Los 23 acusados en la causa por los crímenes cometidos en el llamado Circuito Camps durante la última dictadura cívico-militar fueron condenados ayer en La Plata. 16 de ellos a prisión perpetua, el resto obtuvo penas de entre 2 y 25 años. Todos con prisión efectiva.
(Red Eco) Provincia de Buenos Aires – La lectura de la sentencia comenzó pasadas las 18, en el teatro en el que antes funcionaba la Asociación Mutual Israelita de Argentina (AMIA), y que albergó el desarrollo de este juicio que comenzó en noviembre de 2011.
Se trató de una condena ejemplar, según manifestaron las organizaciones de derechos humanos que integraban la querella. Además de las condenas puntuales, el Tribunal Oral Nro 1 integrado por los jueces Carlos Rozanski, Mario Portela y Roberto Falcone tomó varias decisiones de importancia. Tal como solicitó la querella, el tribunal sostuvo que todos los condenados son “autores directos” como funcionarios públicos que integraron el aparato organizado del poder represivo y con independencia del tipo de intervención que tuvieron.
Definieron además los delitos como de lesa humanidad y que las acciones de todos los imputados, al dirigirse inequívocamente al exterminio de un grupo nacional, son consideradas “delito de genocidio”. También que se llamó investigar a varios de los condenados, a otros funcionarios policiales y civiles, a miembros del poder judicial y de la iglesia católica como producto de los testimonios de testigos y víctimas que declararon en esta causa. Entre ellos, se impulsó una investigación sobre el ex vicario castrense del Ejército, Emilio Grasselli, y sobre el Seminario Mayor San José de La Plata.
A su vez, se ordenó la detención del ex Fiscal Alberto Rodríguez Varela (el abogado defensor de Jorge Rafael Videla y ex decano de la Facultad de Derecho de la UBA y ministro de Justicia) por haber sido visto en el Centro Clandestino de Detención (CCD) Puesto Vasco.
Por pedido de la querella también se ordenó investigar los delitos sexuales cometidos. Asimismo, se determinó que estos son de lesa humanidad.
Pidieron además la desafectación de las dependencias policiales que funcionaron como CCD durante la dictadura. Especialmente respecto al Destacamento Arana y la Comisaría V sobre las que se solicitó que sean destinadas a preservarlas como sitios de la memoria.
Se ordenó la Baja por exoneración en los casos que correspondan. También que se investigue al diario La Nación debido a que editoriales publicadas en estos días por dicho matutino, citaban de manera falaz los hechos juzgados por este tribunal con el objetivo de beneficiar a los imputados. Se ordenó ponerlas a consideración de la Comisión Nacional de Independencia Judicial y de la Comisión Interpoderes ya que lo publicado fue el soporte utilizado para presionar a dos miembros de este tribunal. Esas editoriales alababan a la persona de Smart y se las hicieron llegar a dos de los jueces (Falcone y Portela) diciéndoles que aun tenían la posibilidad de juzgar “libremente”.
Respecto a Papel Prensa, este tribunal calificó los hechos como apropiación forzosa y remitió las copias de todas las declaraciones producidas en este juicio para que se investiguen como pruebas en la causa que tramita en Buenos Aires el tribunal Nro 10.
Finalmente, se estableció que el próximo 25 de marzo serán dados a conocer los fundamentos de las sentencias.
En esta causa se juzgaron 283 casos de delitos de lesa humanidad. Del total de imputados, 23 fueron los que llegaron con vida para escuchar su condena, 3 murieron durante el juicio (Ibérico Saint Jean- ex gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires-, Alejandro Arias Dubal – coronel del ejército – y Rubén Oscar Páez – jefe de la Brigada de Investigaciones de la Plata, uno de los centros clandestinos por donde pasaron casi 300 víctimas) y otros 7 fallecieron en la etapa de instrucción.
La ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, fue durante la dictadura cívico militar, una zona de exterminio del movimiento estudiantil y del sector más dinámico del movimiento obrero.
Entre los casos juzgados se encontraba el secuestro y desaparición de estudiantes secundarios, hecho conocido como La Noche de Los Lápices (16/9/76), la Masacre de la Calle 30 (la casa de Diana Teruggi y Daniel Mariani, papás de Clara Anahí Mariani, una beba apropiada y aún buscada) y el secuestro de fundador del Diario La Opinión, Jacobo Timerman.
Guadalupe Godoy, abogada de Justicia Ya, espacio que nuclea a organizaciones de derechos humanos que integran la querella en este juicio, comentó hace varios meses, que este sería un juicio complejo desde la contención de los testigos. “Es un juicio de ausencia, conclusión de 30 años de lucha del movimiento de los derechos humanos, con un motor que fue Adriana Calvo, una de las artífices de la recopilación de datos que permitió desglosar y armar lo que fue el Circuto Camps. Es un juicio marcado por esta ausencia y por lo que significa la desaparición de Jorge Julio López que debería ser y va a ser testigo en este juicio”.
Y efectivamente, durante el juicio volvió a escucharse y verse la declaración que hiciera López en 2006, en el primer juicio que afrontó Miguel Etchecolatz y por el que fue condenado a prisión perpetua. En ese testimonio, López involucró a más de 60 militares y policías. En la sentencia leída ayer, este tribunal ordenó la investigación de cada uno de los torturadores que nombró.
