El martes 22 de febrero, una delegación de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre fue recibida por la Comisión Interpoderes, creada por la Corte Suprema de Justicia. Allí, el organismo presentó su balance sobre la marcha de los juicios contra los Terroristas de Estado.
(Red Eco) Ciudad de Buenos Aires – La Liga fue convocada luego del envío de una carta al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, donde afirmaban que hay actualmente en el país un proceso de avance de tres niveles de impunidad: la impunidad biológica, que permite que los represores mueran sin condena por las demoras de los juicios; la impunidad del Poder, que es la que sigue protegiendo al Poder Económico; y la impunidad de los condenados, que es la que está enviado a sus casas a los represores condenados a perpetua en cárcel común, como es el caso del ex jefe del Comando de Institutos Militares Santiago Omar Riveros, responsable del asesinato de Floreal Avellaneda.
“Así no hay justicia plena ni verdadera; por el camino que transita el Poder Judicial no sólo que no lograremos el objetivo de juzgar a todos los represores y esclarecer la situación de todos los compañeros, sino que quedará fuera del objeto procesal, del banquillo de los acusados y de la condena judicial el grupo social, con centralidad en el Poder Económico, que inspiró, organizó, financió, legitimó y se benefició del Genocidio lo que hace imprescindible y urgente la intervención de la Corte Suprema para reordenar el proceso judicial y asegurar que se cumplan los objetivos construidos en los largos años de lucha contra la impunidad y asumidos como propios por la propia Corte Suprema.
Los juicios tienen un problema de base: el proceso de instrucción no ha sido obra planificada del poder judicial sino el fruto del trabajo de los organismos de derechos humanos durante la dictadura y los primeros años del proceso post dictatorial, con el agravante que los organismos no organizaron su información para ser utilizada en juicios sino para averiguar el paradero de los compañeros desaparecidos.
Además, durante años el Poder Judicial encaró la investigación ignorando el objeto procesal -plan de exterminio que produjo un Genocidio inducido por el Poder Económico y el gobierno de los EE.UU.- y haciendo de cuenta que se trataba de una colección enorme de crímenes individuales.
Todavía hoy se realizan juicios orales donde se investiga la suerte de un compañero y se juzga a un genocida (juicio oral por la desaparición de Alicia López contra Mario Facino en la ciudad de Santa Fe 2010, donde la Ladh fue querellante igual que en el último juicio celebrado en la Mega Causa Campo de Mayo en el que se juzgó al Comisario de Tigre, Demetrio Luna, por los casos de Fatece y Darganz…un mini juicio de ocho audiencias por un represor y dos víctimas mientras se acumulan miles de casos de uno de los Centros Clandestinos más grandes del país) de modo tal que se hace casi imposible entender el carácter político del plan de exterminio y la trama de relaciones que sostenían la mano del homicida.
La obstinación en negarse a discutir seriamente y sin prejuicios la cuestión del genocidio, evidencian razones que exceden lo jurídico; como en el caso del Juez de Jujuy que ha impedido hasta ahora la realización de todo juicio oral y que se niega a indagar al empresario Blaquier, titular del grupo económico Ledesma; son razones ideológicas culturales la que preservan la impunidad de los poderosos”, habían señalado desde la Liga en la carta enviada a la Corte.
Allí también manifestaban su preocupación por la reiteración de condenas para un mismo grupo de represores, casi todos ellos Jefes y cabeza de la cadena de mandos, mientras se alargan las prisiones preventivas para decenas de represores que al no llegar a la instancia del juicio, reclaman su libertad.
La Liga a su vez se preguntaba por qué en la Ciudad de Buenos Aires no se habilitaban otras salas que las que funcionan en el edificio de Comodoro Py, ya que actualmente los juicios se realizan por “turnos” apelando a una grilla de horarios que combinan dos o más juicios en una misma sala.
Pedían además que se revise la disposición que limita la televisación directa de los testimonios de los compañeros y desplegar una enérgica política de difusión de los juicios.
Como representantes de la Liga estuvieron Graciela Rosenblum, Liliana Mazea, José Schulman, Olivier Reboursin y Pedro Dinani. Tras diferentes intervenciones de los participantes de la reunión, la Comisión se comprometió a examinar los argumentos y a considerar las propuestas. Adelantaron que se constituirían mesas de trabajo para evaluar las distintas iniciativas, aunque manifestaron su acuerdo en general, con la visión presentada.
El tiempo dirá si se trata sólo de una nueva promesa para salir del paso o si realmente llevarán adelante algún cambio que agilice el juzgamiento y condena de los genocidas que cometieron delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar.
