Lo anunció el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, bajo los argumentos de que eran “ideológicos” e implicaban “despilfarros absurdos” sin “impacto real”. Entre los programas se encuentran MenstruAR, registro de promotorxs territoriales, apoyo urgente a víctimas, fortalecimiento a personas trans, formar igualdad, todos son clave para la prevención y atención de la violencia de género.

“Eliminamos 13 programas ideológicos del Ministerio de Justicia, entre ellos un programa que se llamaba ‘MenstruAR’. Muchos eran innecesarios, otros no contaban con criterios claros de evaluación y no había control alguno de sus resultados. La eliminación de estos programas representa un ahorro de más de $6.000 millones de pesos por año para todos los argentinos de bien”, informaron desde el Ministerio de Justicia de la Nación al dar a conocer esta decisión.

Los programas son: MenstruAR, Registro de promotorxs territoriales, Programa Articular, Programa Generar, Dispositivos de protección integral, Igualar, Producir, Sembrar Igualdad, Apoyo urgente a víctimas, Fortalecimiento a personas trans, Escuelas populares Macachas y Remedios, Formar Igualdad y Participación ciudadana en género y diversidad.

Todos estos programas surgieron con el objetivo de atender problemáticas reales como violencia de género, desigualdad, acceso a derechos, por lo que su eliminación afecta especialmente a mujeres, niñas, personas trans y sectores vulnerables.

Por ejemplo, el Programa Interministerial de Abordaje Integral de las Violencias Extremas estaba enfocado en prevenir femicidios y transfemicidios mediante la coordinación entre fuerzas de seguridad, sistema judicial y servicios de salud; y el Programa Acercar Derechos, que ofrecía asistencia integral a mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia.

El Programa MenstruAR promovía el acceso gratuito a productos menstruales sostenibles en todo el país.

La disolución del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en diciembre de 2023 y la posterior eliminación de estos programas marcan un retroceso institucional significativo en la lucha contra la violencia de género en Argentina. El gobierno sostiene que abordará estas problemáticas desde una “nueva perspectiva” centrada en la familia y sin “ideologías impuestas”, aunque no presentó detalles concretos sobre esta estrategia.

Organizaciones sociales, feministas y de derechos humanos expresaron su profunda preocupación y rechazo, advirtiendo que estas medidas afectarán gravemente a mujeres y personas LGBTI+ en situación de vulnerabilidad, quienes dependían de estos programas para acceder a protección y justicia.

Las cifras oficiales muestran que una mujer es asesinada cada 35 horas en Argentina por violencia de género, y temen que el vaciamiento institucional agrave esta situación.

Al mismo tiempos, las organizaciones aclararon que muchos de estos programas no estaban en funcionamiento en la actual gestión, ya sea por la disolución del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad o por falta de presupuesto. Por ejemplo, Lucía Cirmi Obón, ex subsecretaria de Políticas de Igualdad de ese Ministerio, remarcó que “vaciaron de acciones todos esos programas el día 1 que llegaron”: “Mariano te dice que ahorraron $6.000 millones desarmando programas que iban a las más pobres del país, pero no te cuenta que ellos gastaron 5 veces ese monto ($30.000 millones) al ELIMINAR el impuesto a la venta del segundo inmueble, q se cobraba a los mas ricos del país”.

Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales se expresaron de la misma manera al señalar: “¿Quién necesita más ayuda que una nena o un nene al que le mataron a su mamá? Hasta hoy al menos 1200 tenían contención del Estado. El gobierno cortó un programa que les daba apoyo psicológico, económico y asesoría para seguir con sus vidas. ¿A quién puede beneficiar ese ajuste? La motosierra ya había llegado a las víctimas de violencia de género y sus familias: en 2024 no hubo ejecución de presupuesto en los programas que daban contención en esas circunstancias”.