Una oportunidad para la Justicia misionera
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- Categoría: Géneros
- Publicado: Martes 27 de Octubre de 2020
Este miércoles, a las 8.30, en Eldorado el Tribunal Oral Penal Nro.1 dictará sentencia en la causa contra María Ovando, Lucas Ferreira y Marcos Laurindo por supuestos actos de abuso sexual contra una hija y una nieta de la acusada. El caso, considerado por la defensa como una causa revancha contra María Ovando por haberse atrevido a demandar al juez y al fiscal que la tuvieron injustificadamente en prisión en 2012, vuelve a poner al accionar judicial misionero en la mira de las organizaciones feministas y de derechos humanos de todo el país. Por Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género.
En 2012, María Ovando fue absuelta por el Tribunal Penal 1 de Eldorado, en un juicio oral al que llegó presa, acusada de negligencia en la causa por la muerte por desnutrición de su pequeña hija Carolina.
Su absolución se dio en el marco de una gran movilización del movimiento de mujeres y una repercusión mediática en todo el país con la presencia en Eldorado de activistas de diversas organizaciones sociales, feministas y de derechos humanos.
En esta ocasión, se la vuelve a acusar de un delito de omisión, esta vez por no haber impedido el abuso sexual hacia una de sus hijas y una de sus nietas, hechos sobre los cuales la investigación Fiscal no pudo precisar el tiempo, el modo ni el lugar en que habrían ocurrido.
Como en la causa anterior, el prejuicio, los conceptos patriarcales, la mirada moralizante y el sesgo en la evaluación de las pruebas se hacen presentes en el trabajo acusatorio de la Fiscalía, cuyo representante en el juicio, el Fiscal Federico Rodríguez, es el mismo que actuó en el debate en 2012.
Esta vez además su actuación estuvo acompañada por expresiones públicas de misoginia y desprecio hacia María Ovando, mostrando una total falta de objetividad y profesionalismo que lo lleva inclusive a cuestionar el fallo del Tribunal en 2012.
En una situación distinta a la del 2012, con la posibilidad de acompañamiento físico limitada por las medidas de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio en vigencia, igualmente queda claro que María no está sola, como tampoco Marcos Laurindo y Lucas Ferreira.
La campaña por su absolución, encabezada por el Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género, reunió en pocos días más de 16 mil firmas, entre las que se cuentan las de importantes referentes de distintos ámbitos, tales como Nora Cortiñas, Rita Segato, Melisa Melcer, Dora Barrancos, Claudia Baigorria, Silvia León, Ofelia Fernández, Ileana Arduino, Jazmin Stuart, Ana Maria Gorosito Kramer, Hilda Presman, Daniela Castro, Fremdina Bianco, Gabriela Saidón, Marisa Herrera, Vilma Ripoll, Perla Prigoshin, Cecilia Solá, Lucrecia Greco, María Teresa Bosio, Alicia Genolet, Gisela Spasiuk.
Entre las organizaciones que acompañan a la defensa en su pedido de absolución se encuentra Actrices Argentinas, la Red de docentes por el Derecho al Aborto Regional Misiones, el Colectivo de Acción Contra las Violencias de Géneros, el Paro Internacional de Mujeres y el Colectivo Nosotras Proponemos.
Asimismo, el Parlamento del Mercosur aprobó un proyecto de comunicación en que solicitan al Tribunal que el caso sea juzgado con perspectiva de género y la absolución de María Ovando; a la par que la parlasuriana Dra. Cecilia Britto presentó un pedido de intervención a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso.
Por su lado, el flamante Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad presentó un informe al Tribunal sobre la necesidad de juzgar en casos como este con perspectiva de género y teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad de la y los acusadxs.
También, distintas organizaciones se presentaron en el caso como “amicus curiae”, sugiriendo al Tribunal perspectivas y criterios que ayudarían a brindar una sentencia en el caso con perspectiva de derechos. Es el caso del MP La Dignidad, la CTA Autónoma Nacional y la CTA Autónoma Buenos Aires y la Asociación Gremial de Abogados de la República Argentina.
Una causa emblemática
Luego del juicio de 2012, el “caso Ovando” se constituyó en un objeto de estudio frecuente entre tesistas, catedráticos y cursos de jurisprudencia. Es también una referencia obligada en informes de organizaciones ligadas a la defensa de derechos y al estudio de cuestiones jurídicas como un caso emblemático en el cual la estigmatización hacia las mujeres pobres resulta en criminalización y punición cuando -por sus condiciones de vulnerabilidad extrema- no pueden cumplir acabadamente con los mandatos patriarcales sobre el ejercicio de la maternidad y son sindicadas como “malas madres”.
Esta segunda causa penal contra María Ovando es una causa espejo de la primera, en la cual no se determina las conductas que debería haber prevenido, pero se la responsabiliza por ello. Asimismo, la gravedad del caso se profundiza dado que en el debate oral se probó lo que desde el inicio de la causa había estado planteando la defensa: la posibilidad de que las niñas hubieran sido abusadas en el seno de la familia que las tiene actualmente en guarda, y que las tuvo a su cargo en el tiempo en que María había estado en prisión.
La justicia de Familia no ejerció ni en aquella oportunidad ni lo hace actualmente, ningún tipo de control o seguimiento de lo que ocurre en ese ámbito, en el cual por decisión de la jueza Margarita Potschka fueron puestas las niñas.
La justicia penal, tanto la Fiscal como el juez de instrucción, se negaron a investigar la hipótesis planteada por la defensa. Para sorpresa de los acusados y de las defensas, la sospecha de que los abusos hacia las niñas ocurrieron en el ámbito de la familia guardadora se vio confirmada durante el juicio oral, cuando la propia Euvarta Godoy, denunciante en el caso, reveló la denuncia que había hecho contra su yerno Digno Monges Armoa por abuso sexual hacia la nieta de María Ovando. Monges Armoa fue condenado por abuso sexual simple contra la niña.
Lo grave del caso es que el juez que intervino en el proceso es el mismo que hizo la instrucción en la causa contra María Ovando, Lucas Ferreira y Marcos Laurindo, así como son los mismos los miembros del tribunal y de la Fiscalía que intervinieron en el juicio.
Ambas causas, cuyas denuncias iniciales se hicieron con pocos días de diferencia, nunca fueron acumuladas, por lo que se trataron sin que se investigue a fondo la posibilidad de que en verdad se estén juzgando los mismos hechos. De esa manera, hace más de cinco años se tiene a María Ovando señalada y estigmatizada como una mala madre que omitió evitar los abusos sexuales contra su hija y su nieta, y a Marcos Laurindo y Lucas Ferreira en prisión en base a una acusación vaga e inexacta.
La Justicia misionera, cuyo accionar quedó severamente cuestionado por la misma Corte Suprema de Justicia en el fallo que absolvió a Cecilia Rojas y Cristina Vázquez en diciembre pasado, por su deficiente evaluación de las pruebas, y por apartarse de aplicar la duda a favor de las acusadas, se encuentra en este caso ante una invaluable oportunidad: la de elegir avalar la delirante teoría del Fiscal, avalar la acusación basada en supuestos, prejuicios movidos por el odio y pruebas forzadas, o absolver a todos los acusados porque son inocentes o por el beneficio de la duda. Duda que fuera generada por el mismo sistema judicial, que puso a las niñas en un ámbito donde fueron abusadas y no investigó acabadamente los hechos.
Tiene además, la oportunidad de empezar a reparar la devastación que esta causa generó en la familia de María Ovando, y más aún sobre las de Laurindo y Ferreira, que llegaron al juicio oral presos hace más de cinco años.
Oportunidad también de demostrar que en el sistema judicial aún existen operadores que realizan un trabajo mejor que el del Fiscal Rodríguez y que son capaces de actuar conforme a derecho y que en este caso no se convierta en un nuevo emblema de arbitrariedad y mal accionar judicial.
La decisión está en manos del Tribunal. Todas las organizaciones y personas que han sido parte de la campaña son observadoras y observadores.
