Cuatro internos debieron ser trasladados al hospital para su atención, entre ellos Fabio Bonefoi (hermano de Diego, asesinado por la policía). Se sospecha que el sub jefe del penal, de apellido Almendra, “argumentó” una pelea interna para reprimir ferozmente a los detenidos. Cuando integrantes de la Pastoral Penitenciaria y de organismos de Derechos Humanos ingresaron al penal, constataron que no había signos de peleas internas ni de colchones quemados: Sí pudieron ver a nueve presos con importante signos de haber sido puestos boca abajo y golpeados en la espalda.
El sub jefe a cargo manifestó que tenían a un preso de apellido Painefil encerrado en el “buzón” y que no se lo podía ver porque estaba sumamente agresivo, ante la insistencia del sacerdote Carlos Morena, Almendra accedió diciendo que tuviera mucho cuidado por la agresividad del recluso, pero el sacerdote pudo constatar en realidad que Painefil se encontraba sin luz, tirado con las esposa puestas, y molido a palos, además de presentar signos de estar dopado.
Al comenzar la represión, se había logrado avisar a la Pastoral Penitenciaria que rápidamente se hizo presente, pero las autoridades del penal se negaron terminantemente a autorizar el ingreso del sacerdote Morena. Rubén Marigo, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, aseguró que la forma de actuar de Almendra es ilegal desde todo punto de vista ya que se debe dejar pasar a los organismos de Derechos Humanos solo con la orden del juez, y en este caso se buscó obstaculizar y ganar tiempo, evidentemente para que no se pudiera ver lo que estaban haciendo adentro.
Marigo denunció la negativa de los responsables del penal para el ingreso y subrayó que el juez Calcagno llegó después "porque no le avisaron". Al ingresar pudieron conversar con los internos que negaron la versión oficial de una riña con quema de colchones, acto seguido se recorrieron las celdas y realizaron fotografías. Seguidamente llegaron el médico forense y el fiscal que a su vez pudieron constatar las lesiones de los internos que se denunciarán a las autoridades provinciales la próxima semana.
"Esperamos que pronto se ponga en marcha el comité contra la tortura. Esto tiene que ver con el funcionamiento de la alcaldía que venimos denunciando hace años. Le hemos presentado un informe a las autoridades actuales y tenemos esperanza que la nueva gestión pueda cambiar esta situación", aseguró Marigo

Fuente: El Mensajero Digital