Este 18 de septiembre se cumple un nuevo aniversario del “aborto no consentido y desaparición forzada” de la joven sanlorencina, tal como denuncian familiares y organizaciones de mujeres de Rosario y el Cordón Industrial. A las 18 se realizará una marcha desde Avenida San Martín y Moreno en la localidad santafesina de San Lorenzo, luego se hará un acto en la esquina de los bancos.

La exigencia de Alberto Perassi y Alicia Ostri, padre y madre de Paula, junto a las organizaciones y la comunidad, sigue siendo la misma: aparición y justicia.

Las búsquedas del Equipo Argentino de Antropología Forense realizadas semanas atrás, no arrojaron resultados positivos sobre el destino de los restos de la mujer que desapareció el 18 de septiembre de 2011. A la par, se esperan las audiencias de apelación para el 8 de octubre en Tribunales Provinciales, en la causa que en primera instancia absolvió a todos los imputados e imputadas.

La joven sanlorencina, madre de dos hijos, desapareció tras ser forzada a abortar y morir producto de esa intervención. Desde el primer momento la policía de San Lorenzo encubrió los hechos y fue partícipe necesaria de la trama de poder que hasta hoy no sólo garantiza la impunidad sino que impide el hallazgo del cuerpo de Paula. Por eso: de los 9 acusados, 5 eran policías que intervinieron en la investigación.

Al desaparecer, Paula tenía un reciente embarazo producto de una relación extramatrimonial con el empresario de transporte Gabriel Strumia. La teoría de fiscalía y querellas fue y es que el hombre la llevó engañada a interrumpir el embarazo y ella murió en esa acción. El cuerpo de la joven nunca apareció.

Durante la causa penal se apuntó contra Strumia, su esposa Roxana Michl; su chofer y mano derecha, Antonio Díaz; y la mujer acusada de practicar el aborto, Mirtha Rusñisky. Los cuatro enfrentaron cargos por los delitos de “aborto sin consentimiento seguido de muerte” y “privación ilegítima de la libertad”.

El ex jefe de la Agrupación Cuerpos de San Lorenzo, Adolfo Puyol enfrentó dos acusaciones: Fiscalía apunta al delito de encubrimiento y otros; mientras que la querella lo incluyó en la misma figura penal que los civiles. Por su parte, los agentes Jorge Krenz, Gabriel Godoy, María José Galtelli y Aldo Gómez fueron señalados por encubrimiento agravado por ser funcionarios policiales, sustracción de pruebas, falsedades e incumplimientos.

Sin embargo, las juezas Griselda Strologo y Mariel Minetti y el juez Álvaro Campos absolvieron a todos los acusados, aduciendo falta de pruebas y definiendo lo presentado como “comentarios recolectados desde el dolor por su ausencia, armados por el imaginario popular”. El 8 de octubre en los Tribunales Provinciales de Rosario iniciarán las audiencias de apelación que podrían extenderse hasta el 10.

Fuente: CTA-A Rosario