Lo hizo la jueza Cecilia Gilardi de Negre, subrogante en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal nº 11, al hacer lugar parcialmente a una medida cautelar solicitada por dos asociaciones civiles contra la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), suspendiendo la disposición que autorizaba al laboratorio Dominguez la venta de Misoprostol, un medicamento utilizado para la interrupción del embarazo. Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir emitieron un comunicado en rechazo a esta decisión.

En un texto bajo el título “Ni un paso atrás en nuestros derechos”, integrantes de la Campaña y la Red explicado que el ahora suspendido artículo 2 de la Disposición de ANMAT N°946/18 autorizaba la venta de MISOP 200/ MISOPROSTOL en farmacias bajo receta archivada.
2Entendemos que el objetivo de esta medida es generar una barrera más para el acceso al derecho ya otorgado desde 1921 a la Interrupción Legal de Embarazo. Empuja a las personas que deciden abortar a condiciones inseguras y de clandestinidad y coartar la autonomía de nuestros cuerpos a mujeres y personas con capacidad de gestar. El misoprostol para la realización de abortos seguros es un medicamento esencial según la Organización Mundial de la Salud. El acceso al mismo como bien social no puede estar condicionado por amparos sin sustento científico ni jurídico de asociaciones antiderechos. El uso ambulatorio de misoprostol tiene sobrada evidencia científica y está recomendado por la OMS, FLASOG, SOGIBA y por el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo de nuestro país”, afirmaron a través del comunicado, en el que además aclararon que la venta de MISOP 200/ MISOPROSTOL sigue autorizada para uso institucional hospitalario y en centros de salud. Y sigue siendo autorizada la venta en farmacias de misoprostol asociado a diclofenac (Oxaprost).
“Continuamos exigiendo misoprostol y mifepristona de producción pública y accesible. Frente al uso del poder judicial para retroceder en derechos respondemos acompañando a todas las personas, cada día, todos los días, en su derecho a decidir”, finalizaron.