El 13 de junio la Legislatura porteña aprobó con una amplia mayoría una modificación al Código Procesal Penal que tiene impacto en el debido resguardo a las libertades civiles y, lo que resulta preocupante en este contexto, es el Derecho a la Protesta.

A pesar de la oposición de un sector que venía alertando sobre el carácter punitivo y restrictivo de esta norma, el Gobierno porteño junto a otros sectores avanzó en la aprobación de una normativa que habilita mayor discrecionalidad a funcionarios y funcionarias  judiciales y con antecedentes de haber sido utilizada para limitar la libertad de manifestación y de expresión.

Si bien se argumenta que esta reforma busca combatir la inseguridad y el crimen, en realidad abre la puerta a la represión de miembros, militantes y referentes de las organizaciones populares que se oponen a las políticas gubernamentales a nivel local o nacional.

Esta nueva disposición permite la prisión preventiva de cualquier persona que tenga procesos penales en curso, o sea que aun no se ha probado su culpabilidad y no ha recibido condena, lo cual va en contra del principio de presunción de inocencia consagrado en las leyes nacionales e internacionales. Aunque se menciona la excepción para casos relacionados con la libertad de expresión y manifestación, la cláusula restrictiva que limita esta protección a delitos contra la persona o la propiedad deja abierta la posibilidad de detener a manifestantes por presuntos daños durante las protestas.

Es fundamental prestar atención a este avance en la criminalización de la protesta, ya que la mayoría de las personas detenidas durante movilizaciones son acusadas de daños y resistencia a la autoridad. Esta reforma, localizada hoy en el epicentro de las manifestaciones, afecta gravemente el derecho de las organizaciones a expresarse en distintos ámbitos institucionales en la ciudad.

Genera una gran preocupación la aprobación de esta norma a un día de la represión ocurrida en las inmediaciones del Congreso de la Nación donde fueron detenidas 33 personas que ejercían su legítimo derecho a protestar. Aún 5 de estas personas se encuentran presas sin pruebas que sostengan los delitos mayores que se les imputan.

Fuente: Dirección de DDHH y Monitor de Respuestas Represivas