Una delegación de familiares de víctimas de distintos delitos viajó a la Ciudad de Buenos Aires para visibilizar la realidad provincial. Denunciaron corrupción policial, connivencia con el poder político, inacción judicial, casos de apremios ilegales y torturas en comisarías, detenciones por portación de rostro, asesinatos en manos de efectivos. Se reunieron con organismos, diputados y funcionarios nacionales.
(Red Eco) Salta – Homicidios caratulados como suicidios, policías asesinos, reiterados apremios ilegales y persecuciones, muertes prevenibles en lugares de trabajo, atropellados por conductores alcoholizados que en la mayoría de los casos huyen sin brindar ayuda; la lista continúa, son muchos los casos de impunidad que se viven en Salta. Cansados de no obtener respuesta de la justicia, un grupo de familiares conformó en agosto de 2011 la Comisión de Familiares contra la Impunidad de Salta. Desde entonces, reúnen y sistematizan todos los casos impunes, crímenes de mujeres, desapariciones, homicidios, muertes en accidentes viales, casos de gatillo fácil, apremios ilegales y tortura. Ya efectuaron dos encuentros provinciales y publicaron una revista. Además, se movilizan todos los viernes en la Plaza 9 de Julio de la capital salteña. Marchan familiares de alrededor de 70 víctimas de la ciudad de Salta, a los que suman más de 100 de otras localidades provinciales (que no siempre pueden participar en forma semanal porque no cuentan con el dinero suficiente para viajar a la capital). Estos son los que conoce la Comisión, es decir los que se animan a denunciar, ya que en la mayoría de los hechos hay policías involucrados, por lo que los familiares tienen mucho miedo de dar a conocer los casos.
Los integrantes de la comisión denuncian que detrás de la imagen turística que presenta la provincia se protegen los intereses de los grandes negocios y se esconde la pobreza, 12% de desocupación, miseria, falta de vivienda. Aseguran que anualmente se reciben 14.000 denuncias de violencia a mujeres, que en lo que va de este año 200 personas murieron en accidentes viales, que aumenta en forma permanente la cantidad de mujeres víctima de trata y continúan acumulándose los casos impunes.
A pesar del esfuerzo y la cantidad de marchas y actividades realizadas por la Comisión, no han obtenido ninguna respuesta de parte de los poderes judiciales y políticos.
En este marco, una delegación decidió viajar la semana pasada a la Ciudad de Buenos Aires para difundir lo que está sucediendo en la provincia del norte del país y mantener distintas reuniones con funcionarios y organizaciones.
Así fue como arribaron a Buenos Aires Miriam Carreras, madre de Cristian Luna desaparecido hace 4 años y 8 meses, que denunció encubrimientos en esta causa que se encuentra prácticamente paralizada y que recibió de parte del juez, Esteban Dubois, el pedido de que “tenga paciencia”; Jerónima Llanos, madre de Mirta Llanos, una joven asesinada por su esposo policía, en cuya autopsia se modificó la hora de su muerte para deslindar del caso al efectivo; Javier Barboza, permanente víctima de detenciones y apremios ilegales en comisarías, baleados, tanto él como su familia, por policías; y Ana Fernández, madre de Cintia Fernández, por cuyo homicidio está acusado un policía.
En diálogo con Red Eco, Fernández contó que su hija se enteró o vio algo que no debía y decidieron silenciarla. Desde un principio, la policía que investigó el crimen cometió infinidad de irregularidades y pretendió hacer pasar el caso por suicidio o muerte por asfixia producto de un juego de autoerotismo. Fernández también denunció al Cuerpo de Investigaciones Fiscales de la provincia (un organismo al que Ana rebautizó como Cuerpo de Investigaciones Fraudulentas), que depende de la Procuración General, por haber utilizado reactivos vencidos durante las pericias. Ana fue varias veces amenazada de muerte, pero asegura que no detendrá su lucha, así tenga que recurrir a la Corte Suprema o a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este largo camino hacia la justicia, hasta debió iniciarle una querella al diario El Tribuno, por las mentiras que publicaron sobre el caso de su hija.
Durante la semana que estuvo en Buenos Aires, la delegación se reunió con los diputados del Frente para la Victoria Remo Carlotto y Leonardo Grosso, quienes asumieron el compromiso de viajar a Salta para reclamar que se haga justicia. También mantuvieron encuentros con Gustavo Palmieri del Ministerio de Seguridad y Alberto Linares del área de Justicia. Según relató Ana, durante la reunión con Palmieri, el funcionario se sorprendió cuando le hablaron de la cantidad de casos de personas desaparecidas en democracia que existen en Salta. Palmieri les explicó que no han recibido de parte de los jueces ningún listado con estas denuncias. Es decir, si hay que guiarse por las cifras “oficiales” en la provincia no hay hombres y mujeres desaparecidos. A su vez, Linares se comprometió a llamar a jueces y fiscales para pedirles que avancen en las distintas causas que permanecen impunes. En este sentido, Ana afirmó que para la delegación estas reuniones fueron satisfactorias y positivas, y que Linares ya llamó al juez de la causa de su hija. Se trata del magistrado Pastrana, quien, según explicó Ana, sí está comprometido con la causa de Cintia, a diferencia de la gran mayoría de los jueces de otros casos impunes. Sin embargo, Ana considera que Pastrana ya tiene elementos suficientes con los que podría haber procesado y detenido a Federico Condorí, el policía acusado por el crimen de Cintia.
Fernández contó a Red Eco que el viaje a Buenos Aires molestó al gobernador, funcionarios y jueces. La mamá de Cintia aseguró que Juan Manuel Urtubey “protege la corrupción policial, y que ante esta constante impunidad es el responsable constitucional de estos casos”.
Desde la comisión afirman que con su lucha han puesto en evidencia la realidad del régimen político de Urtubey, y el de su antecesor Juan Carlos Romero, “que han diseñado una justicia de camarillas con personajes responsables de las más brutales represiones, jueces que acumulan casos impunes de toda la provincia, fiscales que justifican abusos contra las mujeres y una fuerza policial descompuesta acusada de narco policía, gatillo fácil y tortura”. Una justicia que no es para los pobres, sino únicamente para ricos.
Este viernes vuelven a marchar por la Plaza 9 de Julio, al igual que lo hicieron las 85 semanas anteriores, reclamando justicia para sus familiares y exigiendo el fin de la impunidad y la corrupción policial, judicial y política.

Más información: http://familiarescontraimpunidadsalta.blogspot.com.ar/