La Procuración Penitenciaria de la Nación difundió su informe anual sobre la situación de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad bajo la órbita federal y el estado de los lugares de detención. Según el documento, persiste el problema de la sobrepoblación y el alojamiento en condiciones de grave hacinamiento, sobre todo en comisarías y alcaidías de la Ciudad de Buenos Aires.
En cumplimiento del artículo 25 de la Ley 25.875, la Procuración remitió el 28 de mayo a la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo en el Congreso su Informe Anual 2025 sobre la situación de los derechos humanos en las cárceles federales.
En líneas generales el documento detalla que persiste el problema de la sobrepoblación y el alojamiento en condiciones de grave hacinamiento en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, y denuncia que actualmente más de 2.339 personas se encuentran alojadas en centros transitorios que no cumplen con los estándares internacionales mínimos de condiciones de encierro.
A diciembre de 2025, el Servicio Penitenciario Federal reportó 12.152 personas detenidas en cárceles federales: 11.164 varones (91,9%), 954 mujeres (7,8%) y 34 personas trans (0,3%). Del total, el 63% contaba con condena firme y el 37% se encontraba en prisión preventiva.
En los últimos dos años, la población detenida creció un 5,4% (2024) y un 3,6% (2025). Durante 2025, el SPF declaró un aumento de 516 plazas, aunque no se dispone de información actualizada y desagregada por establecimiento penitenciario, debido a que dejó de publicar esos datos en su sitio web.
A su vez, se documentaron 332 casos de malos tratos en cárceles federales y en otros lugares de detención. Se reportaron, además, 48 muertes en cárceles federales. De ellas, 14 fueron muertes violentas: seis por ahorcamiento, siete en el marco de incendios y una a causa de traumatismos.
Durante 2025, la Procuración recibió 19.539 reclamos, principalmente vinculados a problemas de salud, trabajo, comunicación con la defensa, hacinamiento y acceso a la justicia. Realizó monitoreos constantes en cárceles, comisarías y en los Centros Socioeducativos de Régimen Cerrado de la CABA, así como en dependencias de fuerzas federales.
Además, emitió seis recomendaciones sobre: expulsión anticipada, derecho a la salud en comisarías y alcaidías, acceso al trabajo, falta de profesionales de la salud, regulación de visitas entre personas detenidas y prevención de registros corporales intrusivos.
La Procuración también intervino en 45 hábeas corpus colectivos para reclamar mejores condiciones de detención. Uno de ellos fue presentado en marzo e impugnó la Resolución 372/2025, que restringía el acceso a la educación superior de las personas detenidas en cárceles federales al prohibir el funcionamiento de centros de estudiantes y limitar el acceso a los espacios de estudio fuera del horario de cursada. La PPN consideró que la medida restringía arbitrariamente el derecho a la educación y a la organización estudiantil, con un fuerte impacto sobre el programa UBA XXII de educación en cárceles.
Desde la Procuración advierten particularmente sobre el fuerte retroceso en materia de acceso al trabajo en contextos de encierro a través de la implementación de diversas resoluciones ministeriales y mediante la reducción de las horas laborales de las personas detenidas. Afirman que este proceso se profundizó con la reforma laboral aprobada a fines de febrero de 2026 (Ley Nº 27.802), que avanzó en la limitación del derecho al trabajo de este colectivo al excluirlo del régimen común previsto en la Ley de Contrato de Trabajo. Ante esto, la PPN presentó objeciones constitucionales a las disposiciones que derogan artículos clave de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
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