Organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres presentaron una demanda ante la Justicia para que se garantice el aborto no punible en todo el país. Plantean estrategias legales conjuntas. Sólo ocho provincias cumplen la ley. Red Eco Alternativo
(Giselle Scardilli – Red Eco) Argentina- Amnistía Internacional, el Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS), Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) presentaron una demanda judicial para que se cumpla el derecho de las mujeres al aborto legal en todo el territorio nacional.
La acción fue anunciada el pasado martes 9 por representantes de las organizaciones sociales y de derechos humanos, en una conferencia que se llevó a cabo en la sede de Amnistía en Capital Federal. Participaron y expusieron los fundamentos de la presentación conjunta Mariana Belsky, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina; Lourdes Bascary, coordinadora del área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del CELS; Marta Alanis, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir; y Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. La demanda recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 1, a cargo del juez Ernesto Marinelli.
Con esta presentación ante la Justicia Federal se busca que el Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Salud implemente políticas que garanticen las prácticas médicas para realizar los abortos en los casos previstos por la ley. Desde 1921 el Código Penal de nuestro país establece que la interrupción del embarazo es legal cuando éste es producto de una violación o cuando implica un peligro para la vida de la mujer.
Sin embargo, con frecuencia se obstaculiza el derecho que tienen las mujeres encuadradas en estos casos de acceder a un aborto legal, seguro y gratuito, pese a que en 2012 la Corte Suprema de Justicia, a través del histórico fallo “F.A.L s/Medida Autosatisfactiva”, precisó algunas cuestiones que se prestaban a confusión, como por ejemplo dejó en claro que no es necesario presentar autorización judicial ni denuncia policial por violación. Asimismo, el máximo Tribunal instó tanto al gobierno nacional como a los provinciales a instrumentar protocolos hospitalarios y de este modo eliminar barreras arbitrarias que dificultan la práctica.
Por diversos motivos, como pedidos de denuncias policiales u órdenes judiciales, objeción de conciencia u otros artilugios arbitrarios se incumple la ley de aborto no punible. La situación varía de acuerdo a cada jurisdicción, y la disparidad entre provincias es preocupante. Según un relevamiento presentado en la conferencia, sólo ocho provincias cuentan con protocolos hospitalarios que cumplen la ley (Chaco, Chubut, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego). Otras ocho han elaborado protocolos pero éstos no se ajustan a los estándares establecidos por el fallo de la Corte Suprema y por ello se obstaculiza el acceso al aborto (Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Salta). Las ocho provincias restantes directamente carecen de protocolos o guías. (Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán).
De este modo y a pesar de la legislación argentina y del fallo del máximo Tribunal de Justicia, la interrupción legal del embarazo continúa siendo irrealizable para miles de mujeres que quieren acceder a ese derecho.
En este marco, este reclamo judicial exige al Ministerio de Salud de la Nación que articule los elementos necesarios para la aplicación de un criterio unificado en todo el territorio de la república. Como explicaron las disertantes, se planteó la puesta en marcha de estrategias en aquellas provincias donde no sólo se niegan a realizar los abortos sino que además en algunos casos se penalizan. Una de las medidas solicitadas es que todos los hospitales públicos informen sobre la posibilidad de recurrir a un aborto legal y las condiciones de acceso al mismo. “Se está tomando el aborto no punible, el que está permitido por la ley, como si fuera algo clandestino. Nosotras estamos pidiendo que en cada sala, en cada hospital público, que haya un cartel como cualquier otro servicio que se brinda a la comunidad”, enfatizó Marta Alanis, de Católicas por el Derecho a Decidir.

Acciones en los diferentes distritos
CABA: El protocolo vigente en la Ciudad establece ciertos requisitos que obstaculizan e impiden la práctica de los abortos no punibles. Si bien hay una sentencia que declara la inconstitucionalidad de dicho protocolo, ésta ha sido apelada y se encuentra pendiente de resolución por la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires hace un año y medio. Natalia Gherardi, Directora Ejecutiva de ELA, explicó que “en este marco, Amnistía Internacional ha presentado un amicus curiae para que se tengan en cuenta argumentos adicionales a la hora de resolver definitivamente esa acción que está condicionando el ejercicio de las mujeres en la Ciudad”.
Provincia de Buenos Aires: Si bien existe una Guía de atención de abortos no punibles, ha quedado demostrado en numerosas oportunidades que la práctica se ve obstaculizada frecuentemente. Amnistía Internacional, el CELS y ELA enviaron una carta al presidente y a los titulares de cada bloque legislativo recomendando el tratamiento urgente del Proyecto de Ley de Regulación del acceso a los abortos no punibles.
Córdoba: Desde 2013 una causa judicial promovida por la Asociación Civil “Portal de Belén” mantiene frenada la implementación de la guía de abortos no punibles. Católicas por el Derecho a Decidir pidió que se declare la inconstitucionalidad de dicha medida. En tanto, Amnistía, el CELS y ELA presentaron un amicus curiae para destrabar la situación.
Salta: El protocolo firmado por el gobernador Juan Manuel Urtubey impone restricciones que dificultan el acceso al aborto legal. Las cuatro organizaciones enviaron una carta a la Legislatura provincial donde expresan la necesidad de dejar sin efecto el protocolo vigente y adherir a la Guía Nacional de Atención de Abortos no punibles
Tucumán: Carece de protocolos o guías de atención de abortos no punibles. Las cuatro organizaciones junto a otras asociaciones de la sociedad civil presentaron ante el ministerio de Salud de la provincia un pedido de informes sobre el grado de implementación del aborto legal.
Santiago del Estero: Es otra de las provincias en las que los protocolos de interrupción legal del embarazo brillan por su ausencia. La Asociación Civil por el Derecho a la Salud presentó una acción colectiva contra el Poder Ejecutivo provincial para que se instrumente una guía en los casos previstos por la ley.