Comenzó el tercer tramo del juicio contra los represores de la ESMA

Luego de dos postergaciones, desde el miércoles 28 de noviembre, 68 genocidas son juzgados por los delitos de lesa humanidad cometidos contra 789 víctimas, en el centro clandestino de detención y exterminio más grande del país. Las audiencias se realizan en los tribunales de Comodoro Py de Retiro y tendrán una duración de aproximadamente dos años. En tanto, el juicio por los mártires de Chamical en La Rioja ingresó en su instancia final.
(Red Eco) Ciudad de Buenos Aires – La Rioja – ESMA. Se trata del juicio más grande de la historia jurídica de Argentina, por la cantidad de víctimas e imputados. En este marco, se han unificado 13 causas distintas, lo que permite agilizar los tiempos, un reiterado pedido de los organismos de derechos humanos.
Otro cambio está relacionado con los testigos, que serán más de 800; en muchos casos no se repetirán testimonios de las primeras etapas porque ya se cuenta con el material fílmico de declaraciones anteriores. Esto evita, por un lado, que se los vuelva a victimizar y hace que se aceleren los tiempos del juicio.
De los 68 represores sentados en el banquillo, catorce ya fueron juzgados y condenados a cadena perpetua en el segundo tramo de esta causa, finalizada en octubre del año pasado; sin embargo vuelven a estar ante la justicia por otros delitos. A su vez, los dos absueltos en aquel juicio, Juan Carlos Rolón y Pablo García Velazco, son juzgados nuevamente en esta instancia.
En tanto, también figuran como imputados ocho pilotos que actuaron en los llamados “vuelos de la muerte”, en los que se arrojaban secuestrados vivos al Río de la Plata.
Además, entre los acusados hay tres civiles. Uno de ellos es Juan Ernesto Alemann, secretario de Hacienda del Ministerio de Economía entre 1976 y 1981. Según relataron testigos, Alemann participó de interrogatorios realizados en la Escuela de Mecánica de la Armada.
Previo al inicio de la primera audiencia, el colectivo Justicia Ya! presentó un escrito en el que solicitó la revocación de la prisión domiciliaria que continúan gozando 27 de los represores imputados.
Enrique Fukman, miembro de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y sobreviviente de la ESMA, calificó como un “día especial” el inicio del juicio. En diálogo con La Retaguardia afirmó: “Para nosotros esto es tremendamente importante porque se rompe la lógica con la que se venían haciendo los juicios hasta ahora, algunos represores por algunos compañeros. Hemos conseguido que esté sentada una parte importante de lo que fue el grupo de tareas, aquellos que secuestraban, torturaban, asesinaban, violaban, y desaparecieron a miles de argentinos, y junto con ello el hecho de que este juicio sea por la gran parte de los compañeros a los cuales les hemos logrado volver a dar su identidad”.
Algunos de las 789 víctimas, cuyos casos se trabajarán en este juicio son las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet; las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo Esther Careaga, Mary Ponce de Bianco y Azucena Villaflor; la dirigente de Montoneros Norma Arrostito; la joven sueco-argentina Dagmar Hagelin; la escritora y dirigente peronista Alicia Eguren de Cooke.
Durante la primera jornada de audiencias, se comenzó con la lectura de los requerimientos fiscales de elevación a juicio. Según explicó el fiscal Guillermo Friele, representante del Ministerio Público, a La Retaguardia, es una instancia necesaria ya que esta lectura hace al derecho de defensa en juicio: "Siempre digo que es un hito histórico que se inicie un juicio de estas características en la República Argentina. Desde lo jurídico, se están cumpliendo las partes procesales pertinentes. Se están leyendo todos los requerimientos fiscales de elevación a juicio que son los que dan la plataforma fáctica en la que se va a desarrollar el juicio oral. Se leen los 789 hechos que se van a juzgar, todos los hechos con su descripción general, todas las calificaciones legales, los datos personales, y los lugares por donde pasaron todos los imputados de esta causa”, agregó.

La Rioja
El juicio por los crímenes de Fray Carlos de Dios Murias y el Padre Gabriel Longueville, conocidos como los mártires de Chamical, cometidos durante la última dictadura, se encuentra en sus instancias finales. Ya se conocieron los alegatos de la querella y el de la defensa de los tres acusados: el ex Comodoro Luis Estrella, el ex titular del III Cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Menéndez, y el ex comisario de la policía de Chamical Domingo Vera.
Justamente el abogado de Vera provocó indignación y bronca entre los familiares de las víctimas y sobrevivientes ya que recurrió a mentiras, golpes bajos y desvalorización de las declaraciones de los testigos. Al respecto, Lucila Maraga de la Asociación de los Ex Presos Políticos de la provincia, afirmó en diálogo con Radio Voces: “La respuesta de él fue a la contundencia, detalle y fundamento del alegato que habían hecho las dos querellas y la fiscalía. Todos los indicios demuestran que estos tres imputados son responsables y han tenido una participación en los hechos. Las defensas no tienen ni un análisis, ni una fundamentación para pedir la absolución, entonces se han valido de desvirtuar los testimonios. En el caso de uno de ellos, han desvirtuado diciendo que los sacerdotes no han sido torturados, para demostrar con eso que no estuvieron en la base de Chamical, restaron valor, desvalorizaron a los testimonios, no ha sido fácil para los testigos ir a testimoniar frente a los represores. Juan Carlos Pagotto hizo un extenso alegato, con tono hasta de burla, minimizando las fundamentaciones, usando ejemplos de una bajeza total. Esto fue ante la impotencia de no poder responder la contundencia de las querellas. Ellos piden la absolución por supuesto y la anulación del juicio”.
En este sentido, Maraga no descartó hacer alguna presentación ante el Colegio de Abogados para que se lo sancione o multe, aunque remarcó que lo más importante es el repudio social para que se conozca el manejo que tienen los defensores de represores en La Rioja: “para que no se muevan con la impunidad con la que se mueven. Más allá lo que se pueda hacer legalmente, lo que corresponde es una condena social de esta persona”, consideró.