En la convocatoria de emergencia llevada adelante en Plaza Congreso en la tarde del lunes, las organizaciones denunciaron persecución judicial y criminalización de la protesta detrás de los allanamientos irregulares y simultáneos sufridos por referentes de diferentes agrupaciones, tanto en locales como en domicilios particulares, en las últimas horas.
Tanto los y las dirigentes como las asesoras legales advirtieron que estos operativos fueron “ilegales” ya que se realizaron de la noche; que hubo “amenazas, actos intimidatorios, allanamientos sin testigos, llevándose cosas que no tenían que llevarse”; e indicaron que el expediente tiene secreto de sumario, por lo que aún no se tiene información sobre las causas. Además de las abogadas, durante la conferencia hablaron Eduardo Belliboni del Polo Obrero, Charly Fernández del FOL, Hugo Godoy de la CTA Autónoma, Alejandro Gramajo de UTEP, y Carlos Lordkipanidse del Encuentro Memoria Verdad y Justicia, entre otros.
El dirigente nacional del Polo Obrero Eduardo “Chiquito” Belliboni denunció que en el caso del local central del Polo Obrero, lo primero que hicieron los allanadores fue apagar las cámaras de seguridad. “Quisieron hacerlo en la clandestinidad”, cuestionó, e inscribió estos allanamientos dentro de una ofensiva represiva más general que incluyó el desalojo violento de las organizaciones en la avenida 9 de Julio, durante una protesta, y acusó al gobierno de querer “destruir la organización popular”.
“Charly” Fernández, del FOL, quien sufrió un allanamiento en su propio domicilio, denunció que “muchos de los allanamientos fueron en barrios populares, en villas de emergencia”, y que hubo “frases xenófobas” contra compañeras. Frente a la campaña de difamaciones, dijo que el gobierno no puede entender que “la gente se organiza de manera voluntaria por sus necesidades”, y pidió a los medios de comunicación derecho a réplica. “Las organizaciones sociales hemos aprendido y acá estamos todos juntos. Si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Y vamos a dar la vida por todo lo que hemos construido y por esos pibes y pibas”, aseguró.
Según denunció la abogada Liliana Alaniz, de la Asociación de Profesionales en Lucha (Apel), la causa es un “mamarracho jurídico”.
De la conferencia participaron el Frente de Lucha Piquetero (que incluye al Polo Obrero), la Utep, la Coordinadora por el Cambio Social y la CTA Autónoma, entre otras organizaciones. Acompañaron diputados nacionales como Romina Del Plá (PO-Frente de Izquierda), Christian Castillo (PTS-Frente de Izquierda), Juan Marino (Unión por la Patria), Néstor Pitrola (diputado nacional electo por la provincia de Buenos Aires, PO-Frente de Izquierda), y Guillermo Kane (diputado provincial bonaerense del PO-Frente de Izquierda); y referentes de organizaciones sindicales como Hugo “Cachorro” Godoy (CTA Autónoma), Ileana Celotto (AGD-UBA), Amanda Martín (Ademys) y referentes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Enviaron adhesiones el Sutna, la Junta Interna del Hospital Garrahan, y otros.
Fuentes: Prensa Obrera / La Izaquierda Diario / Canal Abierto.
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