Como una historia de nunca acabar, que se repite día a día, se conocen permanentemente denuncias por torturas y abusos por parte de policías en varias provincias. Neuquén, Misiones y Buenos Aires son ejemplos de lo que se reproduce en todo el país.

(Red Eco) Argentina – Neuquén – La Mesa Coordinadora por los Derechos Humanos de Zapala publicó una carta de repudio al accionar policial, ante la cantidad de denuncias recibidas en las últimas semanas. En la mayoría de los casos, se trata de personas que son detenidas sin órdenes judiciales, para luego ser requisadas y golpeadas fuertemente en las comisarías.
En su escrito, la Mesa Coordinadora señala: “Con frecuencia se ve a la policía involucrada en hechos violentos. No en la prevención, disuasión y/o moderación de violencia entre ciudadanos, como sería esperable, sino en golpizas a internos, detenciones arbitrarias, actitudes provocadoras, represalias particulares, etc. Parece haber un sector de la población estigmatizado por la fuerza, lamentablemente acostumbrado a ser interceptado, a convivir con apremios ilegales. En su mayoría  son jóvenes, pobres, marginados y con pocas posibilidades  de defensa”.
En este marco, cabe señalar la denuncia radicada en la fiscalía de Zapala, adjuntada con un certificado médico de la guardia del hospital de esa ciudad, por Magali Evelin Ortiz. Una joven que decidió hacer público además los golpes y apremios ilegales que recibió de parte de la policía a mediados de julio de este año.
Según explica en su relato, Magali caminaba por la calle cuando la paró la policía para pedirle documentos. Como no los tenía, decidieron subirla a una traffic donde se encontraban otros efectivos, quienes en el trayecto hasta la comisaría la golpearon y amenazaron exigiéndole que se fuera de la ciudad. Una vez dentro de su celda, uno de los policías de la traffic volvió a pegarle.
Magali asegura que no es primera vez que se la detiene y golpea: “Estoy cansada de que me traten mal, por eso denuncio públicamente esta situación, porque siento que hacen uso y abuso de autoridad  y del uniforme. No sólo abusaron cuando me golpearon, también en este tiempo, para constatar los golpes no bastó el certificado de la guardia del hospital donde me quitaron la ropa para revisarme, sino que también me fotografiaron  en la fiscalía, y en el gabinete forense, para corroborar lo que el certificado de la guardia decía. (…) temo por mi vida y por la vida de mis hijos, que en este momento su padre los tiene a cargo, muchas horas del día mis hijos están solos, porque él realiza cursos, es un efectivo de la policía”.
Los abusos de autoridad e impunidad con la que se manejan las fuerzas de seguridad no se dan solamente cuando andan en patota o “en servicio”. En el barrio Cuenca XV, zona oeste de la capital neuquina, una de las más pobres de la ciudad, Matías Casas, de 19 años, fue asesinado de dos balazos en la espalda disparados por el arma reglamentaria del suboficial Esteban Méndez de la comisaría primera del área de Investigaciones.
Era medianoche y Matías estaba junto a su novia en una plaza del barrio, cuando se acercó uno de los hijos de Méndez. Matías le pidió que le dijera a su hermano que quería hablar con él. Pero a los minutos, mientras la pareja bajaba a la calle con su moto, apareció directamente el policía preguntando quién era Matías y realizando el primer disparo que no llegó a herir a nadie. Asustado, Matías se subió a la moto e intentó escapar del lugar, pero Méndez volvió a disparar alcanzando ahora sí la espalda del joven. Unas cuadras más adelante, Matías cayó al suelo agonizando, pero allí mismo fue pateado por el policía. Otros oficiales que se fueron acercando se encargaron de alejar a lxs vecinxs y encubrir a  su “compañero”.
Un taxista llevó a Matías hasta el Hospital Regional Castro Rendón, donde murió a la mañana siguiente. Unas horas antes, la esposa del policía se había acercado a la Comisaría 18ª para radicar una denuncia contra Matías por "agredir" a su hijo, asegurando que fue quien había iniciado el conflicto amenazando con un arma. Pero tras la muerte de Matías, Méndez debió entregarse.
Eso sí, se lo trasladó a la Unidad Penal Nº 11 para que no sufriera incidentes, según voceros oficiales. Se ve que ya sabían que en la Unidad no lo iban a tratar como a los presos comunes, quienes son brutalmente torturados, tal como lo han denunciado infinidad de veces organismos de derechos humanos de la provincia.
En tanto, los familiares de Matías marcharán mañana, viernes 3 de agosto, a las 10, desde el Monumento a San Martín de la capital provincial, para exigir justicia y en contra del gatillo fácil, los abusos policiales y la impunidad.
Estas denuncias no se dan solamente en Neuquén, aunque pueden encontrarse ejemplos en todas las zonas del país, es cierto que lo que sucede en algunas no cuenta con la (de por sí escasa) difusión que tienen otras provincias.

Misiones
Según informa una nota de la Revista Superficie, desde que Maurice Closs es el gobernador de Misiones, y Jorge Franco el responsable político de la Policía provincial, se han registrado siete muertes en distintas comisarías. Todos los casos fueron informados oficialmente como supuestos "suicidios", mientras que paralelamente se hacían denuncias por torturas y apremios ilegales. Desde 2008, la policía ha recibido cerca de 20 denuncias formales por excesos contra civiles. A esta cifra deben sumarse los casos que no se denuncian por miedo y amenazas.
El último conocido fue el de Hernán Céspedes de 18 años, que murió en la comisaría de la UR5 en Puerto Iguazú. Unas horas antes, el joven había recibido la visita de su madre, a quien le contó que estaba siendo torturado y amenazado de muerte por policías. Los efectivos de esta ciudad tienen gran cantidad de denuncias en su contra por apremios ilegales y torturas.
Pero al igual que ocurre en otras provincias, en Misiones el poder judicial actúa en connivencia con las fuerzas de seguridad. Así lo demuestra el caso de Darío Franco, también de 18 años, quien falleció en la comisaría de la localidad de Leandro N. Alem, y quien había sido amenazado de muerte por un efectivo de allí. El único testigo del caso y familiares de Darío afirmaron que la muerte fue producto de los golpes recibidos por parte de los efectivos; y a pesar de la presentación de numerosas pruebas, la justicia se encargó de desestimarlas sin dar ningún tipo de explicación.

Provincia de Buenos Aires
Un caso en el que la justicia debió hacerse cargo y llevar a juicio a efectivos fue el de Christian Domínguez. Aunque siete años después de su muerte, este lunes comenzó a juzgarse a los policías Luciano Príncipi, Germán Cernuschi y Víctor Gómez por “tortura seguida de muerte”; y a Leandro Antognelli, por encubrimiento, siendo el único que está en libertad.
La carátula es un dato positivo ya que podría llevar a condenas más duras de las que habitualmente utiliza el poder judicial bonaerense, ya que suele caratular estos hechos con figuras más leves.
Recordemos que en febrero de 2005, Christian fue detenido arbitrariamente por personal de la Comisaría 1° de Berisso, acusado de ocasionar disturbios en la vía pública por encontrarse en estado de ebriedad. Pocas horas después, Christian apareció muerto, colgado de su cinto en la puerta del calabozo de contraventores. Inmediatamente la policía dijo que había sido un suicidio.
El fiscal de turno, Leandro Heredia, decidió no presentarse en el lugar y delegar la investigación a los mismos policías acusados. Además, la primera autopsia al cuerpo de Christian estuvo a cargo de la perito médico policial, Dra. Lotito, quien se encargó de ocultar pruebas fundamentales que daban cuenta de que Christian Domínguez había sido primero estrangulado y luego su cuerpo colgado y suspendido. De hecho, la segunda autopsia, realizada por peritos judiciales y el Dr. Miguel Ángel Maldonado (perito de parte de la Asociación Miguel Bru), determinó que el joven fue estrangulado y falleció ‘a causa de un síndrome asfíctico compatible con la acción de terceros’, descartándose así la hipótesis policial del suicidio.
Durante las primeras audiencias, el padre de Christian, Pedro, afirmó que en estos siete años recibió presiones de los más altos jefes policiales para que no siga investigando. Acusó así al entonces comisario Sergio Chaile, a la ex jefa distrital de Berisso, Adriana Bustich, y al  ex jefe departamental Juan Carlos Paggi (luego jefe de la bonaerense), quienes lo visitaron en su propia casa para convencerlo de que su hijo se había suicidado.
También declararon cuatro policías que compartían trabajo con los imputados, quienes finalmente terminaron admitiendo errores en el procedimiento, contradiciéndose con declaraciones anteriores, y admitiendo las responsabilidades sobre los acusados. Uno de los efectivos declaró que al enterarse del “suicidio” de Christian le resultó extraño ya que a los detenidos se les quita el cinturón y los cordones antes de ingresarlos a sus celdas.
¿Podrá la justicia por una vez marcar diferencia y condenar a los verdaderos responsables, aunque sean policías?
Fuentes: Correpi / Anred / Comisión Provincial por la Memoria / Revista Superficie.