La asignación mal llamada “universal” por hijo enfrenta un intento de restringir aun más su llegada a los sectores para los que fue concebida.
Cuando esta asignación – que no es universal ya que no está destinada a todos los menores – se instrumentó a través del decreto 1602/09 (180 pesos por cada hijo menor de 18 años cuyos padres fuesen desocupados y trabajadores "en negro", y que cobren menos que el salario mínimo), la norma especificó que para poder acceder al beneficio los hijos debían estar asistiendo a la escuela.
Sin embargo circularon versiones respecto a qué sucede con los menores que asisten a escuelas organizadas en forma cooperativa y de gestión social.
Por eso la Federación de Escuelas Cooperativas y Entidades Afines de la Provincia de Buenos Aires (FECEABA), dio a conocer un comunicado en el que recuerda que “la Ley Nacional de Educación (LEN 26.206) y la ley Provincial 13.688, la primera dictada en consonancia con ella, definen a toda la Educación como Pública entendiendo como tal la educación de gestión estatal, privada, social y/o cooperativa”.
Por lo tanto, aclara que esta asignación “pone como única condición la ‘concurrencia de los menores obligatoriamente a establecimientos educativos públicos’; esto es a cualquiera reconocido sea de gestión estatal, privada, social y/o cooperativa”.
“No corresponde discriminar donde la ley no lo hace, ni restringir la libertad de elección de un sector social, estigmatizando la pobreza, contradiciendo los fines que tuvo en mira el decreto al ser dictado”, finaliza el comunicado.
