Según el Registro Nacional de Femicidios que realiza el Observatorio MuMaLá “Mujeres, Disidencias, Derechos”, entre el 1 y el 31 de enero de este año se perpetraron 38 muertes violentas de mujeres, travestis y trans, 26 de las cuales fueron femicidios, femicidios vinculados y trans- travesticidios; hubo además 36 intentos de femicidios en todo el país.

De las 38 muertes violentas, 26 fueron femicidios, femicidios vinculados y trans- travesticidios; 5 muertes violentas asociadas al género (el 90% vinculadas a economías delictivas o colaterales, como narcotráfico, venganzas, deudas, etc); y 7 muertes violentas de mujeres están en proceso de investigación
Además, 27 niños, niñas y adolescentes se quedaron sin madre.

De los 26 femicidios, 20 fueron directos, 1 vinculado de niña/mujer, y 5 vinculados de niños/varones.
En cuanto al vínculo con el femicida, el 59% era pareja o ex pareja; 29% hombres del círculo íntimo; 8% hombres familiares directos; 4% hombres familiares indirectos de la víctima.

En el 63% de los casos el lugar del femicidio fue la vivienda de la víctima o la vivienda compartida; 17 % en la vía pública; 8% en el trabajo de la víctima; 4% en la vivienda del victimario.

A su vez, el 25 % de las víctimas había denunciado a su agresor, 17% tenía orden de restricción de contacto o perimetral, y 4% botón antipánico.

En el 23% de los casos el femicida asesinó a una tercera persona, ya sea porque quedó en el medio del hecho violento (femicidio vinculado por interposición) o para ocasionarle un daño irreparable y culpa a estas mujeres (femicidio vinculado)

El 21% de los femicidas se suicidó, el 8 lo intentó.

El 12% de los Femicidios fue cometido por personas de las fuerzas de seguridad (policías, militares, servicio penitenciario, ya sean activos o retirados), y en el 33% de los femicidios cometidos por armas de fuego, se utilizó un arma reglamentaria.

“Seguimos exigiendo al Estado Nacional que declare la #EmergenciaNiUnaMenos, priorizando recursos para la atención integral de mujeres e integrantes del colectivo LGTBIQ+. Reclamamos la implementación urgente, sin burocracias ni clientelismo, de todas las medidas económicas anunciadas por el gobierno para víctimas de violencia de género y el colectivo travesti trans (Programa Potenciar Trabajo, Programa Acompañar) y la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral y la aplicación efectiva de la Ley Micaela de capacitación obligatoria en género y violencia de género en todos los ámbitos del Estado, desde una perspectiva feminista, diverse – disidente”, expresaron desde MuMaLá.