Las distintas marchas y actividades que se realizan en todo el país por el 36 aniversario del último golpe de Estado tienen varias consignas en común, que permiten hacer un recorrido sobre cómo es la actual situación de los derechos humanos.
(Red Eco) Argentina – El Encuentro Memoria Verdad y Justicia marchará el sábado 24 de marzo, a partir de las 15.30, desde el Congreso a Plaza de Mayo. Lo hará para exigir cárcel ya a todos los genocidas, la inmediata apertura de todos los archivos de la dictadura, y para reclamarle al gobierno: basta de ajuste, saqueo, espionaje y represión, y derogación de la ley “antiterrorista”. En tanto, a las 18 hs, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Herman@s de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia, H.I.J.O.S. Regional Capital, y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora se movilizarán desde la Avenida 9 de Julio y Alsina hasta la Plaza. Este año sus consignas serán: Los grupos económicos también fueron la dictadura, juicio y castigo ya; 30.000 compañeros detenido desaparecidos presentes; aparición con vida de Jorge Julio López; restitución de los 400 jóvenes apropiados; soberanía de Malvinas; basta de trata de personas.
Habrá también movilizaciones en prácticamente todas las provincias del país, además de radios abiertas, vigilias, festivales, y charlas. El reclamo por la aparición con vida de Jorge Julio López se repite en las convocatorias. Esta semana se cumplieron cinco años y medio de su segunda desaparición forzada, y Justicia Ya La Plata emitió un comunicado en donde denuncian que “la causa judicial es una muestra clara de la falta de voluntad política de esclarecer la desaparición de López, una prueba descarnada de las maniobras de impunidad y de encubrimiento de las que son capaces jueces y fiscales subordinados al poder político o a las fuerzas represivas”. Allí acusan al Procurador General de la Nación, Esteban Righi, de no instruir a los fiscales para investigar a la Policía Bonaerense, la principal sospechosa; a los fiscales Marcelo Martini, Sergio Franco y Marcelo Molina por desviar las líneas de investigación hacia un punto muerto; a los jueces Arnaldo Corazza y Manuel Blanco por dejar caer la causa; y a la Corte Suprema de la Nación por inacción.
“A 66 meses de su secuestro y desaparición no existen imputados, ni líneas firmes de investigación. El Estado ha avalado el ocultamiento de información, la frustración de pruebas, el abandono de líneas de investigación, ya que ninguno de los funcionarios responsables de estas graves irregularidades ha recibido sanción alguna de parte del gobierno nacional o provincial. Ha sido y es, precisamente, la persistente impunidad del secuestro y desaparición de Julio la que fomenta que las amenazas a los testigos, los abogados y a los militantes vinculados a los juicios a los genocidas continúen y se agraven, transformándose en agresiones, secuestros y asesinatos”, manifestaron.
Otro de los reclamos comunes es la unificación y agilización de las causas por delitos de lesa humanidad. En este sentido, Justicia Ya La Plata presentará mañana, viernes 23 de marzo, a las 10, una queja ante la Cámara Federal de La Plata por retardo de justicia en causas que se investigan en el Juzgado Federal Nº3, a cargo del Dr. Arnaldo Corazza. Rodearán el Edificio de Tribunales (Calle 8 y 50) con carteles y pancartas.
Justicia Ya La Plata ha presentado ante este juzgado varios pedidos de indagatoria de alrededor 200 represores que actuaron en el Pozo de Banfield por delitos cometidos contra más de 300 víctimas. Hasta el momento, el Juez Corazza ordenó sólo la detención de 7 genocidas, de los cuales 5 ya tenían prisión preventiva domiciliaria en otras causas por delitos de lesa humanidad, por lo que solo se ordenaron dos detenciones nuevas, "sin imputar ni homicidios ni los casos de nacimientos en cautiverio, excluyendo además un gran número de víctimas”.
En el caso del Pozo de Quilmes, Justicia Ya ha presentado un exhaustivo listado de víctimas desde el inicio de la causa, pero a la fecha solo se encuentran procesados 5 imputados, uno solo con responsabilidad directa sobre el Centro Clandestino.
Por su parte, HIJOS La Plata realizó un informe sobre los procesos contra genocidas, elaborado en base a datos de investigaciones de los organismos de Derechos Humanos, como así también del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial.
Desde la anulación de las leyes de impunidad, el Estado argentino sólo efectivizó 63 juicios orales con sentencia en todo el país, en los que estuvieron procesados 298 imputados (algunos en varias causas). Hubo 274 condenas y 23 absoluciones, por un total de 1337 víctimas. Sólo el 45% de los represores fue condenado a prisión o reclusión perpetua; un 17% recibió 25 años de prisión, y un 38% menos de 25 años.
Respecto a lo sucedido específicamente en 2011, el informe de HIJOS La Plata señala que, salvo en la Causa ESMA, en la mayoría de los procesos se juzgó a menos de 10 represores por causa, a pesar de que se juzgaron delitos cometidos en centros represivos importantes como “Orletti”, “Vesubio”, o las causas “Urondo”, la masacre de “Margarita Belén” y la segunda versión de la causa “Las Palomitas”. Además, en 2011 solo hubo 4 procesos por supresión de identidad y apropiación de hijos de desaparecidos.
También hicieron referencia a los genocidas imputados en distintas causas que murieron impunes. Solo por mencionar algunos de los casos que enumeran en el informe: Cristino Nicolaides (jefe del Ejército), Rubén Visuara (agente de la SIDE y primer jefe del centro clandestino de detención “Automotores Orletti”), Pedro Alberto Duran Sáenz (jerarca del CCD “El Vesubio”), Julián Corres (actuó en el CCD “La Escuelita” de Bahía Blanca y esquivó durante años a la justicia, fue beneficiado por las leyes de perdón, procesado prófugo, fugado, y apartado de causas por cuestiones de salud, para finalmente morir antes de recibir condena). Otro caso fue el de Antonio Domingo Bussi (coordinador de la represión como interventor militar de Tucumán y en todo el noroeste como jerarca de la estructura del Comando del 3er Cuerpo del Ejército), que fue condenado a perpetua sólo en la Causa Brandalisis en Córdoba en septiembre de 2009, y luego apartado de varias causas por cuestiones de salud. Murió impune y con varios procesos pendientes mientras cumplía condena domiciliaria en un country tucumano.
Desde el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) de Mendoza afirmaron que en esa provincia la justicia formó parte de la pata civil del golpe, a través de funcionarios judiciales cómplices durante aquellos años y que hoy continúan siendo jueces y fiscales. En este sentido, el MEDH mencionó el caso del ex subsecretario de Justicia del gobierno de Celso Jaque (flamante embajador argentino en Colombia), Carlos Rico, que fue procesado por delitos de lesa humanidad, y quedó comprometido como miembro de una asociación ilícita que integraba junto a otros represores de la región de Cuyo, como el ex jefe del tercer cuerpo de Ejercito Luciano Benjamín Menéndez. En un principio, el juez Manuel Rodríguez no quiso imputar a Rico, pero la Cámara de Apelaciones le ordenó que lo hiciera. El magistrado no quiso aceptar un pedido del fiscal de imputación por homicidio y lo procesó como miembro, y no como jefe, de una asociación ilícita, que es un delito más leve, que le permite seguir en libertad.

Derechos Humanos de ayer y hoy
Uno de los puntos en común en las distintas convocatorias por el 36 aniversario del golpe de Estado es el rechazo a la Ley Antiterrorista, al Proyecto X o cualquier intento de espionaje a luchadores sociales, el reclamo común es que se deje de perseguir y criminalizar las protestas sociales.
En este sentido, distintos organismos de derechos humanos, nucleados en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, presentarán mañana, viernes 23 de marzo, a las 12, un informe sobre la criminalización de la protesta y la represión durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. En una conferencia de prensa, convocada en la sede de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (Carlos Calvo 1780, timbre 26, Cdad. de Bs. As.), proporcionarán datos estadísticos de los más de 4000 criminalizados por luchar, se describirá la progresión de esta metodología represiva entre los años 2001 y 2012, y se brindará información sobre los conflictos y reclamos judicializados. También se presentará un informe con los nombres de los más de 70 asesinados por luchar y organizarse en el mismo período.

Una burla
Organismos de derechos humanos de Santiago del Estero denunciaron que a pocos días de iniciarse el segundo juicio de lesa humanidad en la provincia y de cumplirse 36 años del golpe de Estado; Mario Benjamín Menéndez realizará una ponencia, “A 30 años de la guerra de Malvinas”, en el marco de una actividad organizada por la Fundación Cultural de Santiago del Estero y la compañía de seguros Hamburgo, en el Salón Azul del Hotel Carlos V. Estas entidades que pertenecen al grupo económico de la familia Ick, principal aliado del gobierno provincial.
“¿Por qué a días de un hecho histórico para los Derechos Humanos en la provincia de Santiago del Estero la Fundación Cultural trae a un Genocida?”, se preguntan los organismos, al mismo tiempo que reclaman que la Fundación Cultural se retracte con las disculpas correspondientes a las víctimas y familiares de los ex combatientes y de los desaparecidos de la última dictadura cívico militar y se apure en suspender de manera inmediata la disertación del Genocida; prevista para el lunes 26 de marzo, en compañía del periodista Juan Bautista Yofré. Hasta el momento la charla sigue en pie.

Fuentes: Justicia Ya La Plata / HIJOS La Plata / AEDD / El Coyuyo / Farco