El desalojo de 57 familias llevado adelante el viernes por la policía bonaerense da cuenta de la connivencia entre magistrados, funcionarios y empresas constructoras en función de negocios inmobiliarios.
(Analia Rodriguez – Red Eco) Buenos Aires – La Escuela Nº 92 de la localidad de Gorina en La Plata reinició ayer el dictado de clases, tras brindar alojamiento desde el viernes pasado a 57 familias que fueron desalojadas por orden de un juez y sus viviendas destruidas por la policía bonaerense.
Las familias que vivían desde hace más de 20 años en un predio ubicado en la calle 141, desde 472 a 478, serán hospedados, hasta que se resuelva el conflicto, en dos hoteles de La Plata. La solución provisoria llegó el martes a través de la gestión realizada por la regional La Plata-Ensenada de la Central de Trabajadores Argentinos con los ministerios de Desarrollo Social, Infraestructura y Educación.
El terreno donde se encontraban las viviendas destruidas el viernes pertenece a Ferrobaires, que depende del Ministerio de Infraestructura provincial. La empresa mantenía con los vecinos desalojados un convenio por el cual permanecerían en el terreno hasta septiembre, fecha en la que estaba previsto tendrían una solución definitiva.
El Juez de Garantías César Melazo ordenó el desalojo por el supuesto delito de “usurpación”, basado en denuncias realizadas por vecinos de la zona, que alegan “desvalorización de sus terrenos lindantes”, y “peleas entre perros” y “basurales que molestan al medioambiente”. Cabe aclarar que en el terreno lindante, también propiedad de Ferrobaires, se encuentra el country Gran Bell, en donde viven varios funcionarios y diputados. Dado que se trata de una zona en creciente desarrollo inmobiliario, los integrantes de la CTA y el Foro por los Derechos de la Niñez denuncian que el desalojo es una manifestación de la connivencia entre distintos poderes políticos en función del lucro.
Mientras la policía llevaba adelante el desalojo, que se produjo sin notificación previa, el juez en lo Contencioso Administrativo, Luis Arias, hizo lugar a un habeas corpus presentado por los abogados de la CTA que representan a las familias para impedirlo. Sin embargo, y pese a que el Juez se hizo presente en el lugar, el jefe del operativo se “sublevó” y no acató la orden. Además, las pertenencias de los desalojados que no fueron destruidas durante el operativo, fueron enviadas a diferentes depósitos que permanecieron cerrados durante el fin de semana, por lo que muchos no tuvieron mas que lo puesto hasta el lunes.
Uno de los abogados de las familias, Marcelo Ponce Núñez, dijo al diario platense Diagonales que “se violó claramente el convenio de derechos políticos y sociales, que dispone que no se puede decidir un desalojo de familias sin tener un sitio alternativo para cobijarlos”. Además desde CTA iniciaron varias acciones judiciales. Pidieron la recusación de César Melazo, el juez penal que ordenó el desalojo, la nulidad de dicha orden. Y se hizo una presentación ante el juez en lo Contencioso Administrativo, Luis Arias, para que no se remita la causa a Melazo por incompetencia. A su vez se denunciará al personal policial por haber desobedecido al juez Arias, y por la violencia empleada en el operativo.
Por otro lado, el diario Diagonales informaba hoy que en la justicia platense se investiga un presunto modus operandi, del que participarían empresas constructoras para lograr expulsiones de los asentamientos. En ese sentido, se analizan doce denuncias realizadas por un funcionario municipal en el fuero penal local.
La maniobra consistiría en tres pasos, según investiga la Justicia. Primero se relevan asentamientos en zonas de terrenos costosos y con potenciales de urbanización, luego se hace la denuncia penal mediante un presunto damnificado y finalmente, con la anuencia judicial, se desalojan las tierras.
Fuentes: ACTA – Argenpress – Diagonales