entre 1994 y 2002, cuando explotó la concesión con la empresa YCRT S.A.
En febrero de 2008, el Juez Torres lo había sobreseído pero el Fiscal y Wanzo – como querellante – apelaron la medida. La Cámara de Apelaciones revocó entonces ese fallo y ordenó que se siga investigando
El negociado de Taselli comenzó a perfilarse cuando el 23 de agosto de 1989 el entonces presidente Carlos Menem resolvió la privatización de la explotación de la empresa Yacimientos Carboníferos Fiscales Empresa del Estado.
Tuvieron que pasar seis años para que en febrero de 1995, se creara la Comisión Fiscalizadora de la concesión del yacimiento carbonífero. Este ente estatal debía fiscalizar el cumplimiento de los contratos de usufructo y concesión.
Al frente del mismo estaba Daniel Cameron, quien es actualmente Secretario de Energía del Gobierno Nacional.
Pero los controles no se hicieron y si bien la concesión era para explotar por 10 años la mina, terminó el 25 de abril de 2002 cuando la sociedad concesionaria con Taselli a la cabeza (YCRT SA) se presentó en concurso preventivo.
A Taselli – quien tiene en su historia varias empresas fundidas, como Parmalat y FFCC San Martín – se lo acusa además de haber desviado fondos de los subsidios y bienes del Estado en beneficio de sus propias empresas que, cuando en 2002 YCRT SA se presentó en Concurso de Acreedores (que se presume fraudulento), aparecieron como los acreedores de la Carbonífera.
También está acusado de haber realizado maniobras contables para evadir impuestos, incumplir el compromiso de reintegrar bienes muebles e inmuebles del Estado que estaban a su guarda, abandonar hasta su destrucción locomotoras, materiales rodantes de todo tipo, los grandes talleres de reparaciones, incumplir los compromisos de producción acordados, y abandonar el Yacimiento Carbonífero, dejándolo improductivo.
En noviembre de 2001 se realizó una auditoría sobre la empresa YCRT de la cual resultó que gran parte de los equipos y maquinarias, que estaban en el inventario como existentes, no se encontraron físicamente en el yacimiento. Todo era patrimonio estatal y fue desapareciendo paulatinamente.
Allí figuraban, entre otros, 12 Grupos electrógenos por valor de casi 900 mil pesos/dólares, 2 transformadores por 25mil y una máquina turbogas por casi 5 millones. De esta última, está clara la maniobra para quedarse con los subsidios del Estado porque la empresa que la vendió hizo dos facturas con un mes de diferencia que sin embargo tienen números correlativos.
El vaciamiento provocado por Taselli preparó el escenario para que a mediados de junio de 2004, cuando la empresa comenzó a producir en condiciones de vaciamiento y casi destruida, se produjera un accidente en la Mina 5 que sepultó a 14 mineros.
El Expediente Judicial tiene hoy más de 12 cuerpos y de 2.400 fojas. La presentación de Héctor Raúl Wanzo en la que pide la indagatoria, destaca que el propio ex interventor Eduardo Ariel Arnold estimó, en declaración judicial, un perjuicio de 180 millones de dólares para el Estado Nacional.
Sergio Taselli sigue el mismo camino en Paraguay. En ese país, desde el 23 de abril los trabajadores de Aceros del Paraguay SA (Acepar) luchan para que se cumpla el Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo pero también exigen que se terminen “las persecuciones y violaciones a los derechos humanos, perpetrados por la administración del italo-argentino Sergio Taselli, propietario del 66% de las acciones de la empresa”.
Contacto: Héctor Raúl Wanzo 02966-15-633-727.
